Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) allanaron la madrugada del lunes la residencia de la congresista Ilhan Omar en Washington D.C. Se incautaron su teléfono, computadoras, cuadernos y pasaporte. Según el Wall Street Journal, el objetivo de la investigación es reunir pruebas para retirarle la ciudadanía estadounidense y, en última instancia, deportarla.

El operativo ocurrió a tres semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que Omar busca su reelección por Minnesota. El Departamento de Justicia también emitió más de una docena de citaciones para comparecer ante un gran jurado federal, incluyendo a familiares de la congresista.

"Que quede claro: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales", declaró Omar en X. "Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política".

La investigación no es nueva. En junio de 2024, durante el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia abrió una pesquisa sobre las finanzas de Omar que se estancó por falta de evidencia. La denuncia específica sobre fraude migratorio también fue examinada entonces: funcionarios de HSI la revisaron y decidieron no avanzar porque carecían de pruebas. Lo que cambió en 2026 no fue la evidencia. Cambió la administración.

El caso se centra en si Omar o su difunto padre modificaron su fecha de nacimiento en los documentos de inmigración para que ella figurara como menor de edad —17 años en lugar de 18— y así obtuviera la ciudadanía derivada cuando su padre se naturalizó en el año 2000. El proceso para retirar la ciudadanía se llama desnaturalización y requiere que el Departamento de Justicia demuestre ante un juez federal que hubo fraude o tergiversación sustancial. No es un procedimiento administrativo.

Esa misma noche, en un mitin en Youngstown, Ohio, Trump atacó a Omar con declaraciones despectivas sobre su origen somalí. La multitud coreó "deport, deport". Cuando se le preguntó sobre el allanamiento, Trump dijo que él no tenía "nada que ver" con la búsqueda. Sin embargo, su administración había enviado señales durante semanas: el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que había una "investigación en curso" y que "algo va a pasar". El zar fronterizo Tom Homan dijo que DHS investigaba a Omar y que "nadie está por encima de la ley". No presentó evidencia alguna.

El liderazgo demócrata reaccionó con dureza. "Durante años, Donald Trump y extremistas de ultraderecha han atacado sin descanso a la congresista Omar con viles ataques personales y acusaciones infundadas", dijeron en un comunicado conjunto. "Ahora, a menos de 30 días de las elecciones, su violenta maquinaria de deportaciones masivas ha caído sobre el hogar de una integrante del Congreso debidamente elegida".

El fiscal general Todd Blanche anunció recientemente 40 acciones de desnaturalización en un solo período, la mayor cantidad bajo la administración Trump. "Esta administración continuará persiguiendo el mayor esfuerzo de desnaturalización en la historia del departamento", declaró.

Omar representa un distrito profundamente demócrata. Fue reelegida con más del 74% de los votos en 2024. El objetivo de la investigación, por tanto, no parece ser derrotarla en las urnas. El allanamiento ocurrió el mismo día del mitin en Ohio, a tres semanas de la elección, y la misma denuncia que fue desestimada por falta de pruebas bajo Biden se convirtió en una pesquisa de alta prioridad bajo Trump.

No está en discusión si Omar cometió fraude migratorio. Lo que está en juego es si un sistema democrático puede permitir que el aparato de justicia se convierta en un arma de campaña. Por ahora, puede.

Por Sandra Sosa.

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