El Gobierno nacional sufrió un fuerte revés político en el Senado y se vio obligado a retirar el capítulo más cuestionado de la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que proponía flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

La marcha atrás del oficialismo llegó luego de que quedara en evidencia que no contaba con los 37 votos necesarios para garantizar el quórum y aprobar una iniciativa que, desde distintos sectores políticos y provinciales, fue cuestionada por considerar que abría la puerta a una mayor extranjerización del territorio argentino y de recursos estratégicos.

La negociación de último momento estuvo encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien intentó convencer a senadores aliados de acompañar el proyecto. Sin embargo, la resistencia de varios gobernadores terminó desarticulando la estrategia del Gobierno, que no logró reunir los apoyos suficientes y optó por retirar el capítulo para evitar una derrota aún mayor en el recinto.

El punto más controvertido de la iniciativa eliminaba las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, una modificación que generó un fuerte rechazo en provincias con importantes extensiones de territorio, recursos hídricos, yacimientos minerales y zonas de frontera.

Uno de los primeros en marcar diferencias fue el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien manifestó públicamente que no acompañaría ninguna reforma que facilitara la extranjerización de las tierras y defendió la necesidad de preservar esos recursos en manos de argentinos. Su postura impactó directamente sobre la posición de la senadora Julieta Corroza, cuyo respaldo era considerado clave por la Casa Rosada.

También el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza votarían en contra de la iniciativa. En la misma línea, el mandatario misionero Hugo Passalacqua ratificó que su provincia defendería sus recursos estratégicos y rechazó cualquier modificación que facilitara la compra de tierras por parte de extranjeros.

El oficialismo también perdió el respaldo de legisladores que hasta último momento mantenían una posición indefinida. Los senadores radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger confirmaron su rechazo al proyecto, al igual que José María Carambia, de Santa Cruz, y Flavia Royón, de Salta, dejando al Gobierno sin margen para sostener el capítulo cuestionado.

La acumulación de rechazos dejó expuesta la fragilidad política del oficialismo, que debió resignar uno de los ejes centrales de la iniciativa para intentar salvar el resto del proyecto.

La decisión representa un retroceso para la estrategia impulsada por el presidente Javier Milei, que promovía una reforma orientada a eliminar límites considerados por el Gobierno como obstáculos para las inversiones, pero que desde la oposición y distintos gobiernos provinciales fue interpretada como un intento de facilitar la entrega de tierras estratégicas y avanzar sobre un régimen de protección vinculado a la soberanía nacional.

Aunque el Ejecutivo retiró el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, la discusión dejó al descubierto las dificultades del Gobierno para construir mayorías legislativas y evidenció el rechazo que generó una propuesta que numerosos sectores consideraron lesiva para el control nacional sobre el territorio y los recursos naturales.