Los gremios docentes que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios convocaron a un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se suma a una disputa que enfrenta desde hace meses a las universidades y los trabajadores del sector con el Gobierno nacional por los recursos presupuestarios y la recomposición de los salarios.

El reclamo atraviesa a los distintos poderes del Estado. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene su posición frente a la aplicación de la norma, el Congreso sancionó y posteriormente ratificó la Ley de Financiamiento Universitario luego del veto presidencial. Los representantes del sistema universitario también sostienen que existen decisiones judiciales que respaldan la obligación de cumplir con la legislación vigente.

En este contexto, una reunión prevista para este lunes del Consejo Interuniversitario Nacional buscaba avanzar en una medida conjunta de los distintos sectores de la comunidad universitaria. Los docentes plantean que ya transcurrieron más de 300 días sin que se concrete el cumplimiento efectivo de la ley.

El director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, Felipe Vega Terra, advirtió que, pese a los reclamos y las distintas instancias judiciales, los fondos previstos todavía no llegan a las universidades. Desde los sindicatos, en tanto, plantean que el conflicto requiere profundizar las medidas de fuerza para obtener una respuesta del Gobierno nacional.

En esa línea, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Perazzi, sostuvo que se busca avanzar en “acciones coordinadas entre todos los sindicatos docentes y no docentes, para encaminarnos a una nueva marcha nacional universitaria”.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Los gremios señalan que los aumentos otorgados durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y fueron implementados sin acuerdos paritarios. Según las estimaciones sindicales, desde diciembre de 2023 los trabajadores del sector perdieron cerca de un tercio de su capacidad de compra y necesitarían un incremento superior al 50 por ciento para recuperar el nivel salarial de aquel momento.

La situación afecta con mayor intensidad a los cargos de menor dedicación, cuyos ingresos quedaron rezagados frente al costo de vida. Sin embargo, los gremios también advierten que incluso los docentes con dedicación exclusiva, que se encuentran entre los trabajadores mejor remunerados del sistema universitario, enfrentan dificultades para sostener sus ingresos frente al aumento de los gastos cotidianos.

A la discusión salarial se suma la preocupación por la pérdida de docentes e investigadores. Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, desde el inicio de la gestión de Javier Milei más de 10.000 docentes e investigadores dejaron sus cargos en universidades nacionales. En la Facultad de Ciencias Exactas se contabilizaron 438 renuncias, mientras que en la Universidad Tecnológica Nacional se registraron más de 1.000.

Para las autoridades y representantes gremiales del sistema universitario, la salida de profesionales altamente calificados tiene consecuencias que exceden el funcionamiento cotidiano de las aulas. La pérdida de investigadores y docentes especializados también afecta la continuidad de proyectos científicos, tecnológicos y de formación profesional desarrollados por las universidades públicas.

El conflicto también alcanza al funcionamiento de las instituciones. Las universidades reclaman las transferencias presupuestarias contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, al advertir que la falta de actualización de los recursos dificulta afrontar los gastos habituales, sostener programas de becas y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas.

La nueva huelga se produce pocos días después del paro de cinco jornadas realizado por la Conadu Histórica entre el 18 y el 22 de agosto. Los trabajadores universitarios vuelven así a reclamar que el Gobierno nacional aplique la Ley N.º 27.795 y cumpla con las disposiciones establecidas por el Congreso y las decisiones judiciales vinculadas con su implementación.

A su vez, la convocatoria coincide con nuevas instancias judiciales relacionadas con la aplicación de la norma. Días atrás, una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick volvió a poner el foco en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras los gremios cuestionaron los sucesivos retrasos del Gobierno y reclamaron una respuesta concreta para destrabar el conflicto.