El 9 de octubre de 2026, el Comité Nobel Noruego otorgó el Premio de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional". Horas después, Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional como institución, en una medida sin precedentes. 

Pillay, de 85 años, presidió la comisión de la ONU que en septiembre de 2025 concluyó que Israel cometió cuatro actos genocidas en Gaza con la intención específica de destruir a los palestinos de ese territorio. La comisión también determinó que el presidente Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant incitaron a la comisión de genocidio. 

La reacción de Trump fue inmediata. Durante un mitin en Syracuse, Nueva York, calificó la  decisión como "vergonzosa e imborrable" y afirmó que Estados Unidos, "representado por mí como su presidente, debería haber recibido el Premio Nobel de la Paz". Añadió que la elección del comité dejaba "una mancha imborrable en Noruega" y advirtió: "No lo olvidaremos". 

Dijo que nunca había oído hablar de Pillay y la describió como "una persona misteriosa". También afirmó haber resuelto "ocho guerras" y merecer "ocho Premios Nobel, uno por cada guerra". 

La obsesión de Trump con el galardón no es nueva. En enero de 2026, la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, le entregó su medalla física durante  una reunión en la Casa Blanca. El Instituto Nobel noruego aclaró que el premio "no puede ser transferido", pero Trump aceptó la medalla. 

Israel respondió con una dureza excepcional. El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó el Nobel como un premio a "la mayor mentira del siglo XXI" y afirmó que "Joseph Goebbels seguramente estará aplaudiendo desde el infierno". Netanyahu acusó al Comité Nobel de haber "perdido su brújula moral" y calificó a Pillay de "fanática" y "mentirosa".

El mismo día del anuncio, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra la CPI como institución. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró: "O la CPI pone fin a sus amenazas o nosotros pondremos fin a su existencia". Las medidas incluyen el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y un período de gracia de 180 días. 

La presidenta de la corte, Tomoko Akane, calificó las sanciones como "un ataque contra el  Estado de derecho y contra los cimientos mismos del orden legal internacional". Las tensiones venían escalando desde las órdenes de detención emitidas en 2024 contra Netanyahu y  Gallant. 

La coincidencia temporal no es casual. La ofensiva contra la CPI es parte de una política preexistente de Washington, pero el Nobel a Pillay funcionó como catalizador y justificación pública. La secuencia sugiere una respuesta coordinada entre Washington y Tel Aviv. 

La trayectoria de Pillay está marcada por la lucha contra el apartheid. Nacida en Durban en 1941, defendió a Nelson Mandela como abogada y se convirtió en la primera jueza no blanca del Tribunal Superior de Sudáfrica. Presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. 

El Comité Nobel defendió su decisión subrayando que "la paz requiere de Justicia" y que "la ley  internacional no es solo un complemento de la paz y la seguridad, sino una necesidad  absoluta". Human Rights Watch y Amnistía Internacional elogiaron la elección. 

El mismo día en que el Comité Nobel premió a una defensora del derecho internacional,  Washington sancionó al tribunal que lo encarna. No es una contradicción: es la lógica de  intereses que atraviesa el caso. Pillay representa un orden legal que pretende aplicarse a todos por igual. Trump necesita el Nobel como validación política y no lo obtuvo. Netanyahu necesita deslegitimar a la Corte Penal Internacional para neutralizar las órdenes de detención en su  contra. El premio no resolvió esa tensión. La hizo visible.

Por Sandra Sosa.

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