El conflicto entre los trabajadores del Hospital Garrahan y las autoridades nacionales volvió a escalar y ahora llegó nuevamente a la Justicia. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) amplió una denuncia por presunta persecución gremial y presentó otra contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el director del hospital, Mariano Pirozzo, por el destino de fondos millonarios.

La disputa tiene como antecedente los reclamos salariales que atravesaron al hospital durante la primera etapa de la gestión de Javier Milei. Aunque en noviembre de 2025 los trabajadores consiguieron un aumento del 61%, la tensión no desapareció y en los últimos meses se sumaron cuestionamientos vinculados al funcionamiento del establecimiento, la falta de personal y la situación de los insumos.

El conflicto tomó mayor dimensión el 31 de agosto, cuando se conoció el desplazamiento de Norma Lezana, nutricionista y referente gremial de APyT. La trabajadora, según sus abogadas, se encontraba realizando una licencia gremial y hasta el momento no había recibido la notificación formal de su cesantía.

Lezana vinculó su situación laboral con las denuncias que el gremio viene realizando sobre la administración de los recursos del hospital. Según sostuvo, a partir de un informe económico que la Justicia obligó a presentar al Garrahan, APyT detectó que fondos destinados a prótesis y medicamentos de alto costo se encontraban colocados en instrumentos financieros.

Las abogadas Alejandra Giordano y Mariana Chiacchio sostienen que la desvinculación constituye un acto discriminatorio. Desde la dirección del hospital, en cambio, Pirozzo justificó la decisión con el argumento de que Lezana no habría atendido pacientes.

Las presentaciones judiciales quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo de María Servini. Una de ellas cuestiona los sumarios iniciados contra Lezana y otros 44 profesionales del hospital, mientras que la segunda apunta a la administración de los fondos y tiene como denunciados a Lugones y Pirozzo.

Según la defensa de Lezana, los procedimientos administrativos estuvieron plagados de irregularidades. Entre los ejemplos mencionaron que durante el proceso se convocó como testigo a favor de la trabajadora a una persona que se encontraba de vacaciones y que no se aceptó modificar la fecha de su declaración.

También cuestionaron que las autoridades rechazaran una prueba destinada a determinar si delegados de otros sindicatos con presencia en el Garrahan, como Sutecba y UPCN, realizan tareas durante sus respectivas licencias gremiales. Para las abogadas, esa decisión constituye otro elemento que debe ser analizado como parte de la denuncia por discriminación.

La estrategia judicial de la defensa apunta a obtener la nulidad de los sumarios que involucran tanto a los 44 trabajadores como a Lezana. Las abogadas también señalaron que existe un fallo de Casación relacionado con hechos ocurridos en octubre de 2025 que determinó que no hubo delito y que la cuestión quedó vinculada al derecho a la protesta.

La denuncia que involucra directamente a Lugones y Pirozzo se concentra en los fondos del hospital. APyT pidió que se investigue si existió malversación de caudales públicos y cuál fue el destino de los recursos financieros. La presentación se originó luego de un amparo impulsado por el gremio para acceder a información que, según denunciaron, las autoridades no habían entregado.

De acuerdo con el informe presentado por la administración del Garrahan el 29 de junio, al 31 de diciembre de 2025 el hospital tenía $58.107.618.576,02 colocados en inversiones financieras. APyT detalló que unos $40.899 millones correspondían a bonos, títulos y letras, mientras que otros $17.208 millones estaban colocados en un fondo común de inversión.

El gremio también señaló que el monto invertido en bonos había aumentado en $4.691 millones entre 2024 y 2025, mientras que los aportes nominales de Nación al hospital habían pasado de $304.627 millones a $252.077 millones. Para APyT, esa combinación requiere una investigación sobre la administración de los recursos.

Las autoridades del hospital sostienen otra interpretación. Según explicaron, las inversiones se encuentran contempladas por el DNU 668/19, que establece que los excedentes de organismos públicos deben colocarse en títulos públicos. Desde esa perspectiva, la existencia de activos financieros no significa que el Garrahan tenga $58 mil millones disponibles y sin necesidades que atender, sino que se trata de fondos destinados a preservar la previsibilidad financiera de una institución de alta complejidad.

La disputa por los recursos se desarrolla, además, en medio de fuertes cuestionamientos sobre la situación del personal. APyT sostiene que el hospital atraviesa un déficit de trabajadores provocado por las renuncias asociadas a la pérdida salarial y por la falta de reposición de cargos.

Durante el acto por el 39° aniversario de la institución, realizado en agosto, Lezana había advertido que el Garrahan no había repuesto a los profesionales que renunciaron por los bajos salarios ni había recuperado la dotación necesaria de Enfermería. Según la referente gremial, el faltante de trabajadores alcanzaba un nivel “peligrosamente alto, al límite de la mala praxis”.

Con las nuevas presentaciones judiciales, el conflicto vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el Gobierno, la conducción del Garrahan y sus trabajadores. Mientras APyT reclama que se investigue el manejo de los fondos y denuncia persecución gremial, las autoridades defienden la legalidad de las inversiones y cuestionan los argumentos utilizados por el sindicato.