El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado fiscal de agosto y destacó que el Sector Público Nacional alcanzó un superávit financiero de $635.529 millones. Sin embargo, detrás del número que el Gobierno exhibe como uno de los principales logros de su programa económico aparece una fuerte contracción del gasto público que volvió a impactar sobre distintas áreas del Estado.

Según informó Caputo, durante agosto el Gobierno obtuvo un superávit primario de $1.990.322 millones y un resultado financiero positivo de $635.529 millones, luego de afrontar $1.354.793 millones en intereses netos de tenencias intrasector público.

En los primeros ocho meses del año, el resultado primario acumuló aproximadamente el 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el financiero alcanzó el 0,2%. El ministro defendió la estrategia oficial y sostuvo que “desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público”. También afirmó que el Gobierno concretó “en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB”.

Pero el dato que queda detrás de la celebración oficial es la magnitud del recorte aplicado sobre las cuentas públicas. Una estimación de Analytica, elaborada sobre la información del Ministerio de Economía, señaló que el gasto primario devengado cayó 10,3% interanual en términos reales durante agosto, la mayor contracción mensual registrada en 2026. En los primeros ocho meses del año, la reducción acumulada fue del 4,1%.

El mecanismo permite mostrar cuentas públicas con resultado positivo, pero también expone el costo de la estrategia sobre partidas destinadas a distintos sectores. La ejecución presupuestaria refleja una política de fuerte contención del gasto que alcanzó a las transferencias a las provincias, los programas sociales, las remuneraciones estatales y el financiamiento universitario.

Uno de los recortes más pronunciados se registró en las transferencias corrientes a las provincias, que se desplomaron 86,1% real interanual en agosto. En el acumulado de enero a agosto, la reducción alcanzó el 64,6%. Analytica precisó que, si se excluyen los recursos destinados a hospitales del Sistema de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), la caída fue del 55,2%.

El impacto de esta política no queda limitado a las cuentas nacionales. Al reducirse los fondos enviados desde Nación, las administraciones provinciales deben afrontar con recursos propios una mayor cantidad de gastos. En otras palabras, una parte del esfuerzo utilizado para mostrar el equilibrio fiscal nacional recae sobre otros niveles del Estado.

Los programas sociales también quedaron en el centro del ajuste. Sin contabilizar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares, el gasto destinado a estos programas cayó 40,6% real interanual en agosto, según la estimación de Analytica.

La comparación está parcialmente condicionada por el cese, en junio, de las transferencias correspondientes al programa Volver al Trabajo. Aun con esa salvedad, el retroceso refleja la magnitud de la política de reducción del gasto implementada por el Gobierno.

En las pensiones no contributivas, Analytica calculó una caída real del 76,7% durante agosto, aunque advirtió que el resultado está influido por una base de comparación elevada correspondiente al mismo mes del año anterior.

En el caso de las jubilaciones y pensiones, el recorte fue menor en términos porcentuales, pero adquiere otra dimensión debido al peso de estas partidas dentro del presupuesto y a la cantidad de personas alcanzadas. El gasto real destinado a jubilaciones y pensiones cayó 1,5% interanual en agosto y acumuló apenas una variación positiva del 0,1% en los primeros ocho meses del año, según el informe citado.

A esto se suma el congelamiento del bono previsional. En agosto, el Gobierno mantuvo en $70.000 el refuerzo para jubilados que cobran el haber mínimo y pensionados, un monto que permanece sin actualización desde marzo de 2024. De haberse ajustado desde entonces en línea con el haber mínimo, el bono rondaría actualmente los $220.000, según la estimación incluida en el análisis.

Las universidades nacionales tampoco quedaron al margen de la política de ajuste. De acuerdo con datos de ejecución presupuestaria difundidos por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), los fondos girados a las casas de estudios cayeron 1,1% real interanual en agosto y acumularon una reducción del 12,7% durante los primeros ocho meses de 2026.

El conflicto universitario continúa además atravesado por la disputa alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario. Las universidades reclaman la aplicación de la normativa y una recomposición de partidas que quedaron rezagadas frente al aumento de los precios, mientras el Ejecutivo sostiene su política de reducción y control del gasto.

En junio, el Gobierno había presentado una propuesta que contemplaba un incremento salarial cercano al 24%, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento y una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano, además de recursos destinados a hospitales universitarios.

Los trabajadores estatales también forman parte de la cuenta del ajuste. Las remuneraciones del sector público retrocedieron alrededor de 8% real interanual en agosto y acumularon una caída cercana al 4% durante los primeros ocho meses del año, de acuerdo con los datos citados en el análisis.

La pérdida de poder adquisitivo tampoco se limita al sector estatal. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraron que en junio los salarios del sector privado registrado aumentaron 1,9% mensual, frente a una inflación del 2,1%. En términos interanuales, los ingresos permanecían por debajo de la evolución de los precios.

Así, detrás del superávit que Caputo presenta como una señal de fortaleza de las cuentas públicas aparece una política de ajuste que recorta gastos, reduce transferencias y limita recursos destinados a diferentes sectores. El Gobierno consigue sostener el resultado fiscal positivo, pero el debate pasa por el costo de esa estrategia y por quiénes terminan absorbiendo sus efectos.

Mientras el Ejecutivo reivindica el equilibrio de las cuentas públicas como condición para su programa económico, las cifras de ejecución muestran que una parte central de esa estrategia continúa siendo la reducción real del gasto. El superávit, de esta manera, no sólo puede leerse como un resultado contable: también expone las prioridades presupuestarias de la gestión y el impacto concreto de la política de ajuste.