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31 de agosto de 2026
Cajones abiertos y pertenencias revueltas: denuncian una nueva intromisión en la Casa Rosada
Periodistas acreditados descubrieron este lunes que habían revisado sus escritorios en la Sala de Prensa de la Casa Rosada. La Policía Federal tomó huellas y fotografías y la denuncia quedó en manos de la Justicia.
Los periodistas acreditados que llegaron este lunes a la Casa Rosada se encontraron con una situación inesperada: los cajones de numerosos escritorios estaban abiertos y varias pertenencias habían sido movidas de lugar. El episodio generó preocupación entre los trabajadores de prensa y derivó en una denuncia judicial.
Según relataron los propios periodistas, además de los cajones abiertos, encontraron bolsas revisadas, una agenda fuera de su lugar y alimentos que ya no estaban en la heladera. Algunos objetos habían quedado sobre los escritorios, en el piso o en sitios distintos de donde habían sido dejados antes del fin de semana.
El hecho despertó sospechas sobre un posible ingreso no autorizado a la Sala de Prensa. Sin embargo, la información aportada posteriormente por el Gobierno abrió un interrogante sobre cuándo pudo haber ocurrido la supuesta intromisión.
Desde la Casa Militar, encargada de la seguridad dentro de la sede gubernamental, señalaron que la sala había sido cerrada con llave el viernes a las 18.30 y abierta nuevamente el lunes a las 6.30. El primer periodista que ingresó y advirtió el desorden lo hizo alrededor de las 8.30.
De confirmarse esos horarios, el acceso podría haberse producido durante esas dos horas o haber sido realizado por alguien que contara con una llave. La Justicia deberá determinar qué ocurrió y quiénes pudieron haber ingresado al lugar.
Tras los primeros comentarios de los periodistas, personal policial de la comisaría que funciona dentro de la Casa Rosada se acercó a la sala y registró la situación. Luego fue solicitada la intervención de la Comisaría de Intervenciones Judiciales y cerca del mediodía llegó personal del Departamento de Unidad de Búsqueda de Evidencia (DUBE) de la Policía Federal para levantar posibles huellas y tomar fotografías.
La denuncia fue presentada por periodistas acreditados y quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
Un nuevo episodio que tensiona la relación con la prensa
El episodio ocurre en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno de Javier Milei y distintos sectores del periodismo. Los trabajadores de prensa también recordaron el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada entre el 23 de abril y el 4 de mayo, una medida que generó cuestionamientos de organizaciones vinculadas a la libertad de prensa.
Después de su reapertura, los periodistas denunciaron un endurecimiento de los controles dentro de Balcarce 50. Entre las medidas señaladas mencionaron cambios en el acceso para la prensa, controles de seguridad, registro de entradas y salidas, restricciones para circular por determinados sectores y la obligación de dejar las credenciales al ingresar.
Los trabajadores también sostienen que en algunas ocasiones son seguidos dentro del edificio cuando se trasladan por la Casa Rosada, incluso al dirigirse al baño o mientras hablan por teléfono.
En ese escenario, la aparición de los cajones abiertos y las pertenencias desplazadas generó especial preocupación entre los acreditados, que reclaman garantías para desarrollar su tarea sin intimidaciones ni interferencias.
Repudios y pedido de explicaciones
El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados en el que expresó su preocupación por el episodio y sostuvo que los hechos pueden afectar las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la libertad de prensa y expresión.
También se pronunciaron organizaciones periodísticas y gremiales. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su preocupación por la situación registrada en la Sala de Periodistas, mientras que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) reclamó que se respete el trabajo y la seguridad de los trabajadores acreditados en la Casa de Gobierno.
Ahora será la investigación judicial la que deberá establecer si efectivamente hubo un ingreso irregular, cuándo ocurrió y quiénes fueron los responsables de revisar los escritorios y pertenencias de los periodistas.
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