Flybondi atraviesa una de las etapas más complejas desde el inicio de sus operaciones, con una serie de conflictos que se acumularon durante los últimos meses y que ahora confluyen en distintos frentes. La aerolínea enfrenta un embargo de sus cuentas bancarias por una millonaria deuda tributaria, mantiene reclamos de trabajadores por salarios e indemnizaciones y quedó impedida de continuar con sus operaciones en Brasil.

La medida sobre las cuentas bancarias fue dispuesta a partir de un reclamo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y quedó en manos de los juzgados federales en Ejecuciones Fiscales Tributarias números 1, 2 y 3. Los tribunales aclararon que el embargo constituye una medida cautelar dentro de una ejecución fiscal y que no supone, por sí mismo, la suspensión de las operaciones de la compañía.

El monto de la deuda tributaria alcanza los 1.256.469.707,31 pesos antes de los intereses. El principal componente corresponde a retenciones del impuesto a las ganancias, por 915.238.669,21 pesos. A esa suma se agregan 207.932.266,08 pesos correspondientes a retenciones del impuesto al valor agregado y 133.298.772,02 pesos vinculados con bienes personales.

Con la incorporación de los intereses, calculados en un 15 por ciento, el monto total reclamado asciende a 1.444.940.163,41 pesos. El problema financiero, además, no se limita a las obligaciones con el organismo recaudador, ya que la empresa también arrastra compromisos pendientes con proveedores y por impuestos provinciales.

A ese panorama se suma la situación de sus trabajadores. Desde el jueves 6 de agosto, la falta de pago de aportes habría dejado sin cobertura médica a empleados que todavía permanecen en la compañía y a trabajadores que fueron desvinculados durante el proceso de reducción de personal iniciado meses atrás.

El deterioro de la situación operativa también quedó expuesto en el plano internacional. Flybondi dejó de operar en Brasil luego de una serie de restricciones aplicadas por la Agência Nacional de Aviação Civil de ese país. En julio, el organismo había limitado la venta de nuevos pasajes hacia algunos destinos brasileños y había establecido un plazo para que la compañía realizara ajustes que le permitieran mantener la ruta hacia y desde Río de Janeiro.

Sin embargo, las dificultades continuaron y desde el 11 de agosto la aerolínea tampoco puede volar a Río de Janeiro, que era el único destino brasileño que todavía mantenía. De esta manera, Flybondi quedó sin operaciones en Brasil.

La actuación del organismo regulador brasileño también generó cuestionamientos en Argentina. Mientras las autoridades de Brasil aplicaron restricciones frente a los incumplimientos operativos, la Administración Nacional de Aviación Civil no tomó hasta ahora una medida equivalente que impida a Flybondi continuar comercializando pasajes en el mercado argentino.

Según el sitio Failbondi.fail, el último vuelo de la compañía habría despegado el 5 de agosto. El día anterior, un servicio programado entre Santiago del Estero y Buenos Aires demoró casi nueve horas en partir. De los 11 vuelos comercializados para esa jornada, solamente dos llegaron a despegar.

La situación fue cuestionada por el diputado Esteban Paulón, quien relacionó la respuesta de las autoridades argentinas con los vínculos del empresario Leonardo Scaturicce con sectores cercanos al Gobierno nacional. “Es un empresario ex agente de inteligencia, actual lobbista, o hasta hace algunos meses lobbista para el gobierno de Argentina en Estados Unidos ante distintos organismos”, sostuvo.

Paulón consideró que esos vínculos “le da una cobertura de impunidad muy importante, que hace que la ANAC no tome ninguna medida al respecto de los permanentes incumplimientos que tiene la aerolínea”.

Scaturicce adquirió Flybondi en junio del año pasado y poco después quedó involucrado en una polémica relacionada con un avión de su propiedad que llegó al país desde Miami sin ser revisado por la Aduana. El episodio generó repercusiones y derivó en una mayor atención sobre las actividades empresariales del propietario de la aerolínea.

Tras ese episodio también se conoció que OCP, una de las empresas vinculadas al empresario, recibió contratos del Ministerio de Economía por montos superiores a los mil millones de pesos. Entre los acuerdos se incluyeron tareas relacionadas con la protección de los correos electrónicos del organismo y posteriormente la provisión de un clúster de servidores.

Scaturicce también fue señalado como uno de los vínculos entre el presidente Javier Milei y la Conferencia de Acción Política Conservadora, una organización de fuerte presencia entre sectores conservadores de Estados Unidos.

En este contexto, Paulón cuestionó el funcionamiento de Flybondi desde el cambio de propietario y realizó una dura caracterización sobre el modelo comercial de la empresa. “La operación de Flybondi, desde que la tomó Scaturicce, se parece más a una estafa piramidal que a una operación de una aerolínea, porque hay un mecanismo en el cual la empresa recauda dinero en grandes cantidades vendiendo vuelos que después no realiza”, afirmó.

El diputado agregó que el porcentaje de cancelaciones “fue creciendo mes a mes, y en el caso en el que se devolvía el dinero de los pasajeros, lo hacían dos o tres meses después”.

“Por lo tanto, había ahí un trabajo del dinero, como una bicicleta financiera, se utilizaba el dinero para invertirlo, obtener una ganancia, y después se volvía a volcar a los usuarios. Básicamente, se hace un préstamo compulsivo, una operación compulsiva de mercado de capitales, sobre el pretexto de los viajes”, sostuvo Paulón.

El legislador había presentado en enero un pedido de informes ante la Cámara de Diputados para analizar el funcionamiento de la aerolínea y determinar las responsabilidades correspondientes frente a los incumplimientos denunciados.

A partir de ese expediente, Paulón planteó que las comisiones de Transporte y Defensa de la Competencia deberían avanzar con un dictamen que permita determinar eventuales sanciones. “La lógica sería que las comisiones de Transporte y Defensa de la Competencia, que es a donde fue girado ese informe, emitan un dictamen y soliciten que se le suspenda la licencia, o a lo sumo, que no le permitan operar”, señaló.

Mientras la discusión por los vuelos y las obligaciones tributarias continúa, el conflicto laboral se convirtió en otro de los principales problemas para la empresa. A comienzos de año, Flybondi contaba con alrededor de mil empleados, pero actualmente la estructura se redujo a unos 300 trabajadores.

Los empleados que permanecen en la compañía denuncian que existen salarios pendientes correspondientes a junio y julio, además del aguinaldo. La situación también afecta a quienes fueron despedidos durante los últimos meses y todavía esperan cobrar indemnizaciones o las cuotas comprometidas en acuerdos de desvinculación.

En marzo, la empresa inició un proceso de reducción de personal y argumentó que atravesaba “problemas financieros graves”. A varios trabajadores se les ofreció un programa de retiro voluntario que contemplaba el pago en tres cuotas.

Franco, un extripulante de cabina de Flybondi que habló con Radio 750 y decidió mantener en reserva su apellido por razones de seguridad, explicó que “en algunos casos sí se cobraron, quizás la primera, incluso como mucho la segunda cuota, pero la empresa ya empezó a incumplir”.

“Yo cumplía la función de tripulante de cabina. A mí lo que me corresponde, como a tantos otros compañeros, es la indemnización por despido sin causa”, relató.

El trabajador también aseguró que los reclamos internos derivaron en situaciones de tensión con quienes exigían respuestas. “Cuando empezamos a reclamarle que actúen frente a este tipo de inacción por parte de la empresa, empezaron a identificar a los que estaban reclamando para ser los primeros desvinculados”, afirmó.

Ante la falta de respuestas, trabajadores despedidos y empleados que todavía reclaman salarios y otros pagos resolvieron movilizarse este viernes 14 de agosto. La concentración está prevista desde las 11 frente al Monumento a Cristóbal Colón, en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery.

El reclamo apunta a que Flybondi cumpla con los acuerdos laborales asumidos y pague las obligaciones pendientes. La protesta se producirá mientras la empresa enfrenta simultáneamente una deuda tributaria millonaria, restricciones para operar en el exterior, cuestionamientos por las cancelaciones de vuelos y una creciente conflictividad con sus trabajadores.