El 7 de marzo de 2026, Javier Milei participó junto a Donald Trump en la cumbre fundacional del Escudo de las Américas, en Miami. Siete meses después, la coalición reúne a 19 países plenos, Argentina designó cuatro bandas narcotraficantes como “organizaciones terroristas” y evalúa sumar 18 más. En el mismo período, la SIDE recibió casi $80.000 millones en ampliaciones presupuestarias, con fondos reservados que pasaron del 4% al 20% de su presupuesto.

La SIDE es el caso más extremo: un organismo opaco que recibió en dos meses casi lo mismo que el ajuste a las universidades en un año. Mientras el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario, la inteligencia recibe refuerzos sin control público. En julio, la ampliación fue de $49.261 millones (un 50,7% de aumento); en septiembre, de $30.518 millones mediante el DNU 867/2026, el mismo decreto que reforzó Defensa con más de $217.000 millones.

El contraste con el gasto social es brutal. La jubilación mínima con bono acumula una caída real del 9,5% según Chequeado (IPC general) y del 19,2% si se mide con la canasta específica de los jubilados (CEPA). El bono permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024; si hubiera seguido la movilidad del haber, debería ser de $223.148. Esa pérdida explica las marchas de los miércoles frente al Congreso.

Las transferencias al PAMI cayeron 54,4% real en el primer cuatrimestre de 2026. Ocho de cada diez jubilados dependen de esa obra social. Los médicos de cabecera cobran $2.100 por afiliado y hay renuncias masivas. La cobertura de medicamentos esenciales se redujo drásticamente: el vademécum que cubría 3.200 fármacos fue eliminado y solo tres de una lista de 79 conservan cobertura plena. La obra pública cayó 79,4% y los programas sociales se recortaron 73,4%.

La expansión del complejo de seguridad no llegó a los uniformados. Los sueldos militares perdieron más del 30% real entre diciembre de 2023 y marzo de 2026: subieron 139,03% nominal frente a una inflación de 219,14%. Más de 18.659 efectivos dejaron las filas. La obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) está en liquidación desde febrero de 2026, con una deuda de $210.000 millones, cierre de 30 farmacias y una planta que se reducirá de 2.450 a 1.000 trabajadores. En Seguridad, Alejandra Monteoliva reemplazó a Patricia Bullrich, pero los aumentos siguen siendo parches provinciales.

El Estado que se achica para los jubilados y los estudiantes es el mismo que se expande para la inteligencia y las Fuerzas Armadas. Pero esa expansión no es para el personal: es para el complejo de inteligencia y el equipamiento militar. No se trata de una respuesta a una emergencia fiscal, sino de una elección política: el dinero se redirige hacia las áreas que consolidan el alineamiento geopolítico con Washington y el control interno, mientras se desmantelan las funciones sociales del Estado.

Por Sandra Sosa.

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