Las cuentas públicas del Gobierno de Javier Milei volvieron a quedar bajo la lupa por una cuestión que excede una simple discusión técnica: una parte importante de los fondos transferidos a la Ciudad de Buenos Aires no aparece contabilizada como gasto en los balances presupuestarios nacionales. Según un análisis basado en información oficial, la suma involucrada se acercaría al billón de pesos y tendría un impacto considerable sobre el resultado fiscal que exhibe la administración nacional.

Durante el primer semestre del año, el Gobierno nacional transfirió a la Ciudad de Buenos Aires 676 mil millones de pesos en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que estableció un nuevo porcentaje de coparticipación para el distrito. A esa cifra se sumarían unos 250 mil millones correspondientes a julio y agosto, que tampoco habrían sido registrados en las cuentas nacionales como una erogación.

La situación fue detectada a partir del análisis de las planillas presupuestarias del Gobierno nacional y posteriormente pudo ser contrastada con documentación oficial difundida por la administración porteña. Allí aparecen discriminados los recursos recibidos por la Ciudad y surge una diferencia significativa respecto de lo que figura en los registros de ejecución presupuestaria de la Nación.

En la documentación porteña figura, bajo el concepto “Transferencia a cuenta de costo, costas, acc e ints Expediente CSJN 1865/2020”, un ingreso de 675.333.966.298,25 pesos durante el primer semestre del año.

El contraste con los registros nacionales resulta llamativo. En las planillas de ejecución presupuestaria de la Nación figura una transferencia de 87.783,91 millones de pesos realizada en febrero bajo el concepto “Cumplimiento de medida cautelar CSJN 1864/2020” durante los primeros ocho meses del año.

A partir de la diferencia entre ambos registros y de la aplicación del porcentaje establecido por la Corte Suprema, se estima que durante julio y agosto ingresaron a las arcas porteñas otros 250 mil millones de pesos que no aparecen reflejados como gasto en las cuentas del Estado nacional.

El punto central de la controversia es que no se trata de un compromiso futuro ni de una obligación que haya quedado pendiente. Son recursos efectivamente transferidos y, por lo tanto, dinero que salió de las cuentas nacionales. La discusión pasa entonces por la forma en que esas erogaciones son registradas y por el impacto que esa metodología tiene sobre los resultados fiscales que presenta el Gobierno.

La diferencia no es menor. Durante el primer semestre, la Secretaría de Hacienda informó un superávit primario de 7.327.029 millones de pesos y un resultado financiero positivo de 1.456.194 millones. Si se incorporan las transferencias a la Ciudad que aparecen en la documentación porteña, esos números se reducirían a aproximadamente 6,7 billones de pesos en el resultado primario y unos 790 mil millones en el financiero.

La situación se repite en julio. El Sector Público Nacional informó un superávit financiero de 244.897 millones de pesos y un resultado primario positivo de 2.960.333 millones. Sin embargo, esas cifras tampoco contemplarían una transferencia vinculada con el fallo de la Corte, estimada en entre 120 mil y 140 mil millones de pesos.

El debate adquiere mayor relevancia porque el resultado fiscal constituye uno de los principales indicadores que utiliza el Gobierno para mostrar el desempeño de su programa económico. El superávit es, además, una de las banderas centrales de la administración de Milei y un elemento clave de su estrategia para transmitir previsibilidad a los mercados y sostener el respaldo del Fondo Monetario Internacional.

Por eso, cualquier diferencia significativa entre el resultado informado y el que surgiría de una registración más amplia de los gastos obliga a revisar con atención la metodología utilizada. El problema no pasa solamente por el número final, sino por la transparencia con la que se presentan las cuentas públicas.

A esto se suma otro componente de la discusión fiscal. Las estadísticas oficiales tampoco reflejan de manera inmediata determinados efectos vinculados con los intereses que se capitalizan de las Letras del Tesoro y con los ajustes de capital de los bonos ajustados por inflación. En esos casos, se trata de mecanismos que no necesariamente implican una salida inmediata de dinero, pero que incrementan el volumen de deuda pública.

La situación de las transferencias a la Ciudad es diferente. En este caso, los recursos efectivamente fueron desembolsados y llegaron a su destino. No se trata de una obligación que simplemente haya aumentado el stock de deuda, sino de dinero que salió del Estado nacional.

El origen de la disputa se encuentra en el expediente CSJN 1865/2020, una acción declarativa de inconstitucionalidad iniciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado nacional. La Corte Suprema dispuso que la Nación entregue al distrito el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables y estableció que esos recursos sean transferidos de manera diaria y automática a través del Banco Nación.

El fallo también determinó que el Estado nacional se abstuviera de aplicar la Ley 27.606, sancionada en diciembre de 2020, que había reducido el coeficiente de coparticipación porteño al 1,4 por ciento.

Como consecuencia de esa decisión judicial, la Ciudad recibe actualmente el 1,4 por ciento correspondiente al mecanismo habitual de coparticipación y, por separado, el 1,55 por ciento restante hasta alcanzar el porcentaje fijado por la Corte Suprema.

Es precisamente esa segunda transferencia la que genera la controversia contable. Mientras el dinero llega efectivamente a la Ciudad, su impacto no aparece reflejado de la misma manera en las cuentas nacionales utilizadas para calcular el resultado fiscal.

De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de la información disponible, el gasto que queda fuera de los registros alcanzaría alrededor de dos billones de pesos mensuales por distintos conceptos y superaría los 16 billones en el acumulado anual. Bajo una registración diferente, las cuentas mostrarían un escenario financiero sustancialmente menos favorable al que comunica actualmente el Gobierno.

La discusión, por lo tanto, no se limita a una diferencia entre especialistas en contabilidad pública. La manera en que se registran los ingresos y egresos determina qué resultado fiscal se comunica y, en consecuencia, cuál es la imagen que recibe la sociedad y también el mercado sobre la situación de las cuentas del Estado.

El Gobierno convirtió el superávit fiscal en uno de los principales símbolos de su gestión. Por eso, cuando aparecen partidas que fueron efectivamente desembolsadas pero que no tienen el mismo tratamiento en los balances oficiales, crece la necesidad de explicar con precisión qué metodología se está utilizando y por qué.

La controversia adquiere todavía mayor dimensión en un contexto en el que la recaudación impositiva muestra dificultades y el Gobierno necesita sostener la imagen de fortaleza fiscal que constituye uno de los pilares de su programa económico.

El dato que queda planteado es contundente: si los recursos transferidos a la Ciudad fueran incorporados plenamente al cálculo del resultado fiscal, el superávit financiero informado por la administración nacional quedaría sensiblemente reducido. La discusión sobre las cuentas públicas vuelve así a instalar una pregunta incómoda para el Gobierno: cuánto de la fortaleza fiscal que exhibe responde a una mejora efectiva de las cuentas y cuánto depende de la manera en que se contabilizan determinadas obligaciones y gastos.