El Día de la Industria encuentra este año a la producción nacional con poco para festejar. A casi tres años de la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional, los principales indicadores muestran un escenario de retroceso para buena parte del entramado productivo, con una actividad industrial que se mantiene por debajo de los niveles registrados antes del inicio de la actual gestión.

La industria nacional opera actualmente un 10 por ciento por debajo del nivel de 2023 y numerosos sectores trabajan con una elevada proporción de capacidad ociosa. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan una combinación de caída de ventas, dificultades para cobrar, mayores niveles de endeudamiento y pérdida de puestos de trabajo.

El deterioro también aparece reflejado en los últimos datos del Índice de Producción Industrial del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La actividad manufacturera acumuló durante el primer semestre de este año una contracción del 2,2 por ciento frente al mismo período de 2025 y permanece un 11 por ciento por debajo de los niveles de 2022.

Otros indicadores productivos muestran una evolución similar. La producción de automóviles registra una caída acumulada del 18 por ciento frente a 2025 y 2022, mientras que los despachos de cemento disminuyeron 3 por ciento en comparación con el año pasado y 24,9 por ciento respecto de 2022. En tanto, el Índice Construya, asociado a las ventas de productos para la construcción, retrocedió 0,6 por ciento en términos interanuales y 30,2 por ciento frente a 2022.

La situación también quedó expuesta en la segunda Encuesta de Indicadores Industriales elaborada por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. El relevamiento mostró que el 38 por ciento de las empresas consultadas registró una disminución de su producción, mientras que el 45,5 por ciento tuvo una caída en sus ventas y el 30,4 por ciento redujo sus exportaciones.

El empleo tampoco escapó al escenario negativo. El 22,4 por ciento de las empresas relevadas informó una reducción de su dotación de personal. Entre las compañías que ya realizaron ajustes, el 35,1 por ciento redujo turnos y el 21,3 por ciento adelantó vacaciones.

"La caída de la demanda interna continúa siendo la principal preocupación, mencionada por una de cada dos empresas", señalaron desde el sector industrial al analizar los resultados del relevamiento.

Para las pequeñas y medianas empresas industriales, el panorama presenta dificultades adicionales. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores aparece como uno de los principales factores que afectan al mercado interno y, en consecuencia, a las empresas que dependen del consumo doméstico.

"El gran problema que tenemos las pymes industriales con respecto a la caída de la producción claramente se debe a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores", señaló Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos.

El empresario calificó el escenario como "crítico" y puso el foco en la falta de ventas, el endeudamiento de las familias mediante tarjetas de crédito y los niveles de morosidad. Según explicó, esa combinación termina impactando directamente sobre el mercado interno y se traslada hacia toda la cadena productiva de las pequeñas y medianas empresas.

La capacidad instalada también refleja las dificultades que atraviesa la industria. En junio se ubicó en 59,1 por ciento, apenas por encima del 58,9 por ciento registrado un año atrás. Sin embargo, detrás de ese promedio existen sectores que utilizan menos de la mitad de su capacidad productiva.

Edición e impresión trabajó al 53,5 por ciento de su capacidad instalada; productos minerales no metálicos, al 51,8 por ciento; productos textiles, al 46,6 por ciento; productos del tabaco, al 46,3 por ciento; la industria automotriz, al 45,5 por ciento; la industria metalmecánica, excluidos los automotores, al 41,5 por ciento; y productos de caucho y plástico, al 41 por ciento.

Según la Unión Industrial Argentina, para el 65,7 por ciento de las empresas encuestadas el nivel de utilización de la capacidad instalada se encontraba por debajo del nivel considerado óptimo.

Los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa también reflejan el retroceso. De acuerdo con su Índice de Producción Industrial Pyme, la actividad manufacturera cayó 7,8 por ciento interanual en mayo y acumuló una retracción del 11,3 por ciento.

La caída alcanzó a todos los sectores relevados. Entre los más afectados se encontraron químicos y plásticos, con una disminución del 21,3 por ciento; alimentos y bebidas, con 9,4 por ciento; y papel, cartón y edición, con 8,3 por ciento.

Desde Industriales Pymes Argentinos señalaron además que los sectores más golpeados durante la actual gestión fueron la industria textil, el calzado, la fabricación de bienes de capital y las actividades vinculadas al consumo masivo. En estos últimos segmentos, según indicaron, "las ventas han caído un 30,0%".

A la caída de la demanda interna se suma otro factor que genera preocupación entre los empresarios: el incremento de la presencia de productos terminados importados en el mercado argentino.

"Las importaciones son, en cierta forma, la raíz del problema que hoy sufre la Argentina en materia de producción", afirmó Rosato. El dirigente sostuvo que la industria manufacturera viene cayendo como consecuencia del ingreso de importaciones que considera desleales y cuestionó la ausencia de controles y precios de referencia.

También advirtió sobre el crecimiento del contrabando y su impacto sobre los sectores orientados a productos de consumo familiar.

La mayor presencia de bienes extranjeros no solamente compite con la producción nacional, sino que también comienza a modificar las estrategias de algunas empresas. Un informe del Observatorio Pyme detectó que, en medio de la caída de la fabricación y las ventas, algunas compañías empezaron a obtener mejores resultados mediante la comercialización de productos importados que a través de la producción propia.

Entre las empresas que lograron incrementar sus ventas, los productos importados tuvieron el mejor desempeño. El 24 por ciento de las firmas que comercializan bienes provenientes del exterior informó un aumento de sus ventas, mientras que esa proporción fue diez puntos menor entre las compañías que venden productos nacionales.

El relevamiento también mostró que la preocupación empresarial por la competencia de las importaciones se duplicó en apenas un año. El fenómeno se convirtió en uno de los indicadores que más crecieron dentro del estudio y refleja el impacto de la mayor presencia de productos extranjeros, particularmente provenientes de China.

En paralelo, las dificultades financieras se transformaron en otro de los principales problemas para las pequeñas y medianas empresas. Según la encuesta trimestral de la Unión Industrial Argentina, el 44,9 por ciento de las firmas tuvo dificultades para pagar en forma completa al menos uno de los siguientes compromisos: salarios, proveedores, obligaciones financieras, servicios públicos e impuestos.

Entre las consecuencias de esos atrasos aparecen el aumento del endeudamiento o la necesidad de recurrir a financiamiento de corto plazo, situación que afectó al 36,3 por ciento de las empresas, y el pago de intereses y mayores costos financieros, registrado por el 33,9 por ciento.

"La situación actual generó problemas que tienen que ver con el aumento de la morosidad, mayores embargos en las empresas, y la rotura de la cadena de pagos que lleva a un efecto dominó y traslada el problema a toda la cadena de valor", sostuvo Rosato.

El problema no termina en la caída de las ventas. Para numerosas empresas, incluso cuando logran concretar operaciones, la dificultad pasa por cobrar en tiempo y forma. Según el Observatorio Pyme, el 60 por ciento de las pequeñas y medianas empresas industriales identificó los retrasos en los pagos de sus clientes como uno de sus principales problemas, frente al 35 por ciento que señalaba esa dificultad un año atrás.

La encuesta de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino también reflejó la tensión financiera. Siete de cada diez empresas denunciaron durante este año una extensión unilateral de los plazos de pago por parte de sus clientes, más de la mitad registró un aumento de los incumplimientos y casi tres de cada diez tuvieron que afrontar deudas incobrables.

El relevamiento, realizado sobre más de 250 empresas de todas las provincias, indicó además que casi cuatro de cada diez compañías cobran sus ventas a más de 60 días, mientras que el plazo promedio de pago a proveedores es de 30 días. De esta manera, las empresas terminan financiando a sus propios clientes con capital de trabajo.

"Las empresas deben financiar su operación durante casi dos meses antes de recuperar el dinero de sus ventas, agravando la situación de liquidez, con impacto directo en la solvencia y continuidad operativa de las empresas", señalaron desde el sector.

Las pequeñas y medianas empresas también dependen cada vez más de recursos propios para sostener sus operaciones. El 87,5 por ciento afirmó financiar su actividad con capital propio y el principal motivo para tomar deuda dejó de estar asociado a la ampliación de la capacidad productiva.

En la actualidad, el 28,2 por ciento de las empresas que recurren al endeudamiento lo hace para reponer capital de trabajo y el 25,9 por ciento para afrontar el pago de salarios y aguinaldos. A esto se suma que el 23,8 por ciento de las compañías no sabe o no responde a qué tasa accede al financiamiento, situación que desde el sector interpretaron como un indicio de que "buena parte de las empresas no accede al crédito formal de ninguna forma".

El panorama podría sumar una nueva dificultad a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvo media sanción en el Congreso. De acuerdo con un análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la modificación propuesta por el oficialismo elimina herramientas que permitían orientar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales y determinados objetivos de inclusión financiera.

El análisis señala que la normativa vigente permite al Directorio del Banco Central "regular las condiciones del crédito" y orientar su destino mediante diferentes mecanismos. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el nuevo esquema mantiene facultades vinculadas con la regulación del riesgo, los plazos, las tasas y las comisiones, pero elimina la posibilidad de orientar el destino del crédito mediante determinados instrumentos.

También se eliminaría una disposición que permite establecer políticas diferenciadas para las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, una herramienta incorporada en la reforma de 2012.

Mientras tanto, las expectativas empresariales hacia los próximos meses permanecen debilitadas. Según la Unión Industrial Argentina, aumentó la proporción de empresas que perciben un deterioro respecto del año anterior tanto en el plano empresarial como sectorial y nacional.

El contraste con las expectativas registradas un año atrás también resulta significativo. En 2025, el 64,3 por ciento de las empresas esperaba una mejora de la situación del país durante 2026. En el relevamiento actual, solamente el 17,8 por ciento afirmó encontrarse efectivamente mejor.

Ante este escenario, desde el sector de las pequeñas y medianas empresas reclaman medidas de emergencia destinadas a evitar un mayor deterioro del entramado productivo.

"No hay ninguna medida actual orientada a darle solución a nuestro problema. Estamos proponiendo que se declare la emergencia económica, social, productiva y laboral en el Congreso de la Nación, porque necesitamos medidas concretas para hacer frente a la crisis de las pequeñas y medianas empresas, de lo contrario la situación se va a agravar", afirmó Rosato.

Las entidades industriales advierten que el deterioro de la producción, la caída del consumo, la competencia de las importaciones, las dificultades para acceder al crédito y la ruptura de la cadena de pagos pueden profundizar la pérdida de empresas y puestos de trabajo.

De acuerdo con las estimaciones difundidas desde el sector, si la situación no se revierte, los más de 300.000 puestos de trabajo perdidos podrían superar el medio millón al cierre del año, acompañado por un incremento de la informalidad laboral y un nuevo impacto sobre los niveles de pobreza.

"De no revertirse la actual situación vamos a pasar de 300.000 puestos de trabajo perdidos a más de 500.000 a fin de año, y con un aumento de la informalidad que va a generar más pobreza", alertaron desde el sector industrial.

Así, en una fecha que históricamente busca poner en valor el papel de la producción nacional, el escenario encuentra a buena parte de la industria argentina atravesando un período de fuerte incertidumbre, con empresas que producen menos, venden menos, tienen mayores dificultades para cobrar y dependen cada vez más de sus propios recursos para sostenerse.