El Gobierno nacional modificó el mecanismo utilizado para actualizar los salarios históricos que se toman en cuenta al momento de calcular el haber inicial de determinados trabajadores que accedan a una jubilación desde septiembre. La decisión, adoptada mediante la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no representa un aumento para los millones de jubilados que actualmente reciben sus haberes.

La medida alcanza a trabajadores en relación de dependencia que finalicen su actividad desde el 31 de agosto de 2026 y a quienes inicien su trámite previsional a partir del 1° de septiembre. En otras palabras, el cambio impactará sobre quienes ingresen al sistema previsional bajo las nuevas condiciones, mientras que los jubilados actuales continuarán cobrando bajo el esquema vigente.

La decisión vuelve a poner en el centro de la discusión la situación de los adultos mayores, en un contexto en el que el poder adquisitivo de las jubilaciones viene siendo uno de los principales puntos de cuestionamiento a la política económica del Gobierno de Javier Milei.

El cambio se concentra específicamente en la determinación del haber inicial. Para establecer cuánto cobrará una persona cuando se jubile no se toma solamente su último salario, sino que se consideran las remuneraciones sujetas a aportes correspondientes a distintos períodos de su vida laboral.

Como esos salarios fueron cobrados en momentos diferentes y bajo condiciones económicas distintas, deben ser actualizados para poder establecer un promedio comparable. Para esa tarea se utiliza un denominado “índice combinado”, cuyos coeficientes fueron modificados por la nueva disposición.

La norma establece los nuevos coeficientes que deberán aplicarse a las remuneraciones históricas de los trabajadores alcanzados. De esa actualización surgirá el promedio salarial que posteriormente tendrá incidencia en el cálculo del haber inicial, junto con los años de aportes y los demás componentes establecidos por el régimen previsional.

El punto central es que el Gobierno presenta una modificación técnica del procedimiento previsional que, aunque no implica por sí misma una reducción automática de las jubilaciones, puede tener consecuencias concretas sobre el ingreso con el que determinados trabajadores comenzarán su etapa jubilatoria.

La magnitud del impacto no será igual para todos. Dependerá de la trayectoria laboral, los salarios registrados durante los años considerados y los coeficientes que correspondan aplicar en cada caso. Por ese motivo, la modificación no permite afirmar que todos los nuevos jubilados cobrarán una determinada suma ni que tendrán necesariamente una mejora o una pérdida uniforme.

La disposición también exige distinguir este cambio de la movilidad jubilatoria. No se modificó mediante esta norma el mecanismo que determina los aumentos periódicos de las jubilaciones y pensiones que ya fueron otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Desde el Decreto 274/2024, la actualización de las prestaciones se encuentra vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Así, los haberes existentes continúan ajustándose de acuerdo con la inflación registrada, mientras que la nueva disposición opera sobre el cálculo inicial de quienes ingresen al sistema previsional.

La diferencia resulta particularmente importante en un escenario de fuerte deterioro de los ingresos de los adultos mayores. La actualización por inflación puede evitar que las jubilaciones queden completamente congeladas frente al aumento de los precios, pero no recupera automáticamente el poder adquisitivo perdido previamente.

En agosto, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones recibieron un incremento de 1,89 por ciento debido a la inflación de junio. El haber mínimo quedó establecido en alrededor de 419.775,93 pesos y, con el bono extraordinario de 70.000 pesos, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzó aproximadamente los 489.775,93 pesos.

La modificación anunciada ahora transita por un camino diferente. No define cuánto cobrará un jubilado que ya se encuentra dentro del sistema durante este mes, sino que establece los parámetros para actualizar los salarios históricos que serán considerados al momento de determinar el haber inicial de quienes accedan a una jubilación desde septiembre.

El Gobierno sostiene así una política previsional en la que los cambios técnicos en las fórmulas de cálculo adquieren especial relevancia, mientras los ingresos de los adultos mayores continúan sometidos a una dinámica de actualización atada a la inflación y a decisiones complementarias, como el otorgamiento de bonos extraordinarios.

Para los trabajadores próximos a jubilarse, el cambio tampoco es menor. Quienes cesen en su actividad desde el 31 de agosto o comiencen su trámite previsional desde el 1° de septiembre quedarán alcanzados por los nuevos coeficientes, de acuerdo con las condiciones establecidas en la disposición.

El problema es que una modificación presentada como una actualización administrativa puede terminar teniendo un efecto directo sobre el ingreso que una persona percibirá durante una etapa de su vida en la que ya no tendrá las mismas posibilidades de incrementar sus ingresos mediante el trabajo.

Por eso, más allá del lenguaje técnico de la disposición, el debate de fondo vuelve a ser cuánto dinero recibirán los trabajadores cuando se jubilen y qué capacidad tendrá ese ingreso para garantizar una vejez digna. La actualización de los salarios históricos constituye una pieza clave de esa ecuación y cualquier modificación de sus coeficientes puede repercutir sobre el punto de partida de miles de nuevos jubilados.

Mientras tanto, quienes ya están jubilados no recibirán un incremento como consecuencia de esta medida. Para ellos continuará vigente el esquema de movilidad establecido por el Gobierno, con aumentos mensuales vinculados a la inflación y bonos para los sectores que cumplen con las condiciones establecidas.

La decisión vuelve así a poner bajo la lupa la política previsional de la administración de Milei: mientras el Gobierno modifica los parámetros para calcular las nuevas jubilaciones, los actuales jubilados continúan enfrentando el desafío de sostener sus ingresos frente al costo de vida, con haberes que para una gran parte del sistema permanecen muy por debajo de las necesidades básicas de una familia.