Las dietas de los senadores volverán a aumentar y superarían los 13,1 millones de pesos brutos a partir de enero de 2027, como consecuencia de un mecanismo de actualización vinculado a los incrementos acordados para los trabajadores del Congreso. El aumento contrasta con la situación del salario mínimo, que se mantiene muy por debajo del costo necesario para que una familia pueda superar la línea de pobreza.

El ajuste surgió del acuerdo alcanzado entre las autoridades parlamentarias y los gremios legislativos, que contempla incrementos escalonados de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. En conjunto, los aumentos representan una suba cercana al 7% durante el último cuatrimestre de 2026 y se trasladan a las dietas de los integrantes de la Cámara Alta, aunque sin incluir los bonos extraordinarios.

El esquema de ingresos de los senadores contempla 2.500 módulos correspondientes a la dieta básica, a los que se agregan otros 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y 500 por desarraigo. A esto se suma la incorporación de una decimotercera dieta destinada a equiparar el aguinaldo.

La única senadora que quedó fuera de este mecanismo es Alicia Kirchner, quien decidió renunciar a este ingreso parlamentario al asumir su banca para conservar su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz.

La actualización vuelve a poner bajo la lupa el mecanismo que vincula los ingresos de los legisladores con las paritarias del personal del Congreso. El sistema había generado una fuerte polémica en 2024, cuando los legisladores habían decidido atar sus dietas a los aumentos de los trabajadores parlamentarios.

Aquel episodio derivó en un fuerte rechazo político y obligó a revisar el esquema. También se frenó una suba impulsada por Victoria Villarruel y Martín Menem y se estableció, con el respaldo de todos los bloques, el congelamiento de las dietas hasta fines de 2025. Sin embargo, una vez finalizado ese período, el mecanismo de actualización volvió a quedar operativo.

Ante el impacto político que genera el nuevo aumento, algunos sectores del oficialismo buscaron diferenciarse de la medida. Desde el espacio vinculado con Patricia Bullrich anunciaron que mantendrán la decisión de donar la diferencia correspondiente a los incrementos a entidades benéficas o instituciones públicas de las provincias.

La discusión sobre los ingresos de los legisladores se produce al mismo tiempo que en la Cámara de Diputados avanza una iniciativa para modificar el salario mínimo y vincularlo directamente con el costo de vida.

El proyecto, presentado por un grupo de legisladores encabezado por Varinia Lis Marín, propone modificar la legislación laboral para establecer que ningún trabajador que cumpla una jornada completa perciba un salario mínimo inferior al valor de la Canasta Básica Total que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos para una familia tipo del Gran Buenos Aires.

Según los datos incluidos en la iniciativa, el Salario Mínimo, Vital y Móvil correspondiente a agosto de 2026 se ubica en 376.600 pesos, mientras que la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes alcanza los 1.531.472 pesos.

La diferencia muestra la distancia entre ambos valores: el salario mínimo representa apenas una parte del ingreso necesario para que una familia tipo pueda cubrir los bienes y servicios considerados esenciales y evitar quedar por debajo de la línea de pobreza.

El proyecto fue girado a la Comisión de Legislación del Trabajo y plantea modificar el artículo 140 de la Ley 24.013. La propuesta no establece una suma fija ni un porcentaje determinado de aumento, sino que busca vincular el piso salarial con la evolución de la Canasta Básica Total medida oficialmente.

De esta manera, mientras las dietas de los senadores cuentan con un mecanismo que permite actualizar sus ingresos a partir de los acuerdos salariales del ámbito legislativo, la iniciativa presentada en Diputados busca establecer por ley una referencia automática para que el salario mínimo no quede por debajo del costo básico de vida.

El contraste vuelve a instalar en el centro del debate la diferencia entre los ingresos de los representantes del Congreso y el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, en un contexto en el que el costo de vida continúa marcando una fuerte distancia respecto de los ingresos más bajos.