La situación de los jubilados afiliados al PAMI volvió a quedar expuesta por la acumulación de reclamos vinculados con medicamentos, tratamientos y prestaciones médicas. A quince meses de una orden judicial que dispuso restituir el programa Vivir Mejor, que garantizaba la cobertura automática del 100 por ciento de determinados medicamentos, los abogados que llevan adelante la causa aseguran que la resolución todavía no fue cumplida. Mientras tanto, un funcionario del organismo fue imputado y citado a declarar por una investigación que analiza un presunto incumplimiento de la decisión judicial, en un escenario que resulta especialmente grave para una población que, por edad y condiciones económicas, necesita de manera permanente el acceso a la atención sanitaria.

Uno de los testimonios que mejor refleja la dimensión del problema fue presentado ante la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados por Sebastián Baltanaz, Defensor del Pueblo de Villa La Angostura. El funcionario relató el caso de un jubilado diagnosticado con cáncer de pulmón que tuvo dificultades para acceder al tratamiento indicado por su médico y debió recurrir a distintas instancias institucionales para conseguirlo. “Para que un jubilado recibiera el tratamiento oncológico que le dictó su médico hicieron falta dos defensorías del pueblo, un defensor público federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado”, expresó. Y advirtió: “Por cada caso que llega a la Defensoría hay decenas que no van a llegar, y en algunos diagnósticos el tiempo no se recupera”. El planteo deja al descubierto una situación difícil de justificar: personas que necesitan medicamentos para tratar enfermedades graves deben atravesar un laberinto administrativo y judicial para obtener prestaciones que deberían estar garantizadas.

El conflicto se originó con los cambios en el esquema de cobertura de medicamentos de PAMI. En mayo de 2025, la Justicia ordenó restituir en Córdoba el programa Vivir Mejor, que garantizaba la cobertura automática del 100 por ciento de determinados medicamentos para los jubilados alcanzados por el beneficio. En octubre de ese mismo año, la resolución fue extendida a todo el país. Sin embargo, los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, que llevan adelante la causa impulsada, entre otras organizaciones, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sostienen que la restitución nunca se concretó. Las apelaciones y presentaciones posteriores prolongaron el conflicto mientras los jubilados continúan enfrentando dificultades para acceder a sus tratamientos.

El caso derivó además en una denuncia penal contra el exdirector de PAMI en Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, y el director nacional del organismo, Esteban Leguizamo. Este último fue imputado y citado a declarar en una causa en la que se investigan presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la denuncia, ambos son investigados como supuestos responsables “en calidad de autores, cómplices o instigadores” de esos delitos. La declaración de Leguizamo fue fijada para el 5 de mayo de este año, luego de varias suspensiones, según explicó Carlos Vicente. Desde PAMI desmintieron las versiones sobre una eventual renuncia del funcionario, aunque no brindaron precisiones sobre si el organismo está cumpliendo con la orden judicial ni sobre la situación procesal de su director nacional.

La gravedad del cuadro se entiende todavía mejor al observar el impacto económico que tiene la compra de medicamentos para una persona jubilada. Según datos oficiales citados durante la reunión parlamentaria, 2,2 millones de afiliados de PAMI quedaron fuera de la cobertura del 100 por ciento que alcanzaba a determinados medicamentos y, de ese universo, alrededor de 1,6 millones consumían regularmente esos remedios. A esto se suma el fuerte aumento registrado en numerosos productos. Federico de Marziani, director del Centro de Estudios Políticos para las Personas Mayores, señaló que algunos de los medicamentos más utilizados por los jubilados, especialmente los vinculados con la circulación, aumentaron hasta un 900 por ciento desde el inicio de la actual gestión, al pasar de 11.500 pesos a 115.000 pesos. En el caso de algunos antibióticos, el incremento llegó al 636 por ciento, de 4.478 pesos a unos 33.000 pesos.

El problema es que esos precios deben ser afrontados con ingresos previsionales que no acompañan semejante incremento. La última canasta básica elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires había estimado que en marzo una persona jubilada necesitaba al menos 500.000 pesos mensuales para cubrir sus gastos en medicamentos, una cifra superior a la jubilación mínima que, en agosto y con el bono incluido, alcanza los 489.000 pesos. El resultado es una ecuación cada vez más difícil de sostener: para muchos adultos mayores, comprar los medicamentos necesarios implica resignar otros gastos esenciales, mientras quienes no pueden afrontar los precios quedan expuestos a interrumpir o demorar tratamientos.

La crisis tampoco se limita al acceso a los medicamentos. Los prestadores privados también denuncian un fuerte deterioro de los valores que reciben de PAMI y advierten que esa situación ya está afectando la atención. Andrés Sabalette, representante de un grupo de clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, aseguró ante la Cámara de Diputados que la atención de unos 300.000 jubilados está en riesgo. “Hay un gran atraso en los precios que abona la obra social a los prestadores. Si tomamos como referencia la inflación, es del 80% en estos dos años y medio”, afirmó. Según explicó, las prestaciones ya no alcanzan para cubrir los costos y algunas instituciones tuvieron que suspender servicios como internaciones y cirugías. “Hoy tenemos una seria limitación de los servicios. Una parte importante están siendo canalizados al sector público que se encuentra saturado, además de no tener la complejidad que tienen en otros lugares”, advirtió.

La situación también amenaza a las propias clínicas y sanatorios, ya que en muchos establecimientos alrededor del 40 por ciento de la actividad corresponde a pacientes de PAMI. Una reducción de las prestaciones, por lo tanto, no solamente afecta a los jubilados que necesitan atención, sino que también compromete la continuidad económica de instituciones que dependen en buena medida de esos ingresos. El problema termina trasladándose de un sector a otro y aumenta la presión sobre un sistema público de salud que ya enfrenta sus propias dificultades.

En paralelo, los datos presupuestarios aportan otro elemento al debate. Según la información oficial de transparencia citada en el informe, PAMI dispone para prestaciones farmacéuticas de un presupuesto de alrededor de 2,2 billones de pesos, unos 318.000 millones menos que el monto vigente durante 2025, que alcanzaba aproximadamente los 2,5 billones. En ese contexto, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuestionaron con dureza la situación y señalaron que el incumplimiento de una resolución judicial vinculada con la salud de los jubilados representa una grave afectación institucional. “Evidentemente estamos ante una situación de enorme gravedad en lo institucional porque los funcionarios nombrados por el gobierno nacional se niegan a cumplir y respetar las resoluciones judiciales en una actitud de clara ilegalidad y, en lo fundamental, evidencian un absoluto desprecio por la salud de jubilados y pensionados”, expresaron desde la organización.

Los reclamos también son sostenidos por organizaciones de jubilados que padecen las consecuencias de estas decisiones en primera persona. Ana Valverde, integrante de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, relató que una compañera que participaba de las movilizaciones de los miércoles enfermó de cáncer y que otros jubilados debieron organizarse para ayudarla económicamente ante las dificultades para acceder al tratamiento. “Ella murió el año pasado”, contó Valverde, quien resumió el sentimiento de quienes llevan adelante los reclamos con una frase contundente: “Nosotros tenemos unos pocos años más para vivir, pero no queremos vivirlos con recursos de amparo”.

El problema de fondo es que el acceso a la salud no debería depender de la capacidad de un jubilado para iniciar una demanda, conseguir asesoramiento jurídico o encontrar una organización que lo ayude a reclamar. Mucho menos cuando existe una resolución judicial que ordenó restituir una cobertura y, quince meses después, persisten las denuncias sobre su incumplimiento. Mientras funcionarios y organismos discuten presupuestos, procedimientos y apelaciones, los jubilados enfrentan una realidad mucho más concreta: medicamentos que no pueden pagar, tratamientos que se demoran y prestaciones médicas que comienzan a restringirse. Para quienes dedicaron décadas de trabajo a sostener el sistema previsional, que llegar a la vejez implique tener que pelear ante la Justicia por un medicamento no es solamente una dificultad administrativa: es una situación que pone en cuestión el derecho básico a una vejez digna.