Próspera no es un municipio autónomo ni una región con estatuto especial. Es una ZEDE — Zona de Empleo y Desarrollo Económico— en la isla de Roatán, Honduras. Fue aprobada el 29 de diciembre de 2017 y su Carta entró en vigor el 23 de agosto de 2018. El terreno no es público: lo controla St. John’s Bay Development Company LLC, una filial de Honduras Próspera Inc., constituida en Delaware.

La gobernanza es explícitamente corporativa. La administra un consejo de nueve miembros: cinco electos y cuatro designados directamente por Honduras Próspera Inc. Las decisiones clave requieren mayoría de dos tercios, lo que en la práctica le da a la empresa fundadora poder de veto sobre cualquier cambio que no le convenga. El sistema judicial no es hondureño: se basa en arbitraje privado, con jueces retirados de jurisdicciones como Arizona. Las empresas pueden elegir entre marcos regulatorios de 36 países o crear el suyo propio.

Las cifras oficiales de la empresa a marzo de 2026 son reveladoras. Próspera reporta 2.399 residentes totales, pero solo 255 son residentes físicos. Los reportes de campo estiman la población permanente en alrededor de 200 personas, en su mayoría empresarios, emprendedores y nómadas digitales de Norteamérica y Europa. Más del 89% de los “residentes” no viven allí: son personas que pagan una tarifa para tener una residencia digital o una empresa registrada.

El financiamiento inicial fue de 120 millones de dólares. Detrás está Pronomos Capital, el fondo de “ciudades startup” creado por Patri Friedman con financiamiento de Peter Thiel. Pronomos aportó 10 millones para el puntapié inicial. También figuran Sam Altman, Marc Andreessen, Balaji Srinivasan y Tim Draper. Thiel no vive en Próspera: no tiene una casa allí, ni una empresa registrada a su nombre, ni una residencia fiscal. Es un inversor de portafolio que apuesta por el modelo, no un colono. Su interés es ideológico y financiero: probar que una ciudad puede gestionarse como una empresa. Si funciona, exportará el modelo.

En 2022, el gobierno de Xiomara Castro derogó la ley ZEDE. En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Honduras declaró el marco inconstitucional con efecto retroactivo. Próspera no acató: demandó al Estado hondureño ante el CIADI. La demanda inicial era de 10.775 millones de dólares, casi un tercio del PIB de Honduras. En octubre de 2025, la empresa redujo la cifra a 1.630 millones, un recorte del 85%. La empresa se escuda en el DR-CAFTA y en un tratado de inversión con Kuwait que garantiza “estabilidad jurídica por 50 años”.

Próspera no es un adelanto a una humanidad más libre. Es una monarquía corporativa donde el súbdito es un cliente y el rey es un accionista. La libertad que promete es la libertad del propietario, no la del ciudadano. Los residentes pueden elegir entre 36 marcos regulatorios, pero no pueden cambiar al dueño. Pueden votar por cinco de nueve consejeros, pero la empresa tiene veto.

El término correcto no es “utopía libertaria”. Es tecnofeudalismo o tecnocracia corporativa: un modelo donde el poder no reside en funcionarios electos democráticamente, sino en la corporación propietaria y su equipo de gestores. El territorio se convierte en una “mercancía institucional” diseñada para atraer capital, privatizando funciones estatales básicas.

Próspera no es el futuro de la humanidad. Es el futuro de una parte de la humanidad: la que puede pagar la entrada. Para el resto, el modelo ofrece lo mismo que ofrecía el feudalismo: protección a cambio de sumisión. La diferencia es que ahora la protección se llama “servicios municipales” y la sumisión se llama “contrato de residencia”.

Por Sandra Sosa.

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