Diputados del bloque Unión por la Patria presentaron un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique qué acciones llevó adelante frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en las Islas Malvinas.

La iniciativa apunta a conocer si el Poder Ejecutivo tomó conocimiento formal de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte y qué medidas diplomáticas, administrativas o judiciales adoptó para responder a esa situación.

El proyecto fue impulsado por los diputados Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, quienes sostienen que toda autorización británica para explotar recursos naturales en la zona constituye una vulneración de la soberanía argentina y de las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa territorial sobre las islas.

El reclamo se produce luego de que, en diciembre de 2025, las autoridades británicas de las Islas Malvinas aprobaran el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros de Puerto Argentino. El emprendimiento es controlado en un 65 por ciento por Navitas Petroleum y en un 35 por ciento por Rockhopper Exploration.

Los legisladores solicitaron que el Gobierno informe si presentó protestas diplomáticas ante el Reino Unido, si realizó gestiones ante las Naciones Unidas u otros organismos internacionales y cuál es la estrategia oficial para responder al desarrollo del proyecto.

Guillermo Michel sostuvo que la explotación constituye una actividad "ilegítima" y advirtió sobre la pérdida de recursos estratégicos para el país. Por su parte, Kelly Olmos afirmó que el Gobierno dispone de herramientas legales y diplomáticas para actuar, pero que optó por limitarse a una protesta formal.

Entre los cuestionamientos figura la decisión de la Cancillería de emitir únicamente un comunicado de rechazo, sin avanzar —según la oposición— en la aplicación de sanciones previstas por la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y prohíbe actividades sin autorización del Estado nacional.

Los diputados recordaron que esa misma normativa fue utilizada en 2021 para sancionar a Navitas Petroleum, además de otras empresas del sector, por realizar exploraciones sin autorización en la Cuenca Malvinas Norte. También señalaron como antecedente la causa judicial impulsada en 2015 contra varias compañías petroleras que operaban en la zona, que derivó en multas y medidas cautelares sobre embarcaciones y equipamiento.

En el pedido de informes también se menciona el Decreto 590/26, mediante el cual el Gobierno convocó a un concurso internacional para la exploración de hidrocarburos en el área CAN_200 del Mar Argentino y habilitó mecanismos de arbitraje internacional para eventuales conflictos. Los legisladores sostienen que esa medida forma parte de una política que requiere mayores precisiones por parte del Poder Ejecutivo.

El debate volvió a instalarse luego de conocerse nuevos cuestionamientos sobre el desarrollo del proyecto Sea Lion y en medio de las críticas de distintos sectores de la oposición por la estrategia del Gobierno respecto de la cuestión Malvinas y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.