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5 de agosto de 2026

Tras el paro portuario, el Gobierno suspendió el decreto y abrió una negociación con los prácticos

Por: Carlos Rodriguez

Luego de varios días de tensión que afectaron la actividad en los puertos argentinos, el Gobierno dejó en suspenso la norma que desregulaba el servicio de practicaje. Los trabajadores levantaron el paro y comenzará una mesa de diálogo.

El Gobierno nacional suspendió la aplicación del decreto 690/2026, que modificaba el régimen de practicaje y pilotaje en los puertos argentinos, tras alcanzar un acuerdo con los representantes del sector para destrabar el conflicto que mantenía paralizadas numerosas operaciones marítimas en todo el país.

La decisión implica un cambio en la estrategia oficial, ya que la administración de Javier Milei resolvió dejar en suspenso la norma que había impulsado como parte de su política de desregulación económica y abrir una instancia de negociación con los trabajadores. Como parte del entendimiento, los prácticos levantaron el paro por tiempo indeterminado y retomarán de inmediato sus actividades.

El acuerdo también establece una reducción del veinte por ciento en las tarifas del servicio de practicaje, mientras que el Gobierno y los representantes del sector continuarán discutiendo el contenido de la reforma en una mesa de trabajo que contará con la participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes.

A través de un comunicado, Presidencia de la Nación informó que el objetivo será "avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación". Asimismo, indicó que "los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados".

La medida de fuerza había comenzado el lunes 3 de agosto y generó un fuerte impacto sobre la actividad portuaria, dejando sin operar a más de ciento ochenta y cinco embarcaciones en distintos puertos del país. El conflicto también encendió la preocupación del sector exportador por las pérdidas económicas derivadas de la paralización.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, estimó que cada buque inmovilizado representaba un costo de entre cincuenta mil y cien mil dólares por día, debido a las demoras en las operaciones de carga y descarga.

El conflicto se originó tras la publicación del decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Transformación y Desregulación, que proponía modificar el sistema vigente desde 1991. Entre los principales cambios, la norma eliminaba diversos requisitos para ejercer la actividad, permitía la libre contratación de prácticos por parte de los usuarios, mantenía un registro abierto de profesionales habilitados administrado por la Prefectura Naval Argentina y eliminaba la segmentación por tramos geográficos durante la navegación.

Al presentar la reforma, el ministro Federico Sturzenegger había asegurado que el objetivo era reducir los costos logísticos y aumentar la competencia en el sector. "La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", había afirmado al explicar el alcance del decreto.

Sin embargo, desde las entidades que representan a los prácticos cuestionaron duramente la iniciativa y advirtieron sobre sus posibles consecuencias. El presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, John Ryan, sostuvo que "la seguridad de la navegación y la seguridad individual se encuentran enormemente vulneradas con esta nueva regla".

El dirigente también rechazó algunos de los argumentos oficiales y explicó que "nosotros no somos el capitán del buque. Somos como el controlador aéreo que asiste en esa llegada y esa partida". Además, aseguró que "desde 1991 el servicio está desregulado, la cantidad de prácticos que pueden entrar al sistema no tiene límites", y remarcó que las tarifas están reguladas por el Estado nacional desde 2018 y funcionan como valores máximos, no como precios fijados libremente por los profesionales.

La suspensión del decreto abre ahora una etapa de negociaciones entre el Gobierno y los representantes del sector, en un intento por alcanzar un consenso que permita garantizar la continuidad de las operaciones portuarias sin afectar la seguridad de la navegación ni el funcionamiento del comercio exterior argentino.

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