En noviembre de 2025, la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology retractó el estudio de Williams, Kroes y Munro (2000), el pilar que durante un cuarto de siglo sostuvo la defensa regulatoria del glifosato en todo el mundo. Los motivos: ghostwriting, conflictos de interés no declarados y selección sesgada de estudios no publicados de Monsanto.

La retractación no llegó sola. El Ramazzini Institute publicó en 2025 en Environmental Health un estudio que expuso ratas Sprague-Dawley desde la gestación hasta las 104 semanas a glifosato y dos formulaciones comerciales, en dosis que incluyen la Ingesta Diaria Aceptable de la Unión Europea (0,5 mg/kg/día). Encontró tumores benignos y malignos en múltiples órganos, incluyendo leucemia.

“Observamos la aparición temprana y mortal de varios tipos de cáncer poco comunes, como leucemias infantiles, que en humanos podrían compararse con muertes antes de los 40 años”, dijo el investigador principal, Daniele Mandrioli.

La evidencia se acumula en varias direcciones. Un estudio en Toxicology (2026) mostró que la exposición crónica de células de cáncer de mama a 0,1 μM de glifosato —concentración detectada en trabajadores agrícolas— aumentó la migración celular y redujo la sensibilidad a la quimioterapia. Otro, en Journal of Applied Toxicology (2026), documentó alteraciones reproductivas masculinas en ratas expuestas a dosis bajas de formulaciones comerciales.

“No se pueden refutar los hechos”, advierte el informe. “Lo que se hace es defender una regulación que no está actualizada y no va de la mano con la ciencia que la respalda”.

La defensa regulatoria no se apoya solo en la EPA de 2017. También incluye la evaluación de la EFSA de julio de 2023, que declaró que no había “áreas críticas de preocupación” y habilitó la renovación del glifosato en la UE hasta 2033. Pero la propia agencia reconoció haber trabajado con datos incompletos, y organizaciones como PAN Europe señalaron que dejó sin evaluar adecuadamente genotoxicidad, carcinogenicidad y neurotoxicidad.

El Parlamento Europeo elevó una pregunta formal a la Comisión en enero de 2026 preguntando si el estudio retractado fue utilizado en las evaluaciones de riesgo de la UE. La respuesta, hasta ahora, no ha sido concluyente.

En Argentina, el patrón es otro. Una revisión de titulares de Clarín, La Nación, Infobae, Página/12, Ámbito y Tiempo Argentino entre 2025 y 2026 muestra que la agenda mediática orbita alrededor de precios de insumos, prohibiciones municipales que se revocan, resistencias de malezas y litigios contra Bayer. Los estudios científicos recientes no aparecen.

El 27 de agosto de 2026, La Nación informó que Misiones dio marcha atrás con una prohibición al glifosato “ya que no existen sustitutos probados y certificados al popular Roundup, de Monsanto/Bayer”. Clarín tituló ese mismo mes: “Los productores podrán seguir usando glifosato en Misiones”.

Desde hace años, la Universidad Nacional de Río Cuarto documenta la contaminación de acuíferos por glifosato y atrazina en Córdoba. Verónica Lutri (UNRC-Conicet) comprobó que ambos herbicidas pasaron de 30 millones de litros a 600 millones en 30 años y que alcanzan el acuífero libre en época de aplicación. Argentina no tiene norma propia para glifosato en agua: se apela a la de EE.UU. (hasta 700 microgramos por litro) o a la de la UE (0,1 microgramo por litro) según el caso.

Carina Elizabeth Magnoli (IMICO, UNRC-Conicet) encontró que algunas cepas de Aspergillus oryzae remueven más del 50% del glifosato del medio de cultivo. Pero el proceso genera residuos tóxicos para semillas bioindicadoras: la degradación no es inocua.

La confusión con el Agente Naranja es frecuente porque Monsanto, la empresa que comercializó el glifosato bajo la marca Roundup, fue también uno de los principales fabricantes del defoliante usado en Vietnam. Químicamente son sustancias distintas: el Agente Naranja era una mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T contaminada con dioxina TCDD; el glifosato es N-(fosfonometil) glicina.

Chéjov usó el título Sobre los males que causa el tabaco para hablar de otra cosa. Los medios argentinos usan la palabra “glifosato” para hablar de precios, prohibiciones y litigios. La pregunta que queda no es científica. Es política: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una regulación que no va de la mano con la ciencia que la respalda?

Por Sandra Sosa.

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