La palabra estabilidad se convirtió en uno de los principales argumentos del Gobierno de Javier Milei para defender su programa económico. La desaceleración de la inflación es presentada como la prueba de que el rumbo elegido funciona. Sin embargo, los indicadores de actividad, empleo e ingresos muestran una realidad mucho más compleja.

La industria cayó 4,9% interanual en julio y se desplomó 5% respecto de junio en la medición desestacionalizada. La construcción, otro sector clave para la producción y el empleo, retrocedió 4,5% frente al mismo mes del año anterior. Los datos se suman a un escenario de menor inversión, pérdida de puestos registrados y dificultades para recuperar el poder adquisitivo.

El informe del Centro de Economía Política Argentina sobre los primeros 1000 días de la gestión de Milei señala que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se redujo en 411.613 la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas relevadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En el mismo período desaparecieron 30.633 empleadores.

Quienes conservaron sus empleos tampoco recuperaron completamente los ingresos previos al ajuste. Según el Centro de Economía Política Argentina, en junio de 2026 los salarios privados registrados estaban 3,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023 en términos reales. Entre todos los asalariados registrados, públicos y privados, la pérdida alcanzaba el 8,2%. Para los empleados públicos nacionales llegaba al 37%.

La medición de la inflación también forma parte de la discusión. Al recalcular la evolución de los precios con el índice basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, el Centro de Economía Política Argentina estima que la pérdida salarial desde noviembre de 2023 pasa del 8,2% al 18,5%.

Los jubilados enfrentan una situación similar. El bono de 70.000 pesos para quienes cobran la mínima permanece congelado desde marzo de 2024. Para el período julio-septiembre de 2026, el Centro de Economía Política Argentina calcula que la mínima con bono se encuentra 19,2% por debajo del promedio de septiembre-noviembre de 2023 en términos reales.

El deterioro de los ingresos también se refleja en las deudas. La morosidad bancaria de las familias pasó del 2,5% en noviembre de 2024 al 13% en julio de 2026. Entre los proveedores no financieros de crédito, incluidos los de tecnología financiera, subió del 7,3% al 33,9%.

La actividad productiva tampoco ofrece señales contundentes de recuperación. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la Central de Trabajadores de la Argentina, entre junio de 2023 y junio de 2026 el crecimiento acumulado fue de apenas 5,5%, equivalente a alrededor de 1,8% anual. En junio de 2026 la actividad creció 0,8% respecto del mes anterior, pero quedó apenas 0,4% por encima de febrero de 2025. El estancamiento lleva dieciséis meses.

La inversión profundiza las dudas. El Centro de Economía Política Argentina señala que la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% interanual en el primer trimestre de 2026, después de retroceder 2,6% en el último trimestre de 2025. A su vez, las expectativas de crecimiento fueron recortadas: el Relevamiento de Expectativas de Mercado de agosto proyectó una expansión de apenas 2,1% para 2026, frente al 2,7% estimado un mes antes.

El frente cambiario agrega otra fuente de tensión. Mientras Luis Caputo refuerza las herramientas para evitar una corrida, la demanda de dólares continúa. Según el Centro de Economía Política Argentina, en julio 1,7 millones de personas compraron billetes por 2.916 millones de dólares.

En ese contexto, Caputo diseñó un canje por hasta 2.000 millones de dólares entre el Banco Central y el Tesoro Nacional para ampliar los instrumentos de cobertura frente al riesgo cambiario. Pero la defensa del peso mediante tasas de interés elevadas también encarece el crédito para empresas y familias y puede profundizar las dificultades de la economía real.

El Gobierno también sostiene el superávit fiscal como otro de los pilares de su programa. Sin embargo, una reducción del gasto no necesariamente implica una mejora estructural si se consigue mediante el freno de obras o inversiones que podrían aumentar la capacidad productiva. A esto se suma que determinados intereses de la deuda capitalizados no se contabilizan como gasto del período bajo el criterio de caja.

El problema de fondo es que la estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación no necesariamente significan estabilidad para la mayoría de la población. Para quien perdió el empleo, sufrió una caída salarial, se endeudó para afrontar gastos cotidianos o redujo su producción, el ajuste ya tiene consecuencias concretas.

La discusión económica se acerca así a una pregunta inevitable: ¿puede llamarse estabilidad a un escenario en el que la inflación baja, pero la industria y la construcción retroceden, los salarios siguen por debajo de 2023, aumenta la morosidad y la actividad permanece estancada?

Mientras el equipo económico intenta contener la tensión del dólar de cara a una disputa electoral de 2027, la economía real continúa absorbiendo el costo de esa estrategia. La crisis, para una parte importante de la sociedad, no está esperando una devaluación: ya llegó.