El Gobierno nacional presentó este viernes una serie de modificaciones a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca facilitar la incorporación de fondos al sistema financiero formal y que vuelve a generar debate por el alcance de los beneficios previstos para los contribuyentes. El anuncio estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, junto con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.

Durante la presentación, Caputo sostuvo que "el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada" y afirmó que el objetivo continúa siendo que "esos ahorros puedan formalizarse en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo". Según explicó, las modificaciones fueron elaboradas luego de una mesa de trabajo con especialistas en materia tributaria para ofrecer mayores garantías a quienes decidan adherir al régimen.

Uno de los cambios más importantes elimina las restricciones que actualmente limitan el acceso al sistema simplificado de declaración del Impuesto a las Ganancias. Hasta ahora, la normativa establecía que solo podían incorporarse quienes registraran ingresos inferiores a mil millones de pesos anuales, un patrimonio menor a diez mil millones de pesos y no integraran la categoría de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Con la modificación impulsada por el Poder Ejecutivo, esos requisitos dejarán de existir para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. De esta manera, podrán acceder al régimen sin importar el nivel de ingresos o patrimonio, con la única excepción de quienes formen parte del padrón de Grandes Contribuyentes.

La propuesta también modifica uno de los aspectos centrales del régimen vinculado con las fiscalizaciones. La legislación vigente establece que, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detecta una diferencia igual o superior al quince por ciento entre lo declarado y lo determinado durante una inspección, el contribuyente pierde automáticamente los beneficios de la ley.

El nuevo texto redefine ese criterio e incorpora un límite adicional. Aun cuando la diferencia supere ese porcentaje, la presunción de exactitud se mantendrá siempre que el monto reclamado no exceda el equivalente al cinco por ciento del umbral previsto por la Ley Penal Tributaria, una cifra que actualmente ronda los cinco millones de pesos.

Otro de los cambios incorpora la posibilidad de corregir la declaración jurada sin perder automáticamente los beneficios del régimen. Si durante una fiscalización la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detecta inconsistencias, el contribuyente podrá presentar una declaración rectificativa y cancelar la diferencia junto con los intereses correspondientes dentro de un plazo de quince días hábiles desde la notificación.

Para el Ministerio de Economía, estas modificaciones buscan brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a quienes adhieran al sistema. Sin embargo, la iniciativa volvió a despertar críticas de sectores de la oposición y de especialistas en materia tributaria, que sostienen que la flexibilización de los controles podría favorecer la regularización de fondos no declarados con menores exigencias que las previstas en el régimen original.

El proyecto deberá ahora avanzar en su tratamiento legislativo, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para convertir en ley las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el debate vuelve a instalarse sobre el alcance de los beneficios fiscales y el equilibrio entre incentivar la formalización de activos y preservar los mecanismos de control del sistema tributario.