Las movilizaciones contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se multiplican este jueves en todo el país, en una jornada federal convocada por centrales sindicales, organizaciones sociales, movimientos ambientalistas, comunidades originarias y fuerzas políticas. Aunque el Gobierno nacional retiró del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y ampliaba los límites para la adquisición de campos por parte de extranjeros, los convocantes decidieron mantener las protestas al considerar que la iniciativa conserva otros puntos que rechazan, como los desalojos exprés, los cambios en las expropiaciones y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La decisión del Poder Ejecutivo de eliminar el apartado referido a la extranjerización de tierras se produjo luego de las dificultades para reunir los votos necesarios en el Senado y tras el rechazo expresado por distintos gobernadores y sectores de la oposición dialoguista. Sin embargo, las organizaciones sostienen que el resto del proyecto mantiene aspectos que consideran perjudiciales para los derechos sociales, la protección ambiental y la soberanía sobre los recursos naturales.

El principal escenario de la protesta es la Plaza del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, donde desde el mediodía comenzaron a concentrarse columnas de la Confederación General del Trabajo, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, organizaciones piqueteras, movimientos sociales, partidos políticos y agrupaciones ambientalistas. El Ministerio de Seguridad desplegó un operativo especial con fuerzas federales y aplicó un esquema de restricciones al tránsito en los alrededores del Palacio Legislativo.

Durante la convocatoria, dirigentes sindicales insistieron en que la discusión excede el capítulo retirado por el oficialismo y advirtieron que el proyecto mantiene reformas que, según sostienen, afectan el acceso a la vivienda, las herramientas del Estado para las expropiaciones y la protección de áreas afectadas por incendios.

La jornada de protesta también se desarrolla en las principales ciudades del país. En Santa Fe hubo convocatorias tanto en la capital provincial como en Rosario, donde organizaciones sindicales y sociales realizaron concentraciones, radios abiertas y actos públicos. En Entre Ríos, las movilizaciones se llevaron a cabo en Paraná con marchas hacia la Casa de Gobierno provincial, mientras que en La Pampa distintas agrupaciones convocaron a concentrarse en Santa Rosa bajo consignas vinculadas con la defensa de la soberanía nacional.

En Córdoba, organizaciones sociales, campesinas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos organizaron una marcha que recorrió el centro de la capital provincial y concluyó con un acto conjunto. La convocatoria fue respaldada por distintos sectores del movimiento obrero y se enmarcó dentro del plan de lucha que continuará con las actividades previstas por el Día de San Cayetano.

En el noreste argentino también se registraron manifestaciones. En Misiones hubo movilizaciones en Posadas y Eldorado, mientras que en Formosa la convocatoria reunió a organizaciones sociales y sindicales en la Plaza San Martín. En Chaco y Corrientes, comunidades originarias, movimientos sociales y centrales obreras realizaron actos y marchas para expresar su rechazo a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.

Las protestas también alcanzaron al noroeste del país. En Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero se desarrollaron concentraciones, movilizaciones y actividades públicas impulsadas por organizaciones sociales, gremios, productores y representantes de pueblos originarios, quienes cuestionaron el impacto que las reformas podrían tener sobre los territorios y las economías regionales.

En la Patagonia, las acciones incluyeron marchas, asambleas y concentraciones en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En varias de esas provincias participaron sindicatos estatales, docentes, organizaciones sociales y ambientales, que advirtieron sobre las consecuencias que, a su entender, podrían generar las modificaciones legislativas sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales.

Mientras el Senado continúa con el tratamiento del proyecto, las organizaciones convocantes afirmaron que mantendrán el plan de lucha y advirtieron que la eliminación del capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros no modifica su rechazo al conjunto de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.