El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido el 30 de septiembre en el aeropuerto de Viru Viru con apoyo de la DEA y enviado a la cárcel de Cantumarca, en Potosí, con 180 días de prisión preventiva. Investigaba a Fernando Cerimedo, el operador político vinculado al entorno del presidente Rodrigo Paz.

La secuencia se precipitó en siete días: el 28 de septiembre Washington revocó la visa de Mariaca y lo acusó de sobornos para facilitar el narcotráfico; el 1 de octubre el Escudo de las Américas, coalición de 15 países liderada por Estados Unidos, emitió un comunicado firmado por 14 gobiernos elogiando las "acciones decisivas" de Bolivia; el 3 de octubre la Asamblea Legislativa destituyó a Mariaca mediante una reforma exprés y nombró a José Armando Urioste como fiscal interino.

El abogado de la denunciante Nadia Beller, Jorge Justiniano, lo dijo sin rodeos: "El caso que se montó contra el señor Mariaca no tenía por finalidad otra cosa que la de paralizar la investigación que venía realizando el Ministerio Público en contra no solo del señor Cerimedo, en contra del entorno presidencial".

La declaración de Beller como testigo en la causa por narcotráfico contra Cerimedo, prevista para el lunes 6, fue reprogramada "hasta nuevo aviso". Cerimedo está preso por el intento de feminicidio de Beller y enfrenta causas por enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante la sesión que destituyó a Mariaca, la diputada Ana María Crispín denunció la presencia de representantes de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú, que distribuyeron códigos QR a los legisladores. "Que toda Bolivia se entere de lo que acaba de mencionar acá. Escudo de las Américas presentes", dijo Crispín. Un video posterior, muestra a un representante de la embajada estadounidense entregando un QR a una diputada: "Es contacto WhatsApp", dijo.

El gobierno de Paz se saltó el juicio de responsabilidades, procedimiento especial para procesar a altos funcionarios. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lo justificó: "El fiscal general del Estado no tiene juicio de privilegio por estar cometiendo delitos de narcotráfico". Es decir, se dio por hecho el delito para evitar el procedimiento.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santisbán, admitió en televisión: "Hay situaciones en las que se rompe la norma, pero para preservar el bien mayor". La frase resume el argumento de la operación.

El presidente Paz mencionó dos veces la participación de Bolivia en el Escudo de las Américas y agradeció "a las naciones que públicamente nos han respaldado". El secretario de Estado Marco Rubio también felicitó al gobierno boliviano.

La politóloga Adriana Salvatierra señaló en La Base América Latina que existe un "sesgo de confirmación": mucha gente cree que la justicia boliviana está corrompida y lee la operación como una limpieza. Pero también hay cuestionamiento a cómo el gobierno impuso un fiscal propio.

El juez Juan Carlos Monte Alván Zapata, que había negado a Mariaca el juicio de responsabilidades, fue acusado de "prevaricato en flagrancia" y se ordenó su aprehensión.

Mariaca declaró ante el juez: "Mi vida, señor juez, está hoy en manos del órgano judicial". Y advirtió: "Hemos agarrado unos asesinos que hoy están detenidos preventivamente en estas cárceles, donde usted nos está mandando".

La operación deja un Ministerio Público intervenido, una Asamblea con sospechas de sobornos por parte de una embajada extranjera y un presidente que agradece públicamente la intervención.

Bolivia es menos Bolivia a partir de ahora. Como Venezuela es menos Venezuela, Ecuador es menos Ecuador, Panamá es menos Panamá. Lo que está en juego no es solo el caso Cerimedo: es el tipo de país que América Latina está dispuesta a ser.

Por Sandra Sosa.

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