El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei vuelve a poner bajo la lupa las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), en un contexto en el que millones de familias dependen de estas prestaciones para sostener sus ingresos.

La propuesta oficial plantea cambios sobre el régimen de asignaciones familiares y vuelve a generar interrogantes sobre el mecanismo mediante el cual se actualizan estos beneficios. Actualmente, la Ley 27.160 establece que las asignaciones familiares son móviles y que la actualización de sus montos y de determinados límites de ingresos se realiza mediante el mecanismo previsto por la normativa.

El esquema vigente permitió que durante 2026 ANSES aplicara sucesivos incrementos sobre los montos y los rangos de ingresos de las asignaciones familiares. Por ejemplo, para julio de este año el organismo estableció un aumento del 2,15 por ciento.

La cuestión central que se abre con el Presupuesto 2027 es qué ocurriría con ese mecanismo de actualización si prosperan las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo. El debate adquiere especial relevancia porque una eventual pérdida de la movilidad automática podría impactar sobre prestaciones destinadas a hogares de menores ingresos.

Entre los beneficios alcanzados por el régimen se encuentran las asignaciones familiares para trabajadores registrados y distintas prestaciones vinculadas con la protección social. La AUH y la Asignación por Embarazo forman parte de este universo y cuentan con reglas específicas dentro del sistema. La propia Ley 27.160 establece expresamente la movilidad de las asignaciones y dispone que ANSES tenga a su cargo el cálculo correspondiente.

El antecedente inmediato es el Decreto 194/2024, mediante el cual el Gobierno modificó aspectos de la Ley 27.160. Esa norma mantuvo el principio de movilidad y estableció que la actualización se aplicaría tanto sobre los montos de las asignaciones como sobre los límites y rangos de ingresos familiares.

Desde entonces, ANSES continuó publicando resoluciones periódicas con los incrementos correspondientes. En febrero de 2026, por ejemplo, se estableció una actualización del 2,85 por ciento; en marzo fue del 2,88 por ciento y en abril alcanzó el 2,90 por ciento.

Por eso, cualquier modificación del régimen que afecte la fórmula o el mecanismo de actualización puede tener consecuencias concretas sobre el poder de compra de las familias beneficiarias. El punto de fondo es si las prestaciones continuarán siguiendo un mecanismo automático o si quedarán sujetas a decisiones posteriores del Poder Ejecutivo.

La discusión también se vincula con el discurso oficial sobre la reducción de la pobreza y la situación de los sectores de menores ingresos. Si los beneficios destinados a esos hogares dejan de acompañar la evolución de los precios, el valor real de las prestaciones puede deteriorarse aun cuando nominalmente continúen siendo pagadas.

El debate deberá darse ahora en el Congreso, donde el proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser analizado y eventualmente modificado antes de convertirse en ley.

Mientras tanto, la discusión sobre la AUH y las asignaciones familiares vuelve a instalar una pregunta central: qué nivel de protección social tendrá el Estado argentino durante 2027 y bajo qué reglas se actualizarán los ingresos de las familias que reciben estas prestaciones.