El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este jueves que la inflación de julio fue de 2,1 por ciento, un registro que interrumpió la tendencia de desaceleración que se había observado durante los tres meses anteriores y que vuelve a poner bajo presión al programa económico del Gobierno de Javier Milei.

Con el resultado de julio, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una variación de 33,8 por ciento en los últimos doce meses. Aunque el Gobierno destaca la reducción de la inflación respecto de los niveles registrados durante la primera etapa de su gestión, el nuevo dato muestra que los precios continúan aumentando y que la estabilización todavía no se traduce en una mejora significativa para amplios sectores de la población.

El dato adquiere especial relevancia porque se produce en un escenario marcado por el ajuste del gasto público, la reducción de subsidios, los aumentos de tarifas y transporte y las dificultades que atraviesan los ingresos de trabajadores y jubilados para acompañar el costo de vida.

La división que registró el mayor incremento durante julio fue Recreación y Cultura, con una suba de 5 por ciento, seguida por Restaurantes y Hoteles, que aumentó 2,8 por ciento.

En tanto, Bebidas Alcohólicas y Tabaco tuvo un incremento de 1,5 por ciento, mientras que Prendas de Vestir y Calzado fue el único de los rubros mencionados que presentó una variación negativa, con una caída de 1,5 por ciento.

Sin embargo, más allá del porcentaje general de inflación, uno de los datos que permite observar con mayor claridad el impacto de la situación económica sobre las familias es el correspondiente a las canastas básicas.

Según informó el organismo estadístico, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 durante julio para no quedar por debajo de la línea de pobreza. La Canasta Básica Total aumentó 2,2 por ciento respecto de junio y acumuló una suba de 36,1 por ciento en comparación con julio de 2025.

El dato vuelve a exponer una de las principales dificultades de la economía argentina: aunque la inflación mensual sea considerablemente menor a la registrada durante los momentos de mayor aceleración, los precios no retroceden y el costo de sostener una familia continúa creciendo.

La desaceleración, por lo tanto, no significa que los productos y servicios sean más baratos. Significa que aumentan a un ritmo menor, pero sobre valores que ya registraron fuertes incrementos. Para los hogares que tienen ingresos ajustados, esa diferencia resulta determinante a la hora de comprar alimentos, pagar servicios, afrontar alquileres o sostener gastos de transporte y educación.

A esto se suma el comportamiento de los salarios y del nivel de actividad económica. La menor inflación convive con un escenario de consumo debilitado y con sectores que todavía enfrentan dificultades para recuperar el nivel de ventas y producción previo al fuerte ajuste implementado por la administración nacional.

Las proyecciones del mercado tampoco anticipan una caída abrupta de la inflación en los próximos meses. El Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central había estimado para julio una inflación cercana al 2 por ciento y proyectaba un registro de 1,8 por ciento para agosto.

Las previsiones fueron modificándose durante las últimas semanas y comenzaron a ubicarse por encima de las estimaciones iniciales. Entre los factores que generan preocupación aparecen los aumentos de combustibles y transporte, la reducción de subsidios y la evolución del tipo de cambio.

El comportamiento del dólar será además uno de los elementos a seguir durante los próximos meses. Una eventual presión sobre la cotización podría trasladarse nuevamente a los precios, particularmente en productos con componentes importados o vinculados directa o indirectamente con el mercado cambiario.

El escenario representa un desafío para el Gobierno, que convirtió la reducción de la inflación en uno de los principales ejes de su gestión. Si bien el índice se encuentra muy por debajo de los niveles registrados durante la crisis inflacionaria de finales de 2023 y comienzos de 2024, el 2,1 por ciento de julio demuestra que la batalla contra el aumento del costo de vida todavía está lejos de haber terminado.

Mientras tanto, el dato de la Canasta Básica Total ofrece una dimensión concreta del problema: una familia tipo necesitó más de 1,56 millones de pesos en un solo mes para no ser considerada pobre.

En ese contexto, la discusión económica ya no pasa solamente por determinar si la inflación baja o sube unas décimas. También queda planteado cuánto tiempo deberán continuar ajustando sus gastos las familias para sostener su nivel de vida y cuándo la estabilización que reivindica el Gobierno podrá comenzar a reflejarse efectivamente en los ingresos y en el consumo cotidiano.