El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció nuevas medidas para proteger a los usuarios de billeteras virtuales frente al crecimiento del endeudamiento de las familias y las denuncias por presuntos abusos en el otorgamiento y cobro de créditos. Las actuaciones alcanzan a seis empresas y buscan determinar si incurrieron en incumplimientos de la normativa de Defensa del Consumidor.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, presentaron las medidas durante una conferencia en la que cuestionaron las condiciones económicas que llevaron a millones de personas a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.

“En nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”, afirmó Kicillof.

El mandatario bonaerense sostuvo que el aumento del endeudamiento no puede analizarse solamente como un vínculo comercial entre las personas y las empresas financieras, sino que debe contemplarse dentro del contexto de pérdida de ingresos que atraviesan numerosos hogares.

“Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”, señaló.

Kicillof también cuestionó el crecimiento de las billeteras virtuales como prestadoras de dinero y sostuvo que, además de funcionar como medios de pago, comenzaron a ocupar un lugar cada vez más relevante en el mercado del crédito.

“En este contexto tan complejo, el sector de las billeteras virtuales ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades con el objetivo de evitar crisis sistémicas”, subrayó.

El gobernador consideró que el Estado nacional no está dando respuestas frente a la situación de las familias endeudadas y defendió la intervención de la Provincia dentro de las atribuciones que tiene disponibles.

“Lamentablemente, el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos. No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos: en la Provincia tomamos las decisiones que están dentro de nuestro margen de actuación para defender a las familias”, afirmó.

Costa fue el encargado de precisar el alcance de las actuaciones iniciadas por la Dirección de Defensa del Consumidor bonaerense. Según explicó, durante los primeros seis meses del año se registraron 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud.

“Solo en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra las empresas Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”, detalló el ministro.

Las denuncias serán analizadas mediante expedientes administrativos que ya se encuentran en marcha. Entre otros aspectos, las autoridades solicitarán a las empresas información precisa sobre las condiciones de los préstamos que ofrecen, la forma en que determinan las tasas de interés y el costo efectivo que deben afrontar los usuarios.

“Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”, explicó Costa.

La investigación también permitirá determinar si existieron prácticas de hostigamiento contra personas que se encuentran atrasadas en el pago de sus obligaciones y si las empresas cumplieron con las exigencias establecidas por las normas de protección de los consumidores.

Las compañías involucradas deberán presentar sus respectivos descargos ante las autoridades bonaerenses. A partir de la documentación y las pruebas reunidas, la Provincia determinará si corresponde avanzar con sanciones.

“Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos”, sostuvo el ministro.

La medida adquiere especial relevancia en un contexto en el que el crédito de corto plazo se convirtió para muchas familias en una herramienta para cubrir gastos básicos. Cuando los ingresos no alcanzan para afrontar el costo de vida, la utilización reiterada de préstamos puede derivar en una acumulación de cuotas, intereses y atrasos que profundiza el problema original.

Desde la administración bonaerense señalaron que el objetivo de las medidas no es impedir el acceso al crédito, sino garantizar que las personas conozcan con claridad las condiciones de las operaciones que realizan y que las empresas respeten las obligaciones establecidas por la legislación.

Costa, además, contrapuso la estrategia provincial con la postura del Gobierno nacional y reivindicó el rol del Estado bonaerense en la protección de los consumidores.

“El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación: mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias que se encuentran en esta situación vulnerable y para evitar que continúen los abusos”, concluyó.

La investigación deberá determinar ahora si las denuncias se corresponden con infracciones concretas y establecer las responsabilidades de cada una de las empresas señaladas. Si las irregularidades son comprobadas, además de las multas, las compañías deberán revertir las prácticas que hayan vulnerado los derechos de los consumidores.

Del anuncio también participaron el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi.