El Senado de la Nación aprobó este jueves la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 44 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención, y quedó convertido en ley en medio de un fuerte debate sobre el alcance de la flexibilización de los controles tributarios.

La votación se produjo antes de que la Cámara alta avanzara con el tratamiento de la reforma de la Ley de Biocombustibles. La sanción representa un nuevo avance para el oficialismo en el Congreso, que busca modificar el sistema de fiscalización tributaria y establecer condiciones más favorables para quienes tienen dinero sin declarar, especialmente dólares fuera del circuito formal.

La propuesta modifica el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y establece cambios en los mecanismos de control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Entre otros aspectos, elimina determinados límites de ingresos y patrimonio para acceder al esquema simplificado, reduce algunas sanciones y modifica los criterios utilizados para determinar inconsistencias entre los ingresos declarados y la información disponible para el organismo recaudador.

El argumento del Gobierno es que el nuevo régimen permitirá simplificar las obligaciones de los contribuyentes y facilitará la utilización de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero formal. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos pasa por el menor margen de acción que tendrá el Estado para controlar determinadas operaciones y detectar posibles inconsistencias patrimoniales.

La discusión adquirió especial relevancia durante el tratamiento de la iniciativa debido a la situación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Minutos antes de la votación, La Libertad Avanza rechazó modificaciones destinadas a excluir del régimen de beneficios a funcionarios, dirigentes políticos y sus familiares.

El oficialismo también se opuso a incorporar restricciones específicas para las PEP, sus cónyuges, ascendientes y descendientes de segundo grado. La decisión generó cuestionamientos de los sectores opositores, que plantearon reparos sobre el alcance de los controles para quienes ocupan cargos públicos o mantienen vínculos familiares directos con funcionarios.

En medio del debate, la senadora Patricia Bullrich defendió la posición oficialista y aseguró: "Los funcionarios públicos quedan afuera". Según explicó, quienes ejercen cargos públicos podrán acceder a la simplificación del sistema, pero no a los beneficios establecidos por el nuevo régimen.

"Nos parece importante que no puedan acceder a este régimen. Van a poder acceder a la simplificación pero no a los beneficios, van a tener controles especiales", señaló Bullrich.

Luego agregó: "Ni el Presidente de la Nación ni ninguno va a poder utilizar este mecanismo. Está totalmente prohibido. Todos los que estamos en este recinto no vamos a poder".

El problema planteado por la oposición se encuentra precisamente en la diferencia entre quedar excluido de determinados beneficios y quedar completamente fuera del nuevo esquema de simplificación. El debate puso en el centro de la escena hasta dónde debe llegar el control estatal sobre los patrimonios y movimientos financieros de quienes ocupan posiciones de poder.

La iniciativa forma parte de la estrategia económica de la administración de Milei para modificar el vínculo entre los contribuyentes y el organismo recaudador. El oficialismo sostiene que el sistema actual genera incentivos para mantener dinero fuera del circuito formal y que una reducción de los controles puede favorecer la incorporación de esos recursos a la economía registrada.

Desde la oposición, en cambio, se cuestionó que la búsqueda de una mayor formalización se concrete mediante una reducción de las herramientas de fiscalización. El punto de discusión no es únicamente la simplificación de los trámites, sino también qué capacidad conservará el Estado para detectar inconsistencias, investigar patrimonios y controlar operaciones que puedan resultar sospechosas.

La aprobación también se produjo en una semana de fuerte actividad parlamentaria para el Gobierno. El Poder Ejecutivo impulsa, además, el tratamiento del Presupuesto 2027, una reforma electoral y otras iniciativas que forman parte de su agenda legislativa.

Con 44 votos positivos y 23 negativos, Inocencia Fiscal II quedó finalmente convertida en ley. Para el Gobierno, representa un paso adelante en su objetivo de modificar el sistema tributario y promover la utilización de capitales que permanecen fuera de la economía formal. Para sus críticos, en cambio, la reforma implica una reducción de los controles estatales que puede dificultar la tarea de fiscalización y abre interrogantes sobre el alcance real de las nuevas reglas.