La discusión sobre el supuesto “equilibrio fiscal” del Gobierno nacional sumó un capítulo particularmente grave: mientras las rutas nacionales se deterioran y aumentan los reclamos por la falta de mantenimiento, el propio Ejecutivo reconoció que parte de los recursos destinados al sistema vial son utilizados por el Ministerio de Economía para sostener las cuentas públicas.

La explicación oficial deja expuesta una contradicción difícil de ocultar. El Gobierno presenta el superávit fiscal como una de las principales conquistas de su gestión, pero al mismo tiempo admite que retiene recursos que tienen un destino específico. El resultado es una suerte de equilibrio contable que se construye trasladando el costo a la infraestructura, a las provincias, a los transportistas y, sobre todo, a quienes todos los días deben circular por rutas deterioradas.

El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que “una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”. La declaración confirmó una información que ya había generado cuestionamientos y denuncias: una porción de los recursos recaudados para el Sistema Vial Integrado no estaría llegando a las obras para las que fueron establecidos.

La magnitud del problema es considerable. Según los datos difundidos a partir de pedidos de acceso a la información, durante los últimos dos años y medio se habrían recaudado más de 1,5 billones de pesos mediante recursos vinculados al financiamiento vial, mientras una parte significativa permaneció sin ejecutar en infraestructura y habría sido colocada en instrumentos financieros.

Así, el Gobierno consigue mostrar una fotografía fiscal ordenada mientras las rutas exhiben otra realidad. El dinero existe, se recauda y permanece dentro del circuito financiero estatal, pero no necesariamente se transforma en asfalto, bacheo, señalización, banquinas transitables o mantenimiento.

Y mientras los números del Tesoro se presentan como una señal de fortaleza económica, las consecuencias de esa decisión aparecen sobre el territorio.

Un ejemplo concreto se encuentra en el sur de Santa Fe. La Justicia Federal ordenó al Estado nacional realizar la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López, luego de analizar el estado de deterioro de esas vías y los riesgos que representan para quienes las utilizan.

El fallo adquiere especial relevancia porque no se trata simplemente de una discusión política entre el Gobierno nacional y las provincias. La Justicia colocó sobre el Estado nacional la responsabilidad de garantizar la transitabilidad y seguridad de esas rutas.

La situación resulta todavía más difícil de explicar cuando se observa la importancia económica de esos corredores. Por esas rutas circula buena parte de la producción agroindustrial que tiene como destino los puertos del Gran Rosario. Durante los períodos de cosecha, miles de camiones utilizan diariamente esos caminos, lo que convierte su mantenimiento no solamente en una cuestión de infraestructura, sino también en un componente central de la actividad productiva.

La falta de mantenimiento tampoco se reduce a los pozos sobre la calzada. Los reclamos incluyen banquinas deterioradas, falta de corte de pastos, cartelería oculta, guardarraíles cubiertos por la vegetación y ausencia de obras estructurales. Es decir, una combinación de factores que puede convertir una ruta deteriorada en un riesgo concreto para quienes circulan.

En este contexto, la explicación del Gobierno sobre la necesidad de preservar el equilibrio fiscal resulta cada vez menos convincente para quienes padecen las consecuencias del abandono.

El problema no es únicamente cuánto dinero se gasta, sino qué se decide financiar y qué se decide postergar. Si los recursos recaudados mediante impuestos vinculados al combustible terminan utilizándose para mejorar el resultado fiscal en lugar de transformarse en infraestructura vial, el superávit deja de ser solamente una cuestión de austeridad y pasa a tener un costo concreto sobre la economía real.

Los trabajadores viales vienen denunciando precisamente esa situación. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina cuestionó que los fondos destinados a las rutas sean retenidos mientras la red nacional atraviesa una situación crítica. La organización también alertó sobre medidas que centralizan recursos y dificultan la capacidad operativa de los distritos provinciales de Vialidad.

El contraste es evidente: mientras desde el Ministerio de Economía se busca cada peso disponible para sostener el resultado fiscal, las rutas necesitan inversiones permanentes que no pueden postergarse indefinidamente. Un camino no se deteriora de un día para otro, pero cuando se interrumpe el mantenimiento preventivo, el costo de reparación aumenta y el riesgo para quienes circulan también.

La cuestión de fondo es todavía más profunda. El Gobierno construyó buena parte de su discurso económico alrededor de la idea de que el Estado no debe gastar más de lo que recauda. Sin embargo, una administración pública también debe decidir en qué utiliza los recursos que recauda y cumplir con las obligaciones que la legislación le asigna.

No alcanza con mostrar una planilla con resultado positivo si detrás de ese número se acumulan rutas destruidas, obras paralizadas, infraestructura deteriorada y reclamos judiciales.

El caso de Santa Fe funciona, en ese sentido, como una advertencia para todo el país. Si la Justicia debe ordenar al Estado nacional que repare rutas que llevan años deteriorándose mientras existen recursos recaudados específicamente para infraestructura vial, la discusión ya no pasa solamente por el tamaño del Estado o por el déficit fiscal.

Pasa por una pregunta mucho más sencilla: ¿dónde está el dinero que los argentinos pagan para tener rutas seguras? La propia admisión del Gobierno aporta parte de la respuesta. Una porción de esos recursos no está llegando a las rutas, sino que queda bajo la órbita de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.

De esta manera, el denominado “déficit cero” corre el riesgo de convertirse en un objetivo contable sostenido sobre un déficit mucho menos visible: el de rutas que no se reparan, obras que no se ejecutan y una infraestructura que continúa deteriorándose.

Porque un superávit construido mientras se posterga el mantenimiento de los caminos nacionales puede cerrar en una planilla de Excel. Lo que no cierra es la cuenta cuando el costo termina pagándose con accidentes, pérdidas económicas y vidas.