El Gobierno de Javier Milei enfrenta una semana clave en el Senado. Sin los votos suficientes para garantizar el tratamiento y la aprobación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Casa Rosada concentra sus esfuerzos en un puñado de senadores que todavía no definieron su posición y que podrían inclinar la balanza a favor de una iniciativa cuestionada por organizaciones sociales, ambientales y especialistas por considerar que facilita la entrega del territorio nacional a capitales extranjeros.

El oficialismo necesita reunir al menos 37 votos, la mitad más uno de los integrantes de la Cámara alta, tanto para alcanzar el quórum como para aprobar el proyecto. Según el poroteo que realizan distintos sectores políticos, La Libertad Avanza contaría con un piso cercano a los 34 senadores entre propios, aliados y bloques provinciales, por lo que depende de convencer a tres o más legisladores que aún permanecen indecisos.

Desde la oposición sostienen que el proyecto elimina las principales herramientas que limitan la extranjerización de las tierras rurales y fortalece la posición de grandes inversores sobre zonas estratégicas del país, incluidas áreas de frontera, regiones con importantes reservas de agua dulce y territorios con alto valor minero y energético.

Entre los nombres que aparecen como determinantes figuran los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia. Ambos se encuentran atravesados por las diferencias internas del espacio político provincial: mientras el gobernador Hugo Passalacqua manifestó reparos frente a la iniciativa, el conductor del espacio, Carlos Rovira, mantiene una posición más cercana al Gobierno nacional.

También permanecen bajo la lupa los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, vinculados al gobernador Claudio Vidal. Aunque el mandatario acompañó varias iniciativas oficiales, en otras oportunidades dividió el voto de sus representantes y ahora enfrenta fuertes cuestionamientos internos por el impacto que podría tener la norma en una provincia donde una importante superficie ya pertenece a propietarios extranjeros.

Otro de los nombres que sigue de cerca la Casa Rosada es el de la senadora chubutense Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut, alineada con el gobernador Ignacio Torres. La Patagonia es considerada una de las regiones más sensibles frente al debate por la propiedad de la tierra debido al creciente interés de grandes inversores internacionales sobre extensas superficies.

En la lista de legisladores que todavía no definieron públicamente su voto también aparecen el correntino Carlos "Camau" Espínola, integrante del bloque Provincias Unidas, y los radicales Daniel Kroneberger, por La Pampa, y Flavio Fama, por Catamarca.

Del otro lado, el rechazo al proyecto ya fue anticipado por el bloque de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans, por Convicción Federal y por algunos legisladores que habitualmente acompañan iniciativas del oficialismo, como el radical bonaerense Maximiliano Abad y la cordobesa Alejandra Vigo, quienes en esta oportunidad adelantaron que no respaldarán la propuesta.

El debate trasciende la discusión jurídica sobre la propiedad privada. Para organizaciones ambientales, de derechos humanos y especialistas en políticas territoriales, la iniciativa representa un cambio estructural en la legislación vigente porque reduce la capacidad del Estado para regular el acceso a la tierra y proteger recursos estratégicos.

Con un escenario de máxima paridad, la decisión de los senadores que todavía no definieron su postura será determinante. De esos votos dependerá si el Senado habilita un proyecto que, para sus críticos, consolida un proceso de extranjerización de tierras y recursos naturales, mientras que el Gobierno lo presenta como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones.