El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente bajo la lupa por el manejo de fondos públicos. Esta vez, la denuncia apunta a recursos que deberían estar destinados al mantenimiento y reparación de las rutas nacionales y que, según la presentación realizada por la diputada Marcela Pagano, habrían sido utilizados de manera discrecional para fortalecer acuerdos políticos con gobernadores y garantizar respaldo legislativo al oficialismo.

La acusación plantea un escenario particularmente grave: mientras el Gobierno sostiene que no hay dinero para sostener políticas públicas, mejorar jubilaciones, atender reclamos de sectores vulnerables o mantener adecuadamente la infraestructura nacional, existen fondos específicos que, según las denuncias, permanecieron paralizados o fueron liberados en momentos estratégicos vinculados con votaciones en el Congreso.

Pagano presentó una denuncia penal en la que analiza 38 fechas de votaciones ocurridas a lo largo de 29 meses y sostiene que los desembolsos del Sistema Vial Integrado aumentaron entre 350 y 400 por ciento alrededor de determinadas sesiones parlamentarias.

De acuerdo con su reconstrucción, el Ministerio de Economía habría transferido 68.042 millones de pesos a provincias durante períodos considerados sensibles desde el punto de vista legislativo. La coincidencia temporal es uno de los principales elementos que la diputada pide investigar.

La pregunta que queda planteada es difícil de esquivar: ¿por qué un fondo creado para financiar obras y mantenimiento vial libera cantidades extraordinarias de dinero precisamente cuando el Gobierno necesita votos para aprobar sus proyectos?

La denuncia sostiene que entre las provincias que recibieron importantes desembolsos aparecen Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz, Salta, Catamarca y Córdoba, varias de ellas con legisladores que en distintas oportunidades acompañaron las iniciativas del oficialismo o adoptaron posiciones que facilitaron su aprobación.

El planteo adquiere mayor gravedad por el origen de esos recursos. El Sistema Vial Integrado se financia con parte de lo recaudado mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo que pagan millones de argentinos cada vez que cargan combustible. Ese dinero tiene un destino específico vinculado con la infraestructura vial.

Mientras los automovilistas y transportistas continúan pagando ese impuesto, las rutas nacionales acumulan problemas de mantenimiento y las provincias reclaman obras que, en muchos casos, no reciben. La posibilidad de que esos recursos hayan sido administrados priorizando conveniencias políticas antes que necesidades viales es precisamente uno de los aspectos que ahora deberá determinar la Justicia.

El Gobierno de Milei hizo de la austeridad y el “déficit cero” una de sus principales banderas. Sin embargo, la utilización de fondos que deberían convertirse en rutas, reparaciones y obras de infraestructura vuelve a poner en discusión qué entiende la administración libertaria por eficiencia en el gasto público.

La denuncia de Pagano sostiene que en los primeros meses del Gobierno el fondo destinado a las obras viales permaneció prácticamente paralizado y que comenzó a registrar pagos antes de votaciones legislativas de particular importancia para el oficialismo.

Según el relevamiento presentado por la diputada, en torno a la votación de la reforma laboral se desembolsaron 17.139 millones de pesos; durante el debate por la Ley de Glaciares, 12.551 millones; y alrededor de las votaciones de la denominada ley Hojarasca y las zonas frías, otros 14.096 millones.

En esas tres votaciones, siempre de acuerdo con los datos denunciados, se concentraron 33.786 millones de pesos, equivalentes al 52,7 por ciento de todo lo pagado durante cinco meses del año.

La lista también incluye momentos decisivos de la agenda legislativa de 2024 y 2025. Para la Ley Bases se registraron desembolsos por 11.275 millones de pesos; en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 6.596 millones; y durante la discusión por Ficha Limpia, 7.895 millones.

También aparecen 20.983 millones de pesos vinculados temporalmente con las votaciones de los vetos presidenciales a las leyes de aumento de las jubilaciones y de emergencia en discapacidad.

El patrón denunciado resulta especialmente sensible porque varias de esas votaciones fueron determinantes para el Gobierno. En distintos momentos, Milei necesitó negociar con gobernadores y bloques provinciales para conseguir mayorías que inicialmente no estaban aseguradas.

En ese contexto, Pagano sostuvo en una publicación en la red social X: “Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: los aliados recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima…”.

La diputada también apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al cuestionar la administración de los recursos. “Por ley, esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Los repartió a los que votaban leyes usando como cajero el Banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo…”, afirmó.

La acusación sostiene que los pagos se aceleraban alrededor de las sesiones y que el mecanismo podía funcionar como una herramienta de presión sobre los gobernadores. Según Pagano, el objetivo habría sido mantener abiertas las negociaciones hasta último momento y liberar recursos después de las votaciones.

Entre los casos que la diputada considera más significativos aparece Jujuy, que habría recibido 11.987 millones de pesos mediante la empresa encargada de la ruta nacional 34. Según la denuncia, el 97,5 por ciento de ese dinero fue cobrado durante días vinculados con votaciones.

Misiones aparece también entre las principales beneficiarias, con 13.493 millones de pesos canalizados a través de la unión transitoria de empresas vinculada con la ruta nacional 105. Tucumán habría recibido 2.322 millones mediante su dirección de vialidad, mientras que Santa Cruz y Salta también figuran entre las provincias alcanzadas por los desembolsos denunciados.

Si se consideran los tres días que rodean cada votación —el día anterior, la jornada de la sesión y el día posterior—, de los 210.983 millones de pesos que habrían recibido 13 provincias, 68.042 millones se concentraron en ese período.

Cuando el análisis se amplía a tres días antes y tres días después de cada votación, la cifra alcanza los 94.929 millones de pesos. Según Pagano, ese monto representa el 45 por ciento de todo lo pagado en las 38 fechas parlamentarias analizadas.

Pero el problema no termina en la supuesta coincidencia entre transferencias y votaciones. Otra denuncia presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz puso el foco en el grado de ejecución de esos recursos y cuestionó que una parte importante del dinero destinado al sistema vial no haya terminado en obras.

El caso resulta especialmente contradictorio en un país donde las rutas nacionales atraviesan una situación crítica y donde provincias, municipios, transportistas y usuarios vienen reclamando inversiones y mantenimiento. Si existen recursos creados específicamente para ese objetivo, su inmovilización o utilización con otros fines genera un interrogante que el Gobierno debe responder.

Pagano sostuvo que el mecanismo no puede ser presentado simplemente como una negociación política entre la Nación y las provincias. “Esto no es coparticipación, es un fondo fiduciario creado en 2001 que se alimenta de un impuesto que se paga cada vez que alguien carga combustible. El único objetivo de ese fondo es la distribución inmediata para el trazado vial, para mantenimiento de las rutas”, explicó.

La diputada agregó: “No se pueden guardar medio año los fondos y liberarlos cuando le parece al Gobierno, como hizo en 2024 al retenerlos. Hay un plazo: 60 días para transferir la plata contra certificado de obra”.

A partir de estos elementos, la presentación judicial plantea la posible existencia de delitos como malversación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También solicita determinar si los desembolsos estuvieron efectivamente respaldados por obras y certificaciones o si existió algún mecanismo de utilización política de los recursos.

La causa quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Franco Picardi. La investigación deberá establecer si la coincidencia entre los desembolsos y las votaciones responde a una planificación política deliberada o si existe una explicación administrativa y técnica para el comportamiento de las transferencias.

Hasta que la Justicia se expida, las acusaciones de Pagano y Tolosa Paz constituyen denuncias y no hechos probados. Pero eso no elimina la gravedad del interrogante que plantean.

El Gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la “casta”, eliminar los privilegios y administrar el Estado con criterios de eficiencia enfrenta ahora cuestionamientos por un supuesto mecanismo que, de comprobarse, representaría exactamente lo contrario de esa promesa: utilizar recursos públicos de destino específico para construir acuerdos políticos.

La cuestión además excede al Congreso. Cada peso recaudado mediante el impuesto a los combustibles que debería transformarse en mantenimiento vial y no lo hace termina afectando directamente a quienes utilizan las rutas nacionales. Son automovilistas, transportistas, trabajadores y productores quienes enfrentan caminos deteriorados, falta de obras y mayores riesgos de circulación.

Por eso, la denuncia no debería quedar reducida a una pelea entre oficialismo y oposición. Si el dinero destinado a las rutas fue efectivamente utilizado como moneda de cambio para conseguir votos, no se trataría solamente de una maniobra política cuestionable, sino de una utilización del Estado que podría vulnerar las propias reglas que el Gobierno está obligado a cumplir.

La Justicia tendrá que determinar qué ocurrió. Pero mientras tanto queda expuesta una contradicción difícil de ignorar: un Gobierno que reclama sacrificios permanentes a la sociedad en nombre del equilibrio fiscal y que justifica el recorte de políticas públicas por la falta de recursos deberá explicar por qué los fondos destinados a reparar las rutas aparecen ahora vinculados a negociaciones políticas y votaciones clave en el Congreso.