La discusión por el destino del oro del Banco Central volvió a instalarse en el Congreso a partir de nuevas dudas sobre la información brindada por el Gobierno. Una respuesta de la Auditoría General de la Nación (AGN) a la senadora Juliana Di Tullio puso en cuestión la afirmación del titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien había asegurado que la operación estaba auditada y que los lingotes se encontraban en Suiza.

Según la documentación citada por el bloque del Partido Justicialista en el Senado, la AGN todavía no concluyó el análisis de los documentos necesarios para establecer la trazabilidad de las reservas enviadas al exterior. El organismo indicó que la información remitida por el Banco Central continúa bajo revisión y que el proceso de auditoría no terminó.

El dato adquiere relevancia porque Bausili había sostenido ante los senadores que la Auditoría General de la Nación había tenido acceso a la información correspondiente y que sus informes de auditoría se habían completado sin observaciones. La respuesta posterior del organismo plantea, en cambio, que el análisis de la documentación todavía está en curso y que existieron demoras vinculadas con el acceso a la información proporcionada por el Banco Central.

El bloque del Partido Justicialista utilizó esa diferencia para cuestionar la explicación oficial y volver a reclamar precisiones sobre el recorrido de los lingotes. La discusión no se limita a conocer dónde están las reservas, sino también a determinar bajo qué condiciones fueron trasladadas, qué operación se realizó con ellas y quién tiene actualmente la custodia de esos activos.

Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con el lugar donde se encuentran físicamente los lingotes. Durante su exposición ante el Senado, Bausili afirmó que el oro había sido depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Suiza.

Sin embargo, Di Tullio y el senador Martín Soria sostienen que la información que recibieron indica que los lingotes estarían físicamente en el Banco de Inglaterra, en Londres, aunque registrados a la orden del Banco de Pagos Internacionales suizo. El documento difundido por los legisladores aclara que esa información se encuentra bajo reserva y que no constituye una confirmación pública del Banco de Inglaterra.

La falta de una explicación concluyente vuelve a colocar bajo discusión una operación que ya había generado cuestionamientos durante 2024. En aquel momento se conocieron imágenes de camiones del Banco Central trasladando lingotes hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, lo que derivó en pedidos de información por parte de distintos sectores políticos para conocer el destino de las reservas y las condiciones del traslado.

Con el paso del tiempo, las explicaciones oficiales también fueron incorporando distintos argumentos para justificar la decisión. Bausili sostuvo que el traslado respondió a una oportunidad relacionada con los costos existentes en el mercado internacional del oro. Antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había planteado otra justificación y señalado que la operación buscaba obtener un rendimiento a partir de esas reservas.

Ahora, las diferencias entre esas explicaciones y la información aportada por la Auditoría General de la Nación volvieron a alimentar los cuestionamientos opositores. El punto central pasa por establecer si la totalidad de las reservas trasladadas puede ser identificada y seguida documentalmente desde su salida del país hasta su actual ubicación.

En ese contexto, el Partido Justicialista prepara una ampliación de la denuncia judicial presentada en abril contra el presidente Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili. El planteo busca determinar dónde se encuentran los lingotes, qué operaciones fueron realizadas con ellos y bajo qué condiciones fueron enviados al exterior.

Mientras la auditoría de la AGN continúa pendiente de conclusión, Di Tullio y Soria anticiparon que volverán a convocar a Bausili al Senado. El objetivo será obtener nuevas explicaciones sobre el destino del oro y, especialmente, despejar las contradicciones entre la versión presentada por el titular del Banco Central y la información que surge de la propia Auditoría General de la Nación.