En esa localidad, ubicada en el norte de la provincia, a solo 145 kilómetros de CABA, se encuentra la planta procesadora de pollos del grupo GTA, la más importante de esa compañía. En ella se faenaban 240 mil aves por día, aproximadamente unas 600 toneladas de producto de exportación. Estos eran vendidos a 77 países en diferentes packs, dependiendo del lugar donde eran enviados.

Allí trabajaban casi 1200 personas, en su mayoría operarias y operarios de producción. El día 1° de septiembre comenzaron a llegar a los hogares de 700 de ellos los telegramas de despido.

Esto no sería extraño en esta realidad que atraviesa Argentina si no vemos el contexto y trasfondo de la historia.

La debacle comienza hace dos años aproximadamente, cuando los trabajadores comenzaron a percibir sus sueldos en forma atrasada, en un primer momento, para que luego fuera en cuotas y, finalmente, no percibir ninguna cantidad de dinero. Esto último ocurrió durante los cuatro o cinco meses anteriores a los despidos y al cierre de la empresa.

El panorama de los empleados es desolador y el futuro del pueblo no le va en zaga. Muchas personas que trabajaban allí provenían de diferentes lugares y alquilaban su vivienda. Esto hizo que, ante la falta de dinero y la imposibilidad de abonar el alquiler, comenzaran los desalojos o, en un posible arreglo con el propietario, se sumara deuda a la espera de una solución.

Los comercios sufren una merma lógica de ventas; los clubes y otras actividades de recreación o afines a la educación tienen menos usuarios. La vida del pueblo se muere lentamente.

Mientras tanto, el señor Joaquín De Gracia, dueño y presidente del directorio de la empresa, está desaparecido y sin importarle lo más mínimo el futuro de todas las personas que ayudaron, con su esfuerzo y dedicación, a su crecimiento personal y económico.

Esto es lo que ocurre en un solo pueblo, pero es la muestra, la biopsia de una realidad que circunda la vida de muchas personas en este momento, en nuestro país.