El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó un fuerte rechazo a la presencia del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia y reclamó al Gobierno nacional que explique bajo qué criterios se autorizó su operación.

La administración del gobernador Gustavo Melella vinculó el episodio con la intervención del puerto dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, una medida cuya legalidad fue cuestionada por la Provincia ante la Justicia y que actualmente aguarda definiciones en ese ámbito.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, calificó la situación como “un hecho inédito” y señaló que el buque ya abandonó Ushuaia, con Estados Unidos como su aparente destino final.

El funcionario sostuvo que la llegada de la embarcación se produce en un contexto que, según planteó, genera especial preocupación para la Provincia por distintas decisiones vinculadas con el Atlántico Sur. Entre ellas mencionó el anuncio de tareas de exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas, la presencia de capitales británicos en la instalación de un radar en Tierra del Fuego y antecedentes vinculados con el tránsito de embarcaciones militares británicas por aguas argentinas.

Dachary también recordó la visita que realizó Javier Milei a Tierra del Fuego en 2024 junto con la entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. “Hace dos años el Presidente estuvo acá prometiendo una base junto a los Estados Unidos”, afirmó.

En ese marco, el funcionario fueguino cuestionó la política exterior del Gobierno nacional y sostuvo: “Nosotros sabíamos desde un principio que si el país había elegido a un Presidente que su ídola era Margaret Thatcher esto no iba a terminar bien”.

La administración provincial difundió además un comunicado en el que calificó como “inadmisible” que una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital fueguina mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

“Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, señaló el Ejecutivo fueguino.

La Provincia puso el foco especialmente en la contradicción que, a su criterio, existe entre los argumentos utilizados por Nación para intervenir el puerto y las decisiones adoptadas posteriormente. “El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur”, indicó.

“Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales”, agregó el comunicado.

En la misma línea, el Gobierno fueguino sostuvo que “se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular”.

Para Tierra del Fuego, Ushuaia posee una importancia estratégica que excede su actividad portuaria. La Provincia remarcó su ubicación sobre el Atlántico Sur y su condición de puerta de entrada a la Antártida, además de su relevancia para la defensa de los intereses argentinos en el extremo austral.

Por ese motivo, el Ejecutivo provincial reclamó al Gobierno nacional que informe “de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia”.

Al mismo tiempo, volvió a exigir “el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto”, además de advertir que continuará utilizando las herramientas institucionales y judiciales disponibles para defender sus competencias.

El Gobierno de Tierra del Fuego también sostuvo que la cuestión Malvinas constituye un objetivo permanente e irrenunciable de la República Argentina y reclamó que la defensa de la soberanía no quede limitada a declaraciones políticas.

El episodio se suma así a una serie de cruces entre la administración fueguina y el Gobierno nacional por el control y la administración del puerto de Ushuaia, en un territorio que la Provincia considera estratégico para la política argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.