El empleo registrado volvió a retroceder en mayo y acumuló tres meses consecutivos de caída, mientras el trabajo asalariado privado atraviesa ya un año de contracción. El deterioro de los indicadores laborales comienza a reflejarse con mayor intensidad en las empresas industriales, con despidos, suspensiones, cierres de plantas y reducción de estructuras en distintos puntos del país.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino procesados por la Secretaría de Trabajo, en mayo se contabilizaron 12.785.600 trabajadores registrados, frente a los 12.797.600 de abril. En mayo de 2025, en tanto, el universo alcanzaba los 12.861.000 trabajadores. La comparación refleja una pérdida de alrededor de 110.000 puestos en un año.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la pérdida acumulada alcanza aproximadamente 411.600 puestos de trabajo registrados. Al mismo tiempo, más de 30.000 empresas dejaron de operar, según un informe de Fundar. El Centro de Economía Política Argentina estimó que el ritmo equivale a un promedio de 33,5 empresas cerradas por día.

En mayo, el empleo asalariado privado se redujo 0,1 por ciento respecto de abril, lo que representa una pérdida cercana a 9.000 puestos en un solo mes. Si bien la caída fue inferior a la registrada en marzo, cuando alcanzó 0,2 por ciento, y en abril, cuando llegó a 0,3 por ciento, el dato confirma que todavía no aparece una recuperación sostenida.

Según las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, desde noviembre de 2023 se eliminaron alrededor de 450 puestos de trabajo por día. El retroceso se concentra especialmente en el empleo asalariado privado, mientras otras modalidades laborales muestran incrementos que no alcanzan para compensar las pérdidas.

Entre los datos que el Gobierno nacional presenta como una señal favorable aparece el crecimiento del monotributo. Durante mayo se incorporaron alrededor de 2.700 trabajadores bajo esa modalidad, un aumento mensual de 0,1 por ciento. En los últimos 12 meses, el incremento superó los 42.000 registros.

También creció 0,3 por ciento el empleo en casas particulares, con unos 1.400 nuevos registros durante mayo. Sin embargo, el Centro de Economía Política Argentina señaló que, desde el inicio del período analizado, el sector acumula una pérdida de 30.133 puestos, equivalente a más de 33 empleos menos por día.

El contraste muestra que una parte de los trabajadores que logra incorporarse al mercado laboral lo hace mediante modalidades diferentes del empleo asalariado privado. Mientras las relaciones de dependencia retroceden, crecen actividades que funcionan como alternativas frente a la falta de oportunidades en el mercado formal.

Los primeros indicadores correspondientes a junio tampoco permiten observar un cambio de tendencia. La Encuesta de Indicadores Laborales, que releva empresas de los principales centros urbanos, volvió a mostrar una disminución del empleo asalariado formal y mantiene abierto el interrogante sobre la capacidad de la economía para generar nuevos puestos.

El deterioro de los indicadores también tiene su correlato en el sector industrial. En las últimas semanas se multiplicaron los conflictos laborales en empresas de diferentes rubros, con despidos, cierres de establecimientos y reducción de personal. Entre los casos más recientes aparecen Granja Tres Arroyos, Mirgor, Unilever, Will Der y Metalfor.

En Granja Tres Arroyos, la planta ubicada en Concepción del Uruguay dejó de producir en mayo y posteriormente fueron despedidos 255 trabajadores sobre una dotación cercana a 700 empleados. La compañía explicó la decisión por una combinación de menores exportaciones, sobreoferta en el mercado interno y aumento de costos.

Los sindicatos cuestionaron la decisión y rechazaron que los trabajadores sean utilizados como variable de ajuste. Además, denunciaron atrasos en el pago de salarios en medio de un conflicto que afecta a una de las principales plantas avícolas de la región.

Otro conflicto se registró en Tierra del Fuego, donde Mirgor comunicó la desvinculación de 300 trabajadores de su planta de Río Grande. La empresa vinculó la medida con las acciones gremiales impulsadas por la Unión Obrera Metalúrgica y sostuvo que no respondía a una caída de la actividad.

Ante la situación, el Gobierno de Tierra del Fuego dictó una conciliación obligatoria durante 15 días, suspendió las desvinculaciones y abrió una instancia de negociación entre las partes con el objetivo de intentar preservar los puestos de trabajo.

En Mendoza, Unilever decidió cerrar su histórica planta de Corralitos, en Guaymallén, después de 62 años de actividad. El establecimiento producía vegetales deshidratados utilizados en productos de la marca Knorr y el cierre implicó la pérdida de 60 puestos laborales.

La compañía continuará comercializando sus productos en Argentina, aunque parte de la producción que anteriormente se realizaba en el país será reemplazada por productos importados. La decisión expone uno de los efectos de la mayor competencia externa sobre determinadas ramas de la industria local.

La industria textil atraviesa una situación similar. Will Der cerró sus plantas de General Pacheco y Las Flores y dejó sin trabajo a unos 120 empleados. La empresa fabricaba indumentaria deportiva para marcas internacionales y había comenzado a reducir su dotación desde 2023.

El sector textil trabaja actualmente con menos del 45 por ciento de utilización de su capacidad instalada, de acuerdo con los datos consignados en el informe. La combinación de menor demanda interna, aumento de las importaciones y dificultades para sostener los costos productivos profundizó la crisis de numerosas empresas.

Durante una comunicación con trabajadores, uno de los empresarios vinculados con la compañía expresó: “Créanme, la política nos hundió”. Luego agregó: “Piensen la próxima vez que voten”.

La crisis industrial también alcanzó a Córdoba. Metalfor, perteneciente al grupo Bertotto Boglione, decidió abandonar la producción en su planta de Noetinger y comenzó a trasladar maquinaria hacia otros establecimientos.

La empresa también busca reducir aproximadamente 60 por ciento de la dotación de su fábrica de Marcos Juárez. La propuesta contempla la desvinculación de 225 trabajadores sobre un total de 375 empleados.

Metalfor solicitó además un Procedimiento Preventivo de Crisis y reconoció un pasivo financiero superior a 52.000 millones de pesos con más de 20 entidades bancarias y crediticias. A esta situación se suman atrasos en el pago de salarios y un proceso de reducción de personal que generó un fuerte conflicto con los trabajadores.

El primer capítulo de la crisis se había producido semanas atrás, cuando fueron despedidos 35 trabajadores mientras se disputaba un partido de la Selección argentina en el Mundial, luego de que la propia compañía hubiera permitido que los empleados se retiraran antes para observar el encuentro.

Ahora, Metalfor propuso acuerdos de extinción del vínculo laboral que contemplan el pago de una parte de las indemnizaciones en efectivo y otra mediante maquinaria y herramientas. Según la propuesta denunciada por los trabajadores, solamente el 30 por ciento se abonaría en dinero y el resto se pagaría en 18 cuotas.

La sucesión de conflictos empresariales se desarrolla en un escenario en el que el empleo asalariado privado lleva 12 meses consecutivos de contracción, mientras la industria mantiene elevados niveles de capacidad ociosa y distintas compañías reducen estructuras, cierran establecimientos o reemplazan producción nacional por bienes importados.

La política económica del Gobierno de Javier Milei apuesta a una mayor apertura comercial y a la competencia externa como mecanismos para reorganizar el aparato productivo. El argumento oficial sostiene que ese proceso permitirá una economía más competitiva y eficiente.

Los datos laborales, sin embargo, muestran por ahora el costo de esa transformación: menos puestos registrados, una caída prolongada del empleo privado y una creciente cantidad de empresas que reducen personal o directamente abandonan actividades productivas.