El 2 de agosto de 2026, Javier Milei dijo que en Argentina hay "terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores". No fue un exabrupto. Fue la habilitación discursiva de un entramado que ya estaba en marcha, enmarcado en el Escudo de las Américas y su cruzada contra el "terrorismo político" que Marco Rubio definió en Washington como el nuevo enemigo a combatir.

Las listas negras no son una metáfora. En Estados Unidos, la Casa Blanca publicó "Media Offenders", una página oficial que enumera al menos 20 medios y 50 periodistas, incluido Jake Tapper de CNN. Una filtración reveló la lista secreta de "Secure Line" (57 nombres, 10 periodistas) y The Intercept documentó una lista negra del CENTCOM. En Argentina, el gobierno revocó credenciales de periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, A24, FM La Patriada y El Destape en abril de 2026, citando un informe de inteligencia rusa no verificado judicialmente. También vetó la acreditación de más de 60 representantes de ONGs en la reunión ministerial de la OMC.

La novedad no es la existencia de listas. Durante el gobierno de Macri circuló un registro con más de 500 nombres. Lo que cambió con Milei es su institucionalización administrativa: las listas ya no son un papel filtrado, sino un procedimiento con consecuencias concretas. Y la infraestructura técnica está preparada para convertirlas en un sistema operativo: el DNU 941/2025 creó la Comunidad de Inteligencia Nacional, que habilita la centralización de bases de datos; Peter Thiel, cofundador de Palantir, visitó Buenos Aires en abril y se reunió con Milei y Santiago Caputo. No hay evidencia pública de un contrato entre Palantir y el Estado argentino, pero la arquitectura legal y las capacidades de la empresa —que ya construye sistemas de perfilamiento para ICE— están preparadas para hacerlo.

Los contrapesos existieron, pero su eficacia fue limitada. El juez Ariel Lijo desestimó la denuncia por espionaje que motivó las restricciones, al concluir que no había riesgo para la seguridad nacional. La CIDH y su Relatoría Especial calificaron los hechos como "retrocesos significativos" e instaron al Estado a revisar la medida. El Congreso no derogó el DNU 941, pese al proyecto del senador Capitanich. La Comisión Bicameral citó al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, pero no hay evidencia de que haya emitido un dictamen. El Gobierno mantuvo las restricciones pese al fallo judicial y a los pronunciamientos internacionales.

La censura indirecta no necesita prohibir: le basta con amenazar. Cuando un periodista sabe que puede ser clasificado como "terrorista" o que su credencial puede ser revocada, piensa dos veces antes de publicar. Cuando una ONG sabe que puede ser vetada de un foro internacional, modera su discurso. Esa es la tecnología de poder que el informe documenta: la lista negra no elimina al adversario, lo señala, lo aísla y lo obliga a hablar en voz baja.

La pregunta no es si las listas negras existen. Existen, y están documentadas. La pregunta es si un sistema democrático puede permitir que el Estado clasifique a sus críticos como terroristas y los excluya de la vida pública sin debido proceso. La respuesta, por ahora, es que puede. Pero también hay quienes resisten, y que los contrapesos, aunque limitados, actuaron. El resultado depende de qué contrapeso actúe primero.

Por Sandra Sosa.

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