ACTUALIDAD
26 de julio de 2026
Para esto si hay plata: la SIDE volvió a ampliar su presupuesto y ya destinó casi $ 10 mil millones a gastos reservados
La Secretaría de Inteligencia del Estado recibió un refuerzo de casi $ 50 mil millones y elevó su presupuesto anual a $ 146 mil millones. Además, ya ejecutó más de $ 40 mil millones en salarios y acumula casi $ 10 mil millones en gastos reservados, cuya utilización no debe rendir cuentas.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) volvió a incrementar los recursos asignados para este año y alcanzó un presupuesto de $ 146 mil millones, luego de una ampliación de casi $ 50 mil millones dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 594/2026. La actualización también incrementó los fondos destinados a gastos reservados, que ya suman casi $ 10 mil millones ejecutados y continúan siendo uno de los aspectos más controvertidos del organismo por tratarse de erogaciones que permanecen bajo secreto por razones de seguridad nacional.
Según la última actualización del presupuesto nacional, disponible para consulta pública, hasta el 22 de julio la SIDE había devengado $ 9.285 millones en gastos reservados. Solo durante el último mes se incorporaron otros $ 2.000 millones a ese rubro. De ese total, ya fueron pagados $ 7.645 millones.
El presupuesto vigente también contempla una nueva asignación de $ 7.400 millones para gastos reservados, que elevó el crédito total destinado a ese concepto hasta los $ 26 mil millones. Si se compara con 2023, cuando la entonces Agencia Federal de Inteligencia contaba con apenas $ 650 millones para ese tipo de partidas, el incremento acumulado ronda el 4.000 por ciento.
Los gastos reservados constituyen fondos cuya ejecución no requiere publicidad sobre su destino específico. De acuerdo con la normativa presupuestaria, el hecho de que un gasto figure como devengado implica que ya fue autorizado por la autoridad competente, cumplió con el procedimiento administrativo correspondiente y quedó reconocida la obligación de pago "por la recepción de conformidad de bienes y servicios oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos para los casos de gastos sin contraprestación". Sin embargo, debido al carácter secreto de estas partidas, no existen precisiones públicas sobre el destino concreto de esos recursos.
La ampliación presupuestaria fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 594/2026, publicado en el Boletín Oficial el 16 de julio. La norma elevó el presupuesto de la SIDE desde los $ 97 mil millones iniciales hasta los $ 146 mil millones, lo que representa un aumento cercano al 50 por ciento respecto del comienzo del año y un crecimiento de alrededor del 800 por ciento en comparación con 2023.
En los fundamentos del decreto se justifican incrementos destinados a áreas como educación y seguridad social, aunque no se hace referencia específica a la Secretaría de Inteligencia. En el anexo de la norma sí figura una ampliación de $ 21 mil millones para afrontar gastos de personal.
Ese rubro también mostró un fuerte crecimiento. El presupuesto destinado a salarios asciende actualmente a $ 78.152 millones, un 494 por ciento más que al inicio de la actual gestión. Hasta el 22 de julio ya se habían devengado $ 40.623 millones, cifra que supera en un 215 por ciento todo lo ejecutado durante 2023, cuando el gasto anual en personal alcanzó los $ 12.894 millones. El promedio mensual de ejecución salarial se ubica así en torno a los $ 5.800 millones.
La SIDE continúa figurando entre los organismos nacionales con mayor proporción de recursos destinados al pago de salarios. Los $ 40.623 millones ejecutados hasta julio representan el 52 por ciento de todo el gasto devengado por el organismo durante este año.
La magnitud de esas cifras también sobresale al compararlas con otros organismos de la administración pública nacional. Hasta la misma fecha, el Ministerio de Capital Humano había devengado alrededor de $ 5.500 millones en salarios; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, unos $ 10 mil millones; el Ministerio del Interior, $ 19 mil millones; y el Ministerio de Seguridad, $ 29 mil millones. Entre las secretarías nacionales también se registran montos inferiores, como Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y la Secretaría de Educación.
El presupuesto total asignado a la SIDE también supera ampliamente el de otros organismos nacionales. Los $ 146 mil millones disponibles para este año son superiores a los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, que cuentan con $ 51 mil millones; a la estructura centralizada de la Jefatura de Gabinete, con $ 59 mil millones; y a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, que dispone de $ 66 mil millones.
En cuanto a la ejecución general del presupuesto, la Secretaría de Inteligencia ya devengó aproximadamente $ 65 mil millones, equivalentes al 44 por ciento del total actualizado para este año.
La información pública sobre el destino de esos recursos es limitada. En sus canales oficiales, la SIDE difundió durante las últimas semanas actividades vinculadas con la captura de un narcotraficante mexicano, la puesta en funcionamiento de un "centro antiterrorismo" y una reunión en Washington encabezada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Según informó el organismo, en ese encuentro participaron representantes de la Argentina, Alemania, Italia y Letonia para analizar "el aumento del terrorismo político de extrema izquierda como una amenaza transnacional".
Las publicaciones oficiales también hacen referencia a distintos riesgos estratégicos para el país. En uno de los mensajes más recientes, la Secretaría advirtió sobre el interés de "las potencias mundiales" por controlar las rutas de circulación de recursos estratégicos como el petróleo, el gas, el litio, el cobre y los alimentos, y sostuvo que el papel de la Argentina en esas cadenas de suministro la "expone a acciones de actores externos que buscan influir en nuestros recursos".
Esas afirmaciones generaron reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios las vincularon con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley 26.737, que establece un límite del 15 por ciento del territorio nacional para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
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