Luego de que el oficialismo retirara del proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" el capítulo que habilitaba una mayor apertura a la compra de tierras por parte de extranjeros, el bloque de Unión por la Patria concentró su estrategia en el Senado para impedir que prosperen las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La principal preocupación de la bancada opositora pasa por la eliminación de las restricciones que actualmente impiden modificar el uso del suelo, vender o subdividir tierras afectadas por incendios durante períodos de entre 30 y 60 años, una herramienta incorporada para desalentar maniobras especulativas sobre terrenos devastados por el fuego.

En ese contexto, el peronismo considera que el retroceso del Gobierno en el capítulo referido a la venta de tierras fortaleció las posibilidades de construir una nueva mayoría para rechazar los cambios a la normativa ambiental. A esa expectativa se suma la movilización convocada para este jueves frente al Congreso, que podría influir en el posicionamiento de algunos legisladores que aún no definieron su voto.

"Nosotros sufrimos el año pasado la pérdida de 60 mil hectáreas incendiadas. Hay una herramienta fundamental para evitar la especulación inmobiliaria sobre esos territorios quemados que mañana la quieren eliminar", sostuvo la senadora rionegrina Ana Marks.

La Ley de Manejo del Fuego fue modificada en 2020, a partir de una iniciativa presentada por Máximo Kirchner, y estableció que las tierras afectadas por incendios no pueden cambiar su destino durante períodos de hasta 60 años, con el objetivo de favorecer la recuperación de los ecosistemas y evitar que los incendios sean utilizados para promover desarrollos inmobiliarios o agropecuarios.

Desde la oposición sostienen que esa protección resulta clave luego de los numerosos incendios forestales registrados en distintas provincias durante los últimos años, muchos de ellos atravesados por sospechas de haber sido provocados de manera intencional para facilitar negocios sobre los terrenos afectados.

La senadora Juliana Di Tullio calificó como "Una gran victoria del pueblo argentino y una gran derrota del Gobierno" la decisión del oficialismo de retirar el capítulo vinculado con la venta de tierras a extranjeros, luego de que gobernadores y legisladores de bloques dialoguistas manifestaran su rechazo a esa iniciativa.

Sin embargo, en Unión por la Patria reconocen que otros aspectos del proyecto oficial continúan generando diferencias, aunque consideran más difícil reunir una mayoría para rechazarlos.

Entre ellos se encuentra el capítulo que modifica el régimen de desalojos, al permitir procedimientos más rápidos frente al incumplimiento del pago de alquileres, y la reforma al sistema de expropiaciones, que incorpora el pago del lucro cesante como parte de las indemnizaciones, elevando el costo para el Estado.

En el bloque opositor admiten que, en ambos casos, las bancadas dialoguistas mantienen una posición favorable al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, lo que dificulta revertir esos artículos durante el tratamiento en el recinto.

Las mayores expectativas, en cambio, están puestas en la discusión sobre la Ley de Manejo del Fuego, especialmente por la posición anticipada de senadores de provincias como Córdoba y Chubut, que también fueron afectadas por incendios de gran magnitud y manifestaron reparos frente a la modificación propuesta.

En ese escenario, Unión por la Patria busca sumar el respaldo de legisladores de otras provincias patagónicas y del norte argentino, regiones que también enfrentan periódicamente incendios forestales. Según estimaciones del bloque, hasta el inicio de la sesión contaban con alrededor de 31 votos para rechazar ese capítulo y continuaban negociando adhesiones.

La sesión está prevista para las 14 y comenzará con la definición sobre la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y del senador radical Flavio Fama, quienes solicitaron intervenir de manera virtual por cuestiones de salud. Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó esa modalidad, dejó la decisión final en manos del pleno del Senado.

En paralelo, Di Tullio presentó una impugnación por presunto conflicto de intereses contra el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, luego de que trascendiera que posee un emprendimiento vinculado con la comercialización de tierras destinadas a compradores extranjeros.

Mientras tanto, fuera del recinto, organizaciones sindicales, movimientos sociales y partidos políticos mantendrán la movilización convocada frente al Congreso con la expectativa de reforzar la presión sobre el debate parlamentario y favorecer que el oficialismo deba resignar otro de los capítulos centrales de su iniciativa.