El Gobierno de Javier Milei decidió desplazar al personal civil que trabaja en la Quinta de Olivos y avanzar con una reorganización que dejará bajo la órbita de la Casa Militar no solo las tareas de seguridad, sino también actividades que históricamente estuvieron a cargo de trabajadores civiles, como la cocina, el mantenimiento y la jardinería.

La decisión fue comunicada por Presidencia como una medida destinada a reforzar la seguridad de la residencia presidencial. Sin embargo, la forma en que se concretó el desplazamiento y la falta de explicaciones a los trabajadores generaron cuestionamientos y alimentaron distintas versiones sobre las razones que llevaron al Gobierno a tomar esta determinación.

Según informaron desde Presidencia, “la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia”.

La Casa Militar, que tradicionalmente tiene bajo su responsabilidad la seguridad del Presidente, pasará así a concentrar también funciones administrativas y operativas que hasta ahora realizaba personal civil. El Gobierno justificó la medida en “la escalada de inseguridad a nivel global” y en la próxima visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

Desde la administración de Milei señalaron que la presencia del pontífice durante tres días demandará “un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial”.

El argumento oficial, sin embargo, contrasta con la magnitud de la reorganización. La medida no se limita a reforzar la seguridad durante una actividad excepcional, sino que contempla la transferencia integral de las responsabilidades y los bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar.

El Gobierno anunció que el proceso se completará en un plazo máximo de 60 días y que implicará la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. Entre los objetivos explicitados aparece la reducción de la estructura formal y de la cantidad de personal que trabaja en la residencia.

Personas familiarizadas con el funcionamiento de la Quinta de Olivos señalaron que una situación de estas características no se había registrado desde la recuperación de la democracia. Según esas fuentes, la concentración de todas las actividades de la residencia en manos de personal militar representa una ruptura con el funcionamiento habitual de la institución.

La incertidumbre también alcanzó a los trabajadores. Según el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado Capital, Daniel Catalano, son diez los empleados despedidos, aunque ese número todavía no fue confirmado oficialmente por el Gobierno.

“Despidieron sin ningún motivo al personal de la Quinta de Olivos. Los trabajadores se presentaron a su puesto de laburo como todos los días a realizar las labores que llevan adelante y no pudieron hacerlo. No se les dio ninguna explicación. Nada”, sostuvo el dirigente sindical.

Los trabajadores también señalaron que durante los últimos días habían advertido un incremento en la presencia de efectivos militares dentro de la residencia. En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre un recambio en algunas de las funciones y puestos que históricamente estuvieron ocupados por civiles.

A la explicación oficial se sumaron otras hipótesis. Una de ellas vinculó la decisión con un episodio relacionado con uno de los perros de Milei y una supuesta sospecha sobre un intento de envenenamiento. Sin embargo, personas del entorno presidencial rechazaron esa versión y la calificaron como “cualquiera”.

También aparecieron cuestionamientos vinculados con contrataciones y compras realizadas para la Quinta de Olivos, entre ellas las destinadas a jardinería, mantenimiento y provisión de alimentos. En este punto, la discusión se cruza con una denuncia que ya se encuentra bajo análisis judicial.

Meses atrás, la diputada Marcela Pagano denunció presuntas irregularidades en una licitación pública por 700 millones de pesos vinculada al mantenimiento y la jardinería de la Residencia Presidencial. La legisladora sostuvo que el proceso, identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26, fue firmado por Karina Milei y habría sido direccionado para beneficiar a Franco Castelli.

Pagano vinculó a Castelli con una colaboradora cercana a la secretaria general de la Presidencia, aunque esas acusaciones forman parte de una denuncia y deberán ser acreditadas en el ámbito correspondiente.

La diputada también cuestionó que las empresas que participaron del proceso, La Mantovana de Servicios Generales Sociedad Anónima y Grub Sociedad Anónima, integrarían el mismo espacio empresarial, denominado Grupo Buena Vista Sociedad Anónima, según antecedentes citados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

El expediente llegó a la Justicia federal. A mediados de mayo, el fiscal federal Ramiro González solicitó al juez Sebastián Ramos que requiriera al Gobierno la documentación completa relacionada con la licitación cuestionada.

En medio de esa investigación y de los cuestionamientos sobre distintas contrataciones, dirigentes que mantienen contacto con el Gobierno deslizaron otra posible explicación para la reorganización. “En este gobierno no queremos jardineros que se vuelvan millonarios”, señalaron, planteando que el cambio podría estar relacionado con el manejo de esas contrataciones y no exclusivamente con las razones de seguridad expuestas oficialmente.

Por ahora, el Gobierno sostiene que la reorganización responde a una decisión institucional para fortalecer la seguridad presidencial, facilitar los procedimientos administrativos y adecuar el funcionamiento de la residencia a las facultades de la Casa Militar contempladas en la normativa vigente.

Lo concreto es que la medida avanza hacia una Quinta de Olivos con una presencia militar mucho más amplia que la que tuvo durante las últimas décadas. Mientras Presidencia promete una estructura más reducida y centralizada, los trabajadores afectados denuncian que fueron apartados de sus funciones sin recibir explicaciones y persisten interrogantes sobre los motivos reales que llevaron al Gobierno a tomar una decisión de semejante alcance.