La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores advirtió que alrededor de 120.000 puestos de trabajo rurales podrían quedar comprometidos luego de que venciera el Decreto 514/2021, una normativa que establecía un régimen de compatibilidad entre el empleo rural temporario registrado y determinadas prestaciones de protección social.

El decreto, que había sido prorrogado por última vez en octubre de 2025, dejó de estar vigente el 1° de septiembre de 2026. Hasta el momento señalado por el gremio no se había publicado una nueva prórroga en el Boletín Oficial, situación que generó preocupación entre los trabajadores rurales ante el inicio de nuevas campañas agrícolas.

El reclamo sindical apunta a evitar que los trabajadores que acceden a empleos temporarios registrados pierdan automáticamente determinados beneficios sociales durante el período de contratación. Desde el Ministerio de Capital Humano, en tanto, sostienen que el trámite para garantizar la continuidad del mecanismo se encuentra en curso y que no habrá interrupciones en el cobro de las prestaciones.

El escenario vuelve a poner en discusión una de las características centrales del mercado laboral rural: la fuerte estacionalidad de muchas de sus actividades. Miles de trabajadores son contratados durante períodos específicos del año y luego atraviesan meses en los que no cuentan con una fuente de ingresos equivalente.

En ese contexto, la posibilidad de mantener determinadas prestaciones sociales mientras dura un contrato temporario es considerada por el sector sindical como un mecanismo destinado tanto a proteger los ingresos familiares como a incentivar la registración laboral. La preocupación de UATRE es que, si esa compatibilidad no queda garantizada, algunos trabajadores puedan evitar aceptar empleos formales para no perder beneficios necesarios durante el resto del año.

La organización sindical había anticipado el reclamo antes del vencimiento de la normativa. El 18 de agosto, el secretario general de UATRE, José Voytenco, envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar la continuidad del régimen y reclamó que la situación fuera atendida con carácter “urgente”.

Según informó el sindicato, al momento del vencimiento del decreto no había recibido una respuesta formal ni se había publicado una nueva prórroga. Desde UATRE señalaron que “esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias”.

El gremio sostiene que la eventual interrupción del régimen no tendría únicamente consecuencias sobre las prestaciones sociales, sino que podría repercutir sobre el proceso de formalización del empleo rural. La posibilidad de conservar determinados beneficios mientras se desarrolla una actividad temporaria había sido planteada como una herramienta para reducir los obstáculos que históricamente dificultaron la registración en el sector.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental”, afirmó UATRE, al señalar que permite que “el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar”.

El Decreto 514/2021 fue firmado en agosto de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, y comenzó a regir el 1° de septiembre de ese año. Su objetivo era establecer mecanismos que permitieran compatibilizar determinadas políticas de protección social con el trabajo registrado bajo modalidades temporarias o permanentes discontinuas propias de distintas actividades rurales.

La discusión, sin embargo, adquirió una nueva dimensión a partir de los cambios introducidos este año en la legislación laboral. En marzo de 2026 entró en vigencia la Ley 27.802 de Modernización Laboral, impulsada por el Gobierno nacional, que incorporó a la Ley de Trabajo Agrario el artículo 34 bis, referido específicamente a la compatibilidad entre el trabajo rural registrado y las prestaciones sociales.

La nueva disposición establece que los trabajadores temporarios tienen derecho a percibir las asignaciones familiares contributivas y que, una vez finalizada la relación laboral y cuando dejan de estar comprendidos dentro del régimen contributivo, pueden acceder al régimen de asignaciones familiares no contributivas correspondiente.

Este punto es utilizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa como uno de los argumentos para sostener que la compatibilidad ya fue incorporada al marco legal y que, por ese motivo, no sería indispensable una nueva prórroga del Decreto 514/2021.

La diferencia de interpretación se encuentra en el centro de la discusión actual. Mientras UATRE reclama una extensión expresa para evitar cualquier vacío normativo, otros sectores consideran que las nuevas disposiciones legales ya permiten garantizar parte de los derechos que estaban contemplados en el esquema anterior.

El punto que genera mayor incertidumbre es determinar con precisión cuáles son las prestaciones alcanzadas por las nuevas disposiciones, bajo qué condiciones se mantiene la compatibilidad y qué ocurre con aquellos mecanismos que habían sido establecidos específicamente a partir del Decreto 514/2021 y sus normas complementarias.

Para el sector rural, la definición adquiere especial importancia en las semanas previas al inicio de nuevas campañas agrícolas, cuando aumenta la demanda de trabajadores temporarios. La posibilidad de combinar un empleo registrado con determinados mecanismos de protección social busca evitar que la formalización laboral termine generando una pérdida de ingresos para familias que dependen de prestaciones durante los períodos de menor actividad.

Mientras continúa el trámite administrativo señalado por el Gobierno, UATRE mantiene el reclamo para que la continuidad del régimen quede formalmente garantizada. La resolución de la situación será seguida de cerca por trabajadores, productores y entidades del sector, debido al impacto que puede tener sobre la contratación temporaria y la registración del empleo rural.