El 23 de septiembre, desde Nueva York, Javier Milei elogió a Benjamin Netanyahu como el líder que salvó a Israel y a Occidente. Dijo que sin él "no existiría Israel" y, preguntado por las inversiones que recibiría el país, respondió: "Argentina es la nueva tierra prometida". Días después, su gobierno inició procedimientos sancionatorios contra Navitas Petroleum y una decena de accionistas israelíes por operar en Malvinas. La escena condensa la contradicción que atraviesa la política exterior argentina: el presidente que se define como el "más sionista del mundo" sanciona a la petrolera israelí que explota el petróleo del Atlántico Sur, mientras declara que su país es el nuevo paraíso para los inversores de Israel.

La sanción, además, llegó tarde. El gobierno estuvo dos años inactivo frente al avance de Sea Lion, el proyecto que Navitas controla con el 65% y que representa una inversión de US$2.100 millones. Solo endureció su posición cuando Washington insinuó revisar su apoyo a Londres. No fue una convicción soberana: fue un cálculo geopolítico.

El 15 de octubre, Argentina se abstuvo en la Cuarta Comisión de la ONU en la votación sobre "formas contemporáneas de colonialismo", un proyecto que reafirma la Resolución 1514, una de las bases jurídicas de su reclamo. La misma semana, Estados Unidos pidió formalmente disolver el Comité Especial de Descolonización (C-24), el foro donde Argentina presenta su causa cada año. La abstención y el pedido de disolución no son hechos aislados: son dos movimientos de la misma partida.

La razón de fondo no está en la diplomacia. Está en la geometría de poder que sostiene el statu quo. Gran Bretaña rechaza negociar soberanía y se escuda en el referéndum de 2013, con un 99,8% a favor de permanecer bajo administración británica. El precedente de Chagos, que Argentina mira con esperanza, es en realidad una advertencia: el Reino Unido devolvió ese archipiélago porque no había una comunidad isleña organizada que reclamara quedarse con Londres. En Malvinas, sí la hay.

Israel es el socio que no se menciona. Además de Navitas, el sistema antiaéreo Sky Sabre desplegado en las islas utiliza el software MIC4AD, desarrollado por la israelí Rafael Advanced Defense Systems. Para Israel, Malvinas no es una causa justa ni una disputa colonial: es un activo. Y ese activo tiene un protector: Estados Unidos es el principal aliado de Israel, además de serlo de Gran Bretaña. No es un triángulo cualquiera: es una arquitectura donde Washington es el vértice que une a Londres y Jerusalén.

Hay un dato que suele quedar fuera del análisis: Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel son potencias nucleares. Londres y Washington lo declaran abiertamente; Jerusalén mantiene una política de "ambigüedad nuclear", pero el Centro de Investigación Nuclear de Dimona es señalado desde hace décadas como el núcleo de su programa. Esto no implica que exista un riesgo nuclear por Malvinas —sería absurdo pensarlo—, pero sí forma parte del estatus de poder de los tres actores. La disuasión nuclear es el último recurso de una jerarquía que no se mide solo en portaaviones o petroleras.

El multilateralismo, sin poder coercitivo, es retórica. La presión unilateral de Milei, sin coherencia ni aliados, es un gesto. En el actual equilibrio de poder, la recuperación de Malvinas es poco probable. No porque la causa no sea justa, sino porque los tres actores que sostienen el statu quo tienen incentivos convergentes para mantenerlo: Londres aporta el territorio, Israel el capital y la tecnología, y Washington la cobertura diplomática y militar. La recuperación no es un problema de diplomacia. Es un problema de poder. Y en esa balanza, Argentina, aún, no tiene el peso.

Por Sandra Sosa.

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