El Gobierno consiguió en la Cámara de Diputados dos de las principales victorias legislativas que había ido a buscar en una jornada atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Primero, la Cámara baja aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y, cerca de las 23, convirtió en ley de la Cámara el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, que obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

La iniciativa modifica el régimen de regularización fiscal aprobado apenas ocho meses atrás y busca ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan incorporar recursos al circuito formal. Para eso, el proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio que establecía la normativa anterior y otorga mayores garantías a quienes declaren fondos que permanecían fuera del sistema financiero y tributario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que uno de los objetivos centrales es lograr que los ahorros que permanecen fuera del sistema sean volcados a la economía formal. En ese sentido, planteó la necesidad de que los ahorristas saquen “los dólares del colchón” para que esas divisas ingresen al circuito económico.

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta destinada a reducir la presión sobre los contribuyentes y limitar las facultades del organismo recaudador. “Limita el poder extorsivo y de persecución de ARCA”, sostuvo la diputada de La Libertad Avanza Mónica Becerra.

La oposición, en cambio, cuestionó que el proyecto pueda ser presentado como una simplificación del sistema tributario y advirtió que, por sus características, se asemeja a un mecanismo de blanqueo permanente. También señaló que la eliminación de controles podría generar dificultades frente a los organismos encargados de prevenir el lavado de activos. “Vamos a tener problemas ante los organismos de control del lavado de dinero”, advirtió el diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel.

La miembro informante del proyecto fue la diputada cordobesa de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, quien sostuvo que la reforma apunta a generar mayor confianza en quienes “trabajan y pagan sus impuestos”. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos opositores estuvo relacionado precisamente con la eliminación de los límites establecidos en el régimen anterior.

La nueva iniciativa deja atrás el tope de mil millones de pesos de ingresos mensuales y de 10 mil millones de pesos de patrimonio. Para los sectores opositores, ese cambio demuestra que la reforma no está dirigida exclusivamente a pequeños contribuyentes o ahorristas, sino que también puede beneficiar a personas con grandes patrimonios.

El antecedente inmediato tampoco estuvo ausente durante el debate. La primera versión de la Inocencia Fiscal, aprobada en diciembre, quedó envuelta en cuestionamientos después de que distintos funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo se acogieran al régimen. Entre los nombres mencionados durante la sesión estuvieron el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, además del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el titular de ARCA, Andrés Vázquez, el exdiputado José Luis Espert, el asesor de Economía Felipe Núñez, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el cineasta oficial Santiago Oría, entre otros.

En ese contexto, diputados opositores utilizaron irónicamente la expresión “ley Bettina” para referirse a la iniciativa y cuestionar el beneficio que, según denunciaron, habría alcanzado a personas vinculadas con el oficialismo.

Para conseguir los votos necesarios, el Gobierno debió aceptar modificaciones reclamadas por sus aliados. Una de ellas fue excluir del régimen a quienes hubieran ejercido cargos públicos durante los últimos cinco años. Sin embargo, esa restricción no alcanzó a los familiares de los funcionarios, otro de los puntos que generó críticas durante el debate.

“Acá no se acepta la impunidad y se persigue a los delincuentes”, afirmó durante el cierre el diputado santafesino de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz. La frase provocó respuestas irónicas desde las bancadas opositoras, que insistieron en cuestionar la amplitud del nuevo régimen.

Durante la defensa de la iniciativa, Caputo explicó que el proyecto surgió a partir de conversaciones mantenidas con contadores, quienes le señalaron las dificultades que había generado el régimen anterior y la falta de confianza de los contribuyentes para exteriorizar sus recursos. A partir de esos planteos, el Gobierno decidió eliminar los límites y ampliar las garantías para quienes ingresen fondos al sistema formal.

Las críticas opositoras fueron particularmente duras. “Todas las leyes del Gobierno son para el 1% más rico; al 99% le rompen el culo todos los días”, afirmó el diputado Juan Grabois, quien definió el esquema como “un Estado keynesiano para los ricos”. El diputado pampeano Ariel Rauschenberger, por su parte, consideró que se trata de un blanqueo orientado a financiar operaciones inmobiliarias y a reducir la capacidad de fiscalización de ARCA.

A pesar de los cuestionamientos, el oficialismo consiguió reunir una mayoría suficiente para aprobar los dos proyectos centrales de la sesión especial. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central obtuvo 144 votos afirmativos, mientras que la Inocencia Fiscal II consiguió 139 votos a favor. En ambas votaciones, La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el bloque Argentina Federal, un sector de Provincias Unidas y legisladores vinculados con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, además de representantes de Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

Los dos proyectos deberán ser tratados ahora por el Senado, donde el oficialismo tendrá que volver a construir acuerdos para conseguir su aprobación definitiva.

La jornada, sin embargo, dejó otro dato político que puede resultar más relevante para el futuro inmediato del Gobierno. Mientras las iniciativas relacionadas con el rumbo económico lograron reunir una mayoría amplia, esa coalición comenzó a mostrar fisuras cuando se pusieron en discusión proyectos destinados a atender problemas que afectan directamente a la población.

Así ocurrió cuando la oposición intentó incorporar al temario iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Aunque para apartarse del reglamento era necesaria una mayoría de tres cuartos de la Cámara, 133 diputados respaldaron la moción. El número no alcanzó para modificar el orden del día, pero expuso la existencia de un espacio opositor con capacidad para articularse alrededor de demandas sociales concretas.

“Estos 133 diputados nos permitirán avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, adelantó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, durante una conferencia de prensa conjunta realizada en el Salón de Pasos Perdidos.

La misma línea planteó el radical Pablo Juliano, quien reclamó dejar de lado las diferencias partidarias frente a la situación económica de los sectores más afectados. “Es necesario dejar las banderías políticas porque el que está jodido es el argentino de a pie, que no logra llegar a fin de mes”, sostuvo.

La conferencia reunió a diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba y Coherencia. La fotografía de ese encuentro reflejó una posible reconfiguración de las mayorías en la Cámara baja.

El contraste entre ambas votaciones dejó así una conclusión política: el Gobierno todavía puede reunir un número considerable de legisladores opositores cuando están en juego sus principales iniciativas económicas, pero ese respaldo no necesariamente se traslada a proyectos vinculados con las necesidades sociales.

Esa diferencia podría convertirse en un problema para la Casa Rosada en las próximas semanas. Los 133 votos reunidos para impulsar proyectos vinculados con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad anticiparon la posibilidad de que la oposición consiga construir una mayoría propia cuando el Congreso vuelva a discutir iniciativas destinadas a aliviar el impacto de la crisis sobre los sectores más afectados.

En ese escenario, el oficialismo cerró una jornada con dos triunfos legislativos importantes, pero también con una señal de advertencia: los acuerdos que le permiten avanzar con su programa económico podrían ser considerablemente más difíciles de sostener cuando el debate parlamentario se traslade a los problemas cotidianos de la población.