La oferta presentada por los empresarios contempla un incremento de apenas 1,8% para septiembre y de 1,7% mensual desde octubre hasta abril de 2027. Con ese esquema, el Salario Mínimo, Vital y Móvil pasaría de los actuales $376.000 a $382.768 en septiembre y llegaría a $430.707 en abril del año próximo.

La propuesta fue considerada insuficiente por las tres centrales obreras, que por primera vez llegaron a la negociación con un planteo unificado. La CGT, la CTA y la CTA Autónoma reclamaron llevar inmediatamente el salario mínimo a $911.000 y elevarlo a $993.000 en diciembre.

Ante la falta de acuerdo, será nuevamente el Poder Ejecutivo el encargado de establecer el nuevo valor mediante un decreto. La situación vuelve a poner en discusión el funcionamiento del Consejo del Salario durante la gestión de Javier Milei, ya que los encuentros entre empresarios y trabajadores terminaron reiteradamente sin consenso.

Desde las organizaciones sindicales cuestionaron la propuesta empresarial y denunciaron una estrategia conjunta para mantener deprimido el piso salarial. Durante la reunión, los representantes gremiales resolvieron retirarse y adelantaron que llevarán su reclamo ante la OIT por lo que consideran un vaciamiento del mecanismo institucional destinado a discutir el salario mínimo.

El SMVM acumula una fuerte pérdida de poder adquisitivo desde el comienzo de la actual gestión. Según los cálculos citados por los sindicatos, el salario mínimo perdió alrededor del 40,5% de su valor real frente a noviembre de 2023. Si se utiliza un cálculo alternativo de inflación, la pérdida se aproxima al 45%.

La discusión adquiere relevancia porque el salario mínimo no alcanza únicamente a quienes cobran exactamente ese monto. También funciona como referencia para distintas prestaciones y programas, entre ellas el seguro por desempleo y determinadas becas universitarias. Además, interviene en el cálculo del monto de los ingresos que no pueden ser embargados.

El valor del SMVM también es utilizado como referencia por numerosos municipios para establecer determinados parámetros salariales y administrativos.

Las centrales sindicales sostienen además que la pérdida del salario mínimo tiene consecuencias sobre el conjunto del mercado laboral, porque reduce el piso desde el cual se negocian y determinan otros ingresos.

El deterioro no comenzó exclusivamente con la administración de Milei. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el salario mínimo perdió alrededor de 30% de su poder adquisitivo, mientras que durante la presidencia de Alberto Fernández la caída fue cercana al 16%. Sin embargo, los sindicatos sostienen que el actual Gobierno profundizó el deterioro mediante aumentos por debajo de la inflación.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, las reuniones del Consejo del Salario se realizan de manera virtual, pese a los reclamos de las organizaciones sindicales para recuperar la modalidad presencial. Para los gremios, el formato y la dinámica de las reuniones terminaron debilitando la posibilidad de alcanzar acuerdos.

La mecánica se repitió nuevamente este viernes: empresarios y trabajadores llegaron con posiciones muy alejadas, no hubo consenso y el Gobierno quedó habilitado para definir unilateralmente el nuevo valor del SMVM.

Otro de los puntos cuestionados por los sindicatos es la política salarial del Ministerio de Economía. Las centrales obreras vienen denunciando que el Gobierno busca limitar las actualizaciones salariales al establecer como referencia aumentos cercanos al 2% mensual y cuestionan que las paritarias que superan ese porcentaje enfrenten dificultades para ser homologadas.

La pérdida acumulada del salario mínimo también queda expuesta al compararla con su evolución histórica. De acuerdo con un informe elaborado por investigadores de la UBA y el CONICET, el máximo nivel de poder adquisitivo alcanzado por el SMVM en las últimas décadas se registró en septiembre de 2011.

Si aquel salario mínimo se hubiera actualizado desde entonces de acuerdo con la inflación, actualmente debería ubicarse alrededor de $1.140.000. El valor actual, en cambio, se encuentra muy por debajo de esa referencia.

El deterioro llevó al SMVM a niveles de poder adquisitivo similares a los registrados en diciembre de 2002, uno de los momentos más críticos de la economía argentina reciente.

Con el fracaso de la reunión, el conflicto salarial queda ahora en manos del Gobierno nacional. Las centrales obreras reclaman una recuperación significativa del ingreso, mientras las cámaras empresarias plantean incrementos muy inferiores.

La decisión final será tomada por el Poder Ejecutivo, que deberá establecer por decreto un nuevo salario mínimo en un escenario donde el piso salarial acumula una pérdida histórica de poder adquisitivo y el Consejo del Salario vuelve a terminar sin consenso.