Diputados del Peronismo Federal solicitaron a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que abra una investigación formal sobre las billeteras digitales interoperables y otros proveedores no financieros, ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas y condiciones abusivas en el otorgamiento de créditos.

La presentación alcanza a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay, entre otras plataformas, y busca determinar si sus prácticas podrían vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia y las normas que protegen a consumidores y usuarios de servicios financieros.

El planteo aparece en medio de una creciente preocupación por el endeudamiento de los hogares y por las tasas aplicadas a los créditos ofrecidos a través de aplicaciones y billeteras virtuales. Los legisladores sostienen que, ante la pérdida del poder adquisitivo, cada vez más trabajadores, jubilados y monotributistas recurren a estas herramientas para afrontar gastos cotidianos.

La denuncia fue firmada por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin.

Michel advirtió sobre el deterioro de los ingresos y el avance del endeudamiento como mecanismo para llegar a fin de mes. “El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos —luz, gas, alquiler— consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir. El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos ¿y qué hacen? Se endeudan para comprar alimentos”, sostuvo.

El legislador entrerriano también cuestionó el costo de algunos créditos y afirmó que las tasas pueden alcanzar niveles extremadamente elevados. Según señaló, “la tasa llega en algunos casos al 700% anual” y ya existen más de 5,5 millones de deudores. “Están destruyendo la clase media”, afirmó.

La presentación pretende que la ANC analice el comportamiento de un universo mucho más amplio: 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre mutuales y cooperativas, que cuentan con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para operar.

Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con la posición que ocupan estas plataformas en el mercado de pagos y con la utilización de información de los usuarios para ofrecer y establecer condiciones de crédito.

Los diputados plantearon que la combinación entre información transaccional, infraestructura de pagos y otorgamiento de préstamos podría generar barreras para otros competidores y favorecer situaciones de dependencia de los usuarios.

Por eso, solicitaron que la ANC requiera al BCRA información sobre el volumen de operaciones y la participación de mercado de las entidades, además del historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) aplicados durante los últimos 24 meses.

También pidieron comparar las tasas utilizadas por cada entidad con los valores promedio y medianos del mercado, así como conocer sus niveles de morosidad y los ratios de endeudamiento.

Otro de los puntos de mayor relevancia es el pedido para auditar los algoritmos utilizados por las aplicaciones para asignar créditos y determinar el perfil de cada usuario. Para eso, propusieron conformar un cuerpo pericial integrado por especialistas en economía e informática de la ANC.

El objetivo sería establecer si los sistemas de scoring utilizan información transaccional para establecer diferentes precios o tasas según el perfil del usuario y si esas herramientas pueden terminar penalizando a quienes tienen menos alternativas de financiamiento.

La denuncia también pone bajo la lupa la utilización de datos y la posibilidad de trasladar el historial financiero de un usuario entre distintas plataformas. Según los legisladores, las dificultades para compartir información podrían limitar la movilidad de los clientes y reducir la competencia entre proveedores.

En ese marco, solicitaron investigar posibles infracciones a la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y a disposiciones de la Carta Orgánica del Banco Central. También plantearon la posible aplicación de normas del Código Civil y Comercial vinculadas con el abuso de derecho y el abuso de posición dominante.

Ahora será la Autoridad Nacional de la Competencia la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación formal. De comprobarse irregularidades, los denunciantes reclamaron que se ordene el cese de las conductas cuestionadas y se apliquen las sanciones previstas por la legislación vigente.