La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner inició una nueva estrategia judicial en el ámbito internacional para intentar revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos derivada de la condena en la causa Vialidad. A través de un equipo de abogados argentinos, brasileños y españoles, presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La presentación fue anunciada este miércoles por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes explicaron que el recurso fue elevado luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, agotando las instancias judiciales disponibles en la Argentina.

Entre los principales pedidos, la defensa solicitó que el Comité disponga la suspensión de la inhabilitación para que la exmandataria pueda volver a presentarse como candidata en futuras elecciones, además de revisar las condiciones de su prisión domiciliaria y requerir que la Corte Suprema vuelva a estar integrada por los cinco miembros que establece la ley.

Según explicaron los representantes legales, el planteo también busca que el organismo internacional analice la legalidad del proceso judicial que culminó con la condena por la causa Vialidad, al sostener que existieron irregularidades y que se vulneraron garantías fundamentales durante el juicio.

En una carta difundida antes de la conferencia de prensa, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación perpetua constituye la verdadera sanción central de la condena y sostuvo que busca impedir que una parte del electorado pueda volver a elegir el proyecto político que representa.

Durante la presentación, el jurista brasileño Rafael Valim señaló que el reclamo no constituye una acción contra el Estado argentino, sino el uso de un mecanismo previsto por los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. Además, sostuvo que las decisiones del Comité de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los Estados parte.

Por su parte, el abogado español Javier Borrego aseguró que la presentación denuncia presuntas irregularidades en el proceso judicial y cuestionó el tratamiento que recibió la expresidenta durante la investigación y el juicio, al considerar que existieron elementos de persecución política y de discriminación por su condición de mujer.

La defensa también argumentó que las restricciones impuestas durante la prisión domiciliaria, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, deben ser revisadas por el organismo internacional.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU podrá analizar el pedido de medidas cautelares mientras estudia el fondo de la denuncia, aunque una resolución definitiva podría demandar varios años. Entretanto, la condena por la causa Vialidad y la inhabilitación para ejercer cargos públicos continúan vigentes en la Argentina.