La Cámara de Diputados aprobó el proyecto denominado “super RIGI”, autorizó el pago de 171 millones de dólares a dos grupos de acreedores externos y rechazó dos intentos de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una extensa sesión en la que el oficialismo volvió a apoyarse en bloques aliados.

El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones, por lo que ahora deberá ser tratado por el Senado.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo amplía los beneficios destinados a captar inversiones y otorga prioridad a las denominadas “nuevas actividades económicas”, especialmente aquellas relacionadas con la tecnología, los servicios digitales y la infraestructura estratégica.

El proyecto define a esas actividades como “todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación”.

El oficialismo defendió la propuesta al considerar que permitirá mejorar la competitividad de la Argentina frente a otros países y ofrecer condiciones de previsibilidad para el ingreso de capitales extranjeros.

“El capital no tiene patria, competimos con otros mercados y va donde hay otros negocios y seguridad institucional y no políticos como ustedes”, expresó el diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al responder los cuestionamientos formulados desde Unión por la Patria.

La oposición advirtió que el régimen podría profundizar las ventajas para las grandes compañías sin garantizar beneficios equivalentes para la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas o los sectores con una utilización intensiva de mano de obra.

El diputado de Unión por la Patria Mario Manrique sostuvo que el proyecto de “super RIGI” “le está diciendo a la industria nacional que se joda y a los laburantes argentinos que se van a quedar sin trabajo”.

Manrique también aseguró que la propuesta enviada por la Casa Rosada “choca con la Constitución en diez articulos”, al cuestionar los beneficios y las garantías ofrecidas a los grandes inversores.

El diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto afirmó que el proyecto “no es una buena ley” y consideró que el Congreso estaba concediendo garantías excesivas a inversiones que podrían concretarse incluso sin los incentivos previstos.

“Estamos dando garantías extremas a negocios que iban a ser inversiones por sí mismo”, señaló Pichetto, quien reconoció que la propuesta podía tener “un fin bastante loable”, pero advirtió que avanzaba “a costa de concentrar los incentivos en sectores de capital intensivo, pero sin compensación para los de trabajo intensivo”.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro afirmó que “claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica”.

Thiel es uno de los fundadores de Palantir, una empresa estadounidense especializada en el análisis de datos y el desarrollo de sistemas tecnológicos aplicados, entre otras áreas, a la defensa y la seguridad.

La Cámara baja también convirtió en ley la autorización para concretar pagos por un total de 171 millones de dólares a Bainbridge Limited y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

Los acuerdos fueron aprobados con 139 votos afirmativos y 97 negativos. El rechazo estuvo concentrado en Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, legisladores de Elijo Catamarca y los bloques unipersonales de Primero San Luis y Coherencia.

Benegas Lynch sostuvo que la aprobación permitiría resolver un conflicto que afectaba la credibilidad internacional de la Argentina y destacó las condiciones alcanzadas durante las negociaciones con los acreedores.

“Tenemos la posibilidad de cerrar esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito”, afirmó el legislador libertario.

El diputado también aseguró que existió una “ardua y dificil negociación”, señaló que se acordó una quita del 30 por ciento y destacó que la Argentina quedaría eximida del pago de honorarios legales.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó los argumentos utilizados por los integrantes del oficialismo y advirtió que sus declaraciones podrían ser empleadas en futuros litigios contra el Estado nacional.

“Van a usar los textuales de ustedes para litigar con el Estado argentinos. Burradas dijeron”, manifestó Martínez, quien también cuestionó que el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza tuviera solamente nueve líneas.

La diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley afirmó que el Congreso no contaba con la información necesaria para evaluar los acuerdos y sostuvo que no estaba demostrada la conveniencia económica de los pagos.

“Carecemos de información necesaria”, indicó Siley, y agregó: “No sabemos el número de ganancia porque no hay quita respecto a lo adquirido, porque no hay una sentencia”.

Pichetto también votó en contra de la autorización al considerar que la iniciativa no especificaba de qué partida presupuestaria saldrían los recursos.

El legislador comparó esa situación con los argumentos utilizados por el presidente Javier Milei para vetar la Ley de Financiamiento Universitario, al señalar que en ese caso el Gobierno había cuestionado la falta de una fuente suficiente para cubrir el aumento del gasto.

“El proyecto incumpliría el artículo 38 de la ley 24.156, en los mismos términos que motivaron el veto con la ley de Financiamiento Universitario, con el agravante que en aquel caso existía una fuente mencionada, aunque el Ejecutivo la justificó de insuficiente. En este proyecto no se identifica fuente alguna, por este motivo voy a votar en contra de este proyecto”, explicó Pichetto.

Antes de avanzar con el tratamiento de las iniciativas económicas, La Libertad Avanza y sus aliados rechazaron dos pedidos para debatir sobre tablas la interpelación de Adorni.

Las mociones fueron impulsadas por la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Myriam Bregman y por Ferraro, quienes reclamaron que el jefe de Gabinete concurriera al Congreso para brindar explicaciones sobre su situación patrimonial.

“Ayer no había ninguno, hoy llegaron con cara de distraidos, haciendose el distraido, hablando por teléfono”, expresó Bregman al cuestionar a los legisladores aliados que no habían participado de la sesión especial convocada por la oposición durante la jornada anterior.

La propuesta presentada por Ferraro obtuvo 122 votos afirmativos y 108 negativos, pero no alcanzó la mayoría requerida para habilitar su tratamiento sobre tablas. El pedido de Bregman reunió 104 votos favorables y 125 rechazos.

La Libertad Avanza consiguió el respaldo de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz, Independencia y Producción y Trabajo.

Los bloques Independencia y Producción y Trabajo responden a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de San Juan, Marcelo Orrego, respectivamente.

Provincias Unidas registró varias ausencias durante las votaciones, mientras que Innovación Federal, espacio que reúne a legisladores vinculados con distintos gobiernos provinciales, mostró posiciones divididas.

A diferencia de la iniciativa de Bregman, el pedido formulado por Ferraro recibió el acompañamiento del PRO.

El diputado de la Coalición Cívica afirmó que “la mayoría del pueblo argentino y este Congreso le ha quitado la confianza para que ejerza el cargo de Jefe de Gabinete de la Nación”.

“Su situación es insostenible y nosotros tenemos tomar una decisión”, añadió Ferraro al fundamentar la necesidad de que el funcionario concurriera al recinto.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, calificó como un “show” la sesión especial impulsada el día anterior y defendió la ausencia de su bancada.

“Hoy queda demostrado que la ausencia de la sesión, a la que no fuimos invitados, el quorum le corresponde a quien convoca la sesión”, sostuvo Ritondo.

Desde su banca, Martínez respondió: “Nadie te pide tanto, Cristian”.

El rechazo de las mociones representó un nuevo respaldo parlamentario para Adorni, quien enfrenta cuestionamientos opositores por su incremento patrimonial y por la información que brindó ante el Congreso.

Durante la sesión también fueron aprobados por unanimidad cuatro convenios internacionales que ya contaban con media sanción del Senado.

Dos de los acuerdos, firmados con Suiza y San Marino, están vinculados con la seguridad social. Otro convenio celebrado con Italia está destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El cuarto entendimiento fue firmado con Francia y busca evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

La jornada también incluyó la asunción del pampeano Martín Matzkin como reemplazante de Adrián Ravier, designado para ocupar la vocería presidencial.

Antes del comienzo de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentaba reunir a los legisladores necesarios para completar el quórum cuando su micrófono quedó abierto.

“¡Adrián, Adrián! Ravier, Ravier! ¡Dale loco, la puta madre!”, se escuchó decir a Menem mientras reclamaba la presencia del legislador libertario.

Según fuentes parlamentarias, Ravier se había retirado momentáneamente del recinto para saludar a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien había concurrido para presenciar la jura de Matzkin.

El nuevo diputado mantiene una relación política con Bullrich, quien sumó así un dirigente cercano dentro del bloque oficialista de la Cámara baja.

Con la aprobación del “super RIGI” y de los acuerdos con los acreedores, el Gobierno consiguió avanzar con dos de sus principales objetivos legislativos. Al mismo tiempo, volvió a reunir a sus aliados para impedir que prosperaran los pedidos opositores contra Adorni, en otra demostración del papel decisivo que mantienen los bloques dialoguistas dentro del Congreso.