El 30 de septiembre de 2026, Estados Unidos completó la retirada de sus últimas tropas de Irak. La salida se produjo desde la base aérea de Erbil, en el Kurdistán iraquí. Ponía fin a 23 años de presencia militar ininterrumpida. Al día siguiente, el primer ministro Ali al-Zaidi declaró el "Día de la Soberanía" y proclamó "una nueva fase de soberanía nacional".

Pero la soberanía formal choca con una realidad incómoda. El petróleo representa aproximadamente el 90% del presupuesto estatal iraquí. Todos los ingresos en dólares por la venta de crudo se depositan en cuentas del Banco Central de Irak en la Reserva Federal de Nueva York, bajo supervisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El mecanismo fue creado en 2003 por la Autoridad Provisional de la Coalición, liderada por Washington. Fue presentado como una medida para proteger los fondos iraquíes de reclamaciones legales. Veintitrés años después, sigue intacto. Si Estados Unidos decidiera bloquear esos fondos, Bagdad no podría gastar un solo dólar de ellos.

En abril de 2026, el Tesoro bloqueó el envío de 500 millones de dólares en efectivo a Irak. La presión obligó a Bagdad a reconsiderar el desarme de las milicias proiraníes. En la práctica, el control financiero ha demostrado ser más eficaz que la presencia militar.

El gobierno de Ali al-Zaidi es débil. Asumió el cargo en mayo de 2026 sin partido político, sin escaños en el parlamento y con un gabinete incompleto: solo 14 de los 23 ministerios fueron confirmados. Su falta de base política fue, paradójicamente, lo que lo hizo aceptable para los actores externos.

Irak permanece dividido en tres bloques étnico-sectarios: árabes chiíes, kurdos y árabes suníes. Las milicias proiraníes se niegan a entregar sus armas. El gobierno no tiene el monopolio de la fuerza.

La historia del país explica la paradoja. En 1979, el PIB nominal iraquí era de 37.800 millones de dólares. Para 1989, había crecido a 65.800 millones. Pero en términos reales, la economía se contrajo un 75% desde 1979 por la guerra con Irán, la invasión de Kuwait y las sanciones de la ONU.

La invasión de 2003, basada en la premisa falsa de las armas de destrucción masiva, destruyó el Estado sin construir uno funcional. La disolución del ejército por Paul Bremer dejó a 400.000 soldados sin pensión. Muchos se unieron a la insurgencia que luego se convirtió en el ISIS.

El costo humano fue devastador. Entre 185.000 y 208.000 civiles iraquíes asesinados por violencia directa desde 2003, según el proyecto Costs of War de la Universidad Brown. Nueve millones de desplazados. Más de 30.000 víctimas de minas y explosivos sin detonar.

La derrota del ISIS fue el resultado de una convergencia de esfuerzos. Irán fue un actor decisivo y temprano. La coalición internacional aportó poder aéreo e inteligencia. Las fuerzas iraquíes libraron los combates.

La retirada militar cerró un capítulo. Pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿quién controla realmente los recursos de Irak? El país que emerge de estas dos décadas es un Estado débil, con un gobierno sin base política propia y una dependencia económica extrema de un recurso cuyos ingresos no controla plenamente.

La soberanía incompleta no es un accidente. Es un equilibrio funcional a los intereses de todos los actores, excepto el pueblo iraquí.

Por Sandra Sosa.

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