La tensión entre el Gobierno nacional y los trabajadores portuarios escaló este martes luego de que la Prefectura Naval Argentina intimara a 536 trabajadores de los servicios de practicaje y pilotaje a retomar de manera inmediata sus tareas, en el marco del conflicto generado por el nuevo régimen de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei.

La medida fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, donde la fuerza se presenta como la autoridad con "responsabilidad operativa y disciplinaria" para aplicar el Reglamento de los Servicios de Practicaje y Pilotaje establecido por el Decreto 690/2026, normativa que reemplaza el régimen vigente desde 1991.

La decisión oficial se produce en medio del paro que mantienen distintos sectores del practicaje, quienes rechazan la reforma promovida por el Gobierno al considerar que afecta las condiciones laborales, la organización de la actividad y los estándares de seguridad en los puertos argentinos.

En el documento, la Prefectura "notifica e íntima" a los 536 profesionales a la "inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje/pilotaje" para garantizar el funcionamiento regular de los servicios previstos en la nueva reglamentación.

El conflicto ya comenzó a impactar sobre la operatoria portuaria, con demoras en el ingreso y salida de embarcaciones en distintos puertos del país, situación que el Gobierno busca revertir mediante una combinación de intimaciones administrativas y advertencias judiciales.

La resolución oficial sostiene que quienes incumplan la intimación podrán ser sancionados por incurrir en una "falta grave", de acuerdo con el Anexo I del Decreto 690/2026 y las disposiciones del Reglamento General de la Navegación (REGINAVE), contemplando desde sanciones disciplinarias hasta la posible suspensión de habilitaciones profesionales.

Sin embargo, el aspecto que generó mayor preocupación entre los trabajadores fue la advertencia de eventuales consecuencias penales. En el texto, la Prefectura afirma que, "independientemente de las acciones administrativo disciplinarias que lleve adelante la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la realización de cualquier acción tendiente a facilitar una medida de fuerza destinada a interrumpir el servicio de practicaje / pilotaje podrá quedar captada en las previsiones del Código Penal de la Nación Argentina".

En ese sentido, el organismo menciona el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de entre dos y ocho años de prisión para quien "a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave".

Asimismo, advierte sobre la posible aplicación del artículo 194, que establece penas de tres meses a dos años de prisión para quien "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

La decisión oficial profundiza el conflicto abierto tras la entrada en vigencia del nuevo esquema de desregulación del sector portuario, una de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional para modificar el funcionamiento de los servicios vinculados a la navegación comercial.

Mientras el Ejecutivo sostiene que los cambios apuntan a modernizar la actividad y garantizar una mayor eficiencia operativa, los trabajadores denuncian que la reforma implica una pérdida de derechos laborales, debilita los controles sobre una actividad estratégica y abre la puerta a una mayor flexibilización del sector.

Con las intimaciones ya notificadas y la amenaza de sanciones administrativas y penales sobre la mesa, el conflicto portuario suma un nuevo capítulo y mantiene en alerta tanto a los trabajadores como a los operadores de una actividad clave para el comercio exterior argentino.