La Confederación General del Trabajo presentó este viernes un amparo judicial contra la reforma laboral recientemente promulgada por el Gobierno nacional y publicada en el Boletín Oficial. La presentación fue realizada ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.

La central sindical ya había adelantado su decisión de judicializar la norma incluso antes de su aprobación definitiva en el Senado. En ese marco, argumentó que el reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en que la reforma afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto de San José de Costa Rica, ambos con jerarquía constitucional.

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“La mal llamada ley de ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, expresó la CGT en un comunicado difundido el lunes pasado tras la presentación en Tribunales de su pedido de inconstitucionalidad.

Entre los principales argumentos expuestos en el amparo, la central obrera sostiene que la nueva normativa vulnera el principio de progresividad o no regresión, que establece la imposibilidad de adoptar medidas injustificadas que impliquen un retroceso en los derechos laborales ya adquiridos.

Asimismo, el documento señala que también se viola el principio protectorio, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y busca restablecer un equilibrio que evite abusos sobre la parte más débil de la relación laboral.

En la presentación judicial también se afirma que la reforma afecta derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entre ellos la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y el acceso a la seguridad social.

La CGT cuestiona además varios aspectos específicos de la normativa. Según la central sindical, la ley habilita jornadas laborales de hasta doce horas, elimina el pago de horas extras y abre la posibilidad de una reducción salarial. También advierte que se eliminan sanciones para empleadores que no hayan realizado aportes o que hayan incumplido la legislación vigente.

Otro de los puntos criticados es la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas mediante el Fondo de Asistencia Laboral, mecanismo que, según la CGT, implicaría financiar los despidos con aportes de los propios trabajadores y generaría un desfinanciamiento del sistema de seguridad social.

En ese contexto, la central obrera sostuvo que la reforma laboral se produce en medio de un deterioro general de la actividad económica. Según su análisis, en los primeros dos años de la actual gestión se perdieron más de 300.000 empleos.

De acuerdo con el diagnóstico de la organización sindical, esta situación se refleja en un aumento de la desocupación, el cierre sostenido de empresas, industrias pymes y comercios, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la caída de la inversión interna y una retracción de la actividad económica, el consumo, el turismo y la recaudación.