El Gobierno nacional confirmó el avance del proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos S.A. mediante la publicación de los pliegos para licitar la venta del 90 por ciento de las acciones actualmente en manos del Estado. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el objetivo es incorporar un operador privado que permita mejorar inversiones y ampliar el servicio.

El esquema previsto contempla una concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderla por una década más. Según el plan oficial, al menos el 51 por ciento de las acciones quedará en manos de un operador estratégico, mientras que el porcentaje restante saldrá a cotización bursátil. El 10 por ciento continuará reservado para los trabajadores de la empresa.

La decisión volvió a instalar un fuerte debate sobre el rol del Estado en los servicios públicos y reactivó cuestionamientos vinculados a la experiencia de privatización desarrollada durante la década de 1990.

Los antecedentes aparecen en el centro de la discusión. Durante la gestión privada de Suez, a través de Aguas Argentinas, distintos sectores denunciaron demoras en obras comprometidas y dificultades para ampliar la cobertura. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió la concesión y dispuso la reestatización del servicio, dando origen a AySA.

Desde entonces, el Estado impulsó diversas obras de infraestructura y expansión. Entre ellas se destacaron proyectos vinculados al saneamiento del Riachuelo, nuevas plantas potabilizadoras y sistemas de abastecimiento para distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En paralelo, el Senado avanzó en una iniciativa impulsada por Eduardo de Pedro para priorizar el tratamiento de un proyecto que declara a AySA como una empresa “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, con el objetivo de frenar el proceso privatizador.

La privatización de AySA forma parte del paquete de empresas incluidas en el proceso de reformas impulsado tras la aprobación de la Ley Bases. Entre las compañías alcanzadas también aparecen Corredores Viales, Energía Argentina S.A., Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Entre los grupos interesados en participar del proceso aparecen actores nacionales y regionales. Según trascendió, figuran Edison Energía, el empresario Mauricio Filiberti, el Grupo Roggio y compañías extranjeras como Sabesp, Río+Saneamiento y Aguas Andinas.

La discusión sobre AySA vuelve a colocar en escena un debate histórico en Argentina: la tensión entre gestión estatal y administración privada en servicios considerados esenciales, en un contexto donde el Gobierno busca acelerar reformas y obtener ingresos extraordinarios para fortalecer sus cuentas públicas.