La política tributaria del Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de la discusión económica a partir del costo fiscal que tuvo la reducción del impuesto sobre los Bienes Personales. Según una estimación del Instituto Argentina Grande (IAG), el Estado resignó $3,2 billones de recaudación a valores de junio de 2026 como consecuencia de las modificaciones aplicadas sobre ese tributo.

El monto adquiere mayor dimensión al compararlo con otros sectores que atravesaron fuertes restricciones presupuestarias durante la gestión libertaria. De acuerdo con el mismo análisis, la cifra supera los $2,4 billones que las universidades nacionales dejaron de recibir en un año.

La comparación fue utilizada por los especialistas del IAG para señalar que los recursos que el Estado dejó de recaudar por la reducción de Bienes Personales habrían alcanzado para cubrir el monto que, según sus cálculos, se perdió en el financiamiento del sistema universitario y todavía habría quedado un remanente.

El debate no se limita, sin embargo, al volumen de dinero resignado por el Estado, sino a la estructura general del sistema tributario argentino y a quiénes terminan soportando una mayor carga en relación con sus ingresos.

Un análisis del centro Fundar señala que el decil de menores ingresos soporta una presión tributaria superior al 35 por ciento de sus ingresos, mientras que para el decil de mayores ingresos la carga se ubica por debajo del 25 por ciento. En términos proporcionales, esto significa que los hogares con menores recursos destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de impuestos.

Una de las principales explicaciones se encuentra en el peso de los impuestos indirectos, especialmente el Impuesto al Valor Agregado, que gravan el consumo independientemente del nivel de ingresos. Como los hogares de menores recursos destinan una proporción más elevada de sus ingresos al consumo, el impacto de estos tributos resulta proporcionalmente mayor.

En contraposición, los impuestos que recaen directamente sobre la renta y el patrimonio tienen un peso menor dentro de la estructura tributaria argentina. En ese escenario, Bienes Personales ocupa un lugar particular porque constituye uno de los tributos que alcanzan directamente el patrimonio de las personas.

Las modificaciones impulsadas por el Gobierno redujeron precisamente esa carga. La Ley 27.743, sancionada en julio de 2024 como parte del paquete fiscal, elevó de manera significativa el mínimo no imponible y modificó las alícuotas aplicables.

Para el período fiscal 2025, el mínimo no imponible pasó a $384,7 millones, frente a los $27,4 millones correspondientes al período fiscal 2023. También se estableció una exención para la vivienda única de hasta $1.346,5 millones.

La reforma dispuso además una reducción progresiva de las alícuotas. La tasa máxima, que anteriormente llegaba al 1,75 por ciento, fue reducida dentro de un esquema que contempla una tasa única de 0,25 por ciento para 2027.

A estas modificaciones se sumó el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, que permitió a determinados contribuyentes adelantar el pago correspondiente a cinco períodos fiscales a una tasa del 0,45 por ciento y acceder a estabilidad fiscal hasta 2038.

El paquete de modificaciones también alcanzó determinados bienes considerados de lujo. Desde abril de este año dejaron de aplicarse alícuotas que llegaban al 20 por ciento sobre productos como joyas, relojes, pieles y alfombras. También se modificaron los impuestos sobre determinados automóviles, embarcaciones deportivas o de recreo y aeronaves.

Para Fundar, estos cambios representaron una oportunidad perdida para avanzar hacia un sistema tributario más progresivo. El argumento central es que, frente a una estructura en la que los impuestos al consumo tienen un peso significativo, reducir la tributación sobre los patrimonios elevados profundiza las características regresivas del esquema.

El IAG estimó que la reducción progresiva de Bienes Personales implicó una pérdida de recaudación equivalente al 0,3 por ciento del Producto Bruto Interno en 2025 y al 0,4 por ciento en 2024. A esto se sumó, según el mismo análisis, la eliminación del impuesto sobre determinados bienes de lujo, con un impacto adicional equivalente al 0,1 por ciento del Producto Bruto Interno anual.

“Con los recursos de bienes personales que el gobierno de Milei decidió resignar, se podía garantizar el adecuado funcionamiento de las universidades públicas”, sostuvieron los especialistas del instituto.

El impacto de la reforma, además, no quedó limitado a las cuentas del Estado nacional. Una parte de la recaudación de Bienes Personales se distribuye entre las provincias a través del régimen de coparticipación, por lo que una reducción de los ingresos provenientes del tributo también afecta los recursos que reciben los gobiernos provinciales.

De acuerdo con el informe del IAG, el 59 por ciento de la pérdida de recursos provocada por la reducción de Bienes Personales es absorbida por las provincias. De esta manera, la modificación tributaria también tiene consecuencias sobre las cuentas de las jurisdicciones subnacionales.

El contraste entre la reducción de impuestos sobre los patrimonios y las restricciones presupuestarias aplicadas sobre distintas áreas del Estado alimenta así una de las principales discusiones en torno al programa económico de Milei: si la reducción de impuestos se traduce efectivamente en un alivio generalizado o si beneficia de manera desproporcionada a los sectores con mayor capacidad económica.

La discusión adquiere particular relevancia en un contexto en el que las familias de menores ingresos enfrentan una elevada presión tributaria en relación con sus recursos, mientras los impuestos directos sobre la riqueza representan una proporción menor de la recaudación.

Los datos utilizados por los organismos y centros de análisis citados muestran, de acuerdo con sus interpretaciones, una estructura en la que la carga tributaria continúa teniendo un fuerte componente regresivo. En ese marco, la reducción de Bienes Personales aparece como una de las medidas que más cuestionamientos genera entre quienes reclaman una mayor progresividad del sistema.

La disputa, en definitiva, excede la discusión sobre una cifra presupuestaria puntual. El debate gira alrededor de quién aporta más al financiamiento del Estado y quién recibe el mayor alivio cuando se reducen los impuestos. Para los críticos de la política económica de Milei, la combinación entre menores tributos sobre los grandes patrimonios y una elevada carga sobre el consumo profundiza las desigualdades existentes.