Los abogados de Cristina Kirchner presentaron una nueva prueba que, según sostienen, puede modificar el análisis de la causa Vialidad y permitiría solicitar una revisión de la condena contra la expresidenta. El elemento surgió durante una declaración testimonial en la causa Cuadernos y consiste en una planilla interna de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindaron una conferencia de prensa para explicar el alcance del documento. Según plantearon, la información contradice la hipótesis de que durante los gobiernos kirchneristas se direccionaron licitaciones de obra pública para beneficiar al empresario Lázaro Báez.

Beraldi explicó que el 6 de agosto, durante una audiencia de la causa Cuadernos, un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad que había sido citado como testigo por la Fiscalía presentó “una planilla” con el detalle de las inversiones realizadas por el organismo entre 2009 y 2015.

“Nos encontramos que entre ese período, la inversión que se había hecho era enorme, más de 2.000 millones de dólares, pero lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%. Esto demuestra, con un elemento concreto, que lo que se había dicho en la sentencia, que se lo había querido beneficiar a Lázaro Báez, era falso”, sostuvo el abogado.

De acuerdo con la defensa, las empresas vinculadas a Báez ocupaban “un lugar muy relegado” entre las principales adjudicatarias de obras públicas durante ese período. En contraposición, Beraldi señaló que el mayor volumen de fondos habría correspondido a una compañía vinculada a la familia Macri.

Rafael Valim fue el encargado de mostrar el detalle de los porcentajes durante la presentación. Según los datos exhibidos, IECSA S.A., fundada por Franco Macri, recibió el 16,36% del total de una inversión que los abogados ubicaron en alrededor de 2.200 millones de dólares entre 2009 y 2015.

“Esos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible”, afirmó Valim al referirse a la información presentada por la defensa.

Los abogados consideran que el documento puede ser incorporado como nueva evidencia a la presentación que realizaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Además, anticiparon que analizarán la posibilidad de presentar un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

“Hoy tenemos un elemento prueba nuevo que no existía en el momento en que se emitió la sentencia”, sostuvo Beraldi durante la conferencia de prensa.

Cristina Kirchner cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, tras lo cual su defensa recurrió a una nueva instancia internacional ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La expresidenta fue condenada por el delito de “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública en el marco de la causa Vialidad, vinculada con 51 licitaciones de obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.

La defensa busca ahora que el nuevo elemento sea evaluado en las instancias correspondientes. Su planteo apunta a cuestionar uno de los fundamentos utilizados para sostener que existió un mecanismo destinado a beneficiar al empresario Lázaro Báez mediante la adjudicación de obras.